¿IFE juarista?
Los principales medios electrónicos no han cesado ni un minuto en su cínico desafío a la reforma electoral. Primero tomaron el Senado de la República durante la discusión de la reforma constitucional, luego buscaron echar abajo los cambios a la Carta Magna con un simulado “referendo por la libertad”, después quisieron desacreditar las reformas al hacer sándwich los anuncios del Senado que difundían su contenido, y posteriormente presentaron amparos para evitar que las nuevas disposiciones entraran en vigor. Ahora las grandes televisoras una vez más demuestran su falta de respeto por el estado de derecho al negarse a cumplir con el mandato constitucional de transmitir los mensajes del IFE y los partidos políticos durante los tiempos oficiales.
Hoy, lunes 24 de marzo, el “nuevo” Instituto Federal Electoral (IFE) enfrenta una prueba de fuego que definirá su futuro. A las seis de la tarde los consejeros se reunirán con representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y la Secretaría de Gobernación con objeto de llegar a un acuerdo respecto a los anuncios de los partidos políticos. La CIRT busca renegociar los horarios para las transmisiones de los espots. Los concesionarios argumentan que el IFE no cuenta con la facultad de obligarlos a difundir los mensajes durante los tiempos de mayor audiencia. Los empresarios creen que tienen la libertad para transmitir los anuncios en los horarios menos atendidos.
En la reunión de hoy, Leonardo Valdés y los consejeros electorales tendrán que decidir entre ceder a los chantajes de las televisoras o defender la institucionalidad del país. La norma es de claridad indiscutible.
El artículo 41, base III, apartado A, inciso g) de la Constitución anuncia que las transmisiones de los mensajes en tiempos oficiales durante periodos no electorales “se harán en el horario que determine el Instituto”. El artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) remata que el IFE fijará “para cada mensaje la estación o canal, así como el día y hora en que deban transmitirse” y que “los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales”.
Las televisoras están obligadas por ley a acatar la decisión de la autoridad electoral. Si el IFE cede a la presión de Televisa, Tv Azteca y Grupo Imagen dará un preocupante mensaje de debilidad ante los poderes fácticos. Así, se consumaría el tercer gran fracaso del “nuevo” Consejo General. Primero dio una clara señal de impunidad para los partidos políticos con el carpetazo a la fiscalización de los espots de las elecciones de 2006. Segundo, cedió al chantaje de los gobernantes al diluir el acuerdo con respecto a la propaganda institucional de las autoridades públicas del país. Finalmente, dejaría la cancha abierta a los principales medios de comunicación electrónica para mangonear y enmendarle la plana al IFE a su antojo.
“Quien ignora la ley y las instituciones de la República ofende la memoria de Benito Juárez,” sentenció Felipe Calderón el pasado 21 de marzo. “Siendo gobernador de Oaxaca, Benito Juárez se opuso al caudillismo de Santa Anna, argumentando que un sistema democrático y eminentemente liberal –como el que nos rige– tiene por base esencial la observancia estricta de la ley; ni el capricho de un hombre solo ni el interés de ciertos grupos de la sociedad forman su esencia.”
Con este discurso Calderón evidentemente buscó hacer referencia a Andrés Manuel López Obrador y su molesta tendencia a señalar la disfuncionalidad de las instituciones y las autoridades realmente existentes del país. Pero no son las críticas de López Obrador, sino las actitudes francamente golpistas de los medios de comunicación las que amenazan la vigencia del estado de derecho.
Leonardo Valdés ha justificado el inmerecido aumento de 20 por ciento a los salarios de los consejeros electorales con base en la necesidad de acatar la disposición constitucional de que sus salarios sean “iguales” a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como bien ha señalado Eduardo Huchim (Reforma, 21/3/08), ojalá que en este otro caso el consejero presidente también se acuerde de su compromiso con el cumplimiento estricto de la Carta Magna.
Ésta es apenas la primera de innumerables batallas que el IFE tendrá que librar con los medios de comunicación para hacer valer la reforma electoral. Televisa y Tv Azteca han demostrado que no se detendrán ante nada en la defensa de sus intereses y privilegios.
¿El “nuevo” IFE tendrá la madera para defender el legado de Juárez e imponer el estado de derecho, cueste lo que cueste?