■ “Continuaremos la huelga de hambre hasta obtener la libertad”
Fabricó la Opddic cargos, acusan los indígenas presos en Catazajá
Playas de Catazajá, Chis. 23 de marzo. Al tiempo que los presos de la Voz del Amate, adherentes de la otra campaña, cumplieron 27 días en huelga de hambre en el penal de Cintalapa, los reclusos en Playas de Catazajá suman 12 días en la protesta y enviaron una nueva carta al gobernador Juan Sabines, donde reiteran sus exigencias de libertad y le notifican las precarias condiciones de salud de dos de sus compañeros, uno de los cuales se vio obligado a suspender el ayuno, como ya se informó aquí.
Expresan al mandatario: “Nos dirigimos a usted con el debido respeto. Somos 11 personas recluidas en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cereso) número 17, de Playas de Catazajá. El 9 de marzo empezamos una huelga de hambre. Estamos pidiendo nuestra libertad. Llevamos un año y ocho meses presos por un delito que no cometimos; todo está fabricado por el ex diputado Pedro Chulín Jiménez, de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y su grupo del ejido Busiljá”.
Informan que dos huelguistas “se encuentran delicados de salud”. Felipe Sánchez Gómez, quien padece anemia, “ha estado teniendo mareos, vómitos y otros síntomas”. El otro, Pablo Gutiérrez Hernández, con una bala alojada en la cabeza, debió suspender la protesta. Piden al gobernador: “escuche nuestra voz. Somos originarios del ejido Busiljá, que por ningún motivo dejaremos la huelga de hambre hasta que nos dé nuestra libertad”.
Firman la misiva Pablo Sánchez Gómez, Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Esteban Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez.
Por su parte, los miembros de la Voz de los Llanos, también de la otra campaña, cumplieron 20 días en huelga de hambre. Hasta el momento, el gobierno ha liberado sólo al catequista Zacario Hernández, por quien intecedieron cuatro obispos y decenas de organizaciones. A los otros 47 indígenas la Secretaría de Gobierno ofreció “revisar 360 solicitudes” en un plazo “no mayor a 30 días”, de los cuales ya transcurrió un semana completa.
“Recordemos que la justicia que llega tarde no es justicia, ya que tal propuesta es inadecuada e ignora completamente la situación”, manifestó al respecto la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en un mensaje al presidente Felipe Calderón y a las autoridades chiapanecas, solicitando su “urgente intervención ante la grave situación de riesgo de vida e integridad personal de los presos políticos y de conciencia” en los Ceresos 5, 14 y 17 del estado.