■ Violaron la veda, según autoridades; “injusticia atroz”: senador
Amagan con diez años de prisión a dos nayaritas por capturar 3 kilos de camarón
Tuxpan, Nay., 15 de marzo. Las comerciantes ambulantes María Bárbara Carabantes López y Carla Sandoval Olivarría se hallan encarceladas desde el 22 de noviembre de 2007, luego de que inspectores federales les confiscaron tres kilos de camarón que capturaron pese a la veda; y “con la misma injusticia atroz” un juez federal está a punto de condenarlas a 10 años de prisión, denunció hoy el senador perredista, Javier Castellón Fonseca.
“Éste es el clásico caso que muestra lo injusto de nuestro sistema judicial, que juzga severamente a quien trasgrede la ley por hambre y no tiene dinero para comprar su libertad, y deja libre e impunes a delincuentes de cuello blanco o aquellos que se dedican a actividades ilícitas y son protegidos al amparo del poder”, dijo el legislador, tras reunirse con familiares de las mujeres detenidas.
Estos últimos –narró Castellón– señalaron que el decomiso del producto fue realizado en esta cabecera municipal por inspectores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y “ellas (Bárbara y Carla) lo reclamaron, pues era lo único que tenían para vender en su puesto de mariscos, dada su mala situación económica. En ese momento les giraron orden de aprehensión y las recluyeron en el Centro de Readaptación Social de Tepic”.
“Trato despótico en el MP”
Agregó que los familiares denunciaron trato despótico y autoritario del agente del Ministerio Público y los de la AFI, que se han ensañado con las vendedoras.
“Es injusto, pues todos sabemos que se sigue vendiendo camarón abiertamente tanto aquí en Tuxpan como en el municipio de Santiago Ixcuintla, que hay funcionarios que sacan camionetas completas y nadie los molesta, en cambio a la gente pobre por tres kilos de camarón la tratan como si fueran delincuentes peligrosas”.
Castellón Fonseca indicó que se comprometió a llevar este caso a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Rosario Ibarra, y “denunciar la barbaridad que se está cometiendo”. Añadió que “ojala los jueces federales, que ya han soltado gente peligrosa, consideren las atenuantes de esta gente pobre, pues se está generando mucha inconformidad por la evidente desigualdad en el trato de los presuntos delincuentes”.