■ Las autoridades son omisas por falta de instrucciones del titular de la secretaría
Sin agenda y sin brújula, Gobernación espera que se pudra el conflicto zapatista
■ Diágnosticos no atendidos de la dependencia señalan la necesidad de actuar ya en Chiapas
Ampliar la imagen
En imagen de archivo, comandantes zapatistas rinden honores a la Bandera Nacional
Foto: Víctor Camacho
A 14 años del levantamiento zapatista, la Secretaría de Gobernación (SG) permanece deliberadamente al margen de los problemas derivados de ese movimiento armado, especialmente en lo relativo a conflictos territoriales entre bases del EZLN y organizaciones antagónicas, aun cuando al zanjar disputas haya muertos o heridos.
Los analistas y enviados de la SG han dado puntual seguimiento a los asuntos, pero se ven impedidos a intervenir en la solución de los problemas porque no han recibido instrucciones del titular de la dependencia.
“Esta representación (Subsecretaría de Gobierno) ha dado puntual seguimiento informativo al problema, sin participar en su solución, dado que no se han recibido instrucciones de oficinas centrales”, se precisa en un documento interno de Gobernación titulado “Conflictos en Chiapas”.
Tampoco hay “instrucciones precisas” de la oficina que encabeza Juan Camilo Mouriño para resolver el conflicto en la región de los Chimalapas, donde han ocurrido conflictos agrarios (en una superficie de 186 mil hectáreas) entre habitantes de Chiapas y Oaxaca debido a la indefinición de límites entre ambas entidades.
En su informe de labores de 2007, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, sostuvo que son los zapatistas quienes se niegan a dialogar, pese a la existencia de una coordinación oficial para negociar.
“Durante los recorridos de trabajo por la zona de conflicto se coincidió con bases de apoyo zapatista y mandos del grupo armado. La posición expresada por éstos fue de oposición a la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal”, aseguró el entonces responsable de la política interior, al dar a conocer acciones correspondientes a los primeros ocho meses del gobierno calderonista.
Actualmente hay al menos cuatro “conflictos” en Chiapas que llaman la atención de los enviados del gobierno federal, pero –como se expuso líneas arriba– se quedan en la etapa de análisis y seguimiento de información, ante la falta de instrucciones de los máximos funcionarios de las dependencia.
En particular destaca la problemática en torno a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), un grupo integrada por militantes priístas, cuya estrategia es recuperar predios invadidos por el EZLN, “creando escenarios de confrontaciones y divisiones en la región”, según análisis de Gobernación.
En febrero pasado fueron puestos en libertad, por instrucción de un juez federal, los líderes de esa agrupación.
El gobierno estatal, encabezado por Juan Sabines, ha hablado con diferentes sectores de esa organización para que se integren a otros grupos que ya cuentan con beneficios proporcionados por la Secretaría del Campo (estatal), estrategia del gobernador (quien llegó al poder postulado por el PRD) que ha resultado en el deslinde público de ciudadanos con respecto de la Opddic y la entrega de armas.
En el documento interno Gobernación admite que los conflictos entre la Opddic y las bases zapatistas han sido recurrentes desde 2005, principalmente por la disputa de predios, “sin que hasta el momento se haya concretado algún desalojo, pero sí provocando muertos y heridos”.
Los analistas de la Subsecretaría de Gobierno han advertido que “se torna indispensable que se encuentren mecanismos que atiendan estas confrontaciones”, porque la organización referida se encuentra en crisis y han comenzado las deserciones, como ocurrió en la comunidad Monte Líbano, municipio de Ocosingo, donde “más de 2 mil integrantes se deslindaron de la Opddic y se adhirieron a la CNC”.
En el conflicto del ejido Cascadas de Agua Azul, en marzo de 2003, bases de apoyo zapatistas y de la autoridad autónoma se posesionaron de 20 hectáreas en las que construyeron 17 casas de madera. En el primer trimestre de este año fue ratificado el acuerdo para abandonar ese predio. En este caso, la Subsecretaría de Gobierno señala que no es conveniente la intervención directa de Gobernación, sino realizar gestiones con la Secretaría del Medio Ambiente y el gobierno estatal.
En otro asunto, en la comunidad San José Majomut, precisa que en 1995 fueron legalizadas 68 hectáreas en favor de habitantes del municipio de Chenalhó, pero un año después bases zapatistas de Polhó invadieron 40 hectáreas que actualmente tienen en su posesión.
El estudio elaborado por Gobernación añade que el presidente municipal priísta de Chenalhó solicitó la intervención del gobierno de Sabines, cuyo equipo estableció una mesa de trabajo en febrero pasado, con 120 agentes municipales.