■ Revisará en 30 días expediente de reclusos en huelga de hambre

Burla, la respuesta del gobierno de Chiapas, dicen reos en ayuno

■ Marchan tzotziles al penal de El Amate para pedir su liberación

Hermann Bellinghausen (Enviado)

El Amate, Chis. 15 de marzo. En respuesta a la declaración oficial de que en Chiapas no “hay presos políticos”, los cinco grupos de reclusos en huelga de hambre en este penal reiteraron hoy en un escrito: “somos presos políticos, porque nuestra detención y encarcelamiento provienen de una práctica de represión del movimiento social, tanto a organizaciones sociales como al mismo EZLN”.

En su réplica al boletín del gobierno de Chiapas que les niega motivos para su protesta, manifiestan: “Puesto que somos miembros de organizaciones sociales, hemos sido involucrados en delitos comunes y graves; es claro que no nos acusan de sedición, motín o conspiración, sino de homicidio, secuestro o terrorismo, para que bajo ese supuesto se puedan cubrir con el manto de la ley todas sus persecuciones políticas”. Consideran “una burla” la respuesta del gobierno estatal a su exigencia de libertad y justicia.

Simultáneamente, esta tarde llegó hasta la cárcel estatal, en el municipio Cintalapa de Figueroa, una procesión indígena de Pueblo Creyente que congregó a más de medio millar de tzotziles que salieron por la mañana desde Bochil. Gritando consignas como “Creyentes, unidos, jamás serán vencidos”, o “se ve, se siente, Cristo está presente”, demandaron la liberación inmediata de Zacario (quien hoy cumple 33 días en huelga de hambre), Enrique y Pascual, todos del paraje Tres Cruces, miembros de dicha organización católica y presos desde hace cinco años por crímenes que no cometieron.

Los hombres y mujeres tzotziles que caminan hacia El Amate desde unos kilómetros atrás con consignas, mantas y plegarias, son recibidos tras las rejas del acceso por decenas de policías con escudos y cascos acrílicos, máscaras antigases, garrotes, granadas de gas y al menos un perro. La procesión-manifestación no pasa de ahí. Y se dispone a una misa frente a la reja. Cantan: “Liberemos a los hombres/del pecado y la opresión/con la fuerza del Señor”.

El sacerdote Joel Padrón, representante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ingresa con algunos delegados de Pueblo Creyente para reunirse con los indígenas en huelga de hambre en el patio del penal. Demasiado lejos de la entrada; el centro penitenciario es inmenso, como para que adentro se escuchen las voces de los tzotziles de los Altos: abejas de Chenalhó, chamulas, parroquias de Huitiupan y Chalchihuitán, pueblos de Zinacantán y El Bosque.

En su pronunciamiento conjunto, los presos en huelga de hambre comentan el anuncio del gobernador Juan Sabines de que “se dará respuesta” a 360 expedientes “solicitados” de revisión, antes de 30 días. La declaración, firmada por Pueblo Creyente, la Voz del Amate, Cioac, MOCRI-CNPA-MN y un grupo que se reivindica como zapatista, expone: “Hablan de una ‘comisión de reconciliación’ que apenas se va a reunir. Es el colmo de la burla. Nuestra demanda de libertad tiene años, y ha sido vigente todo el tiempo del gobierno actual. Es la falta de cumplimiento en los acuerdos lo que nos ha destinado a seguir presos. Hablan de 30 días, lo que es poner en riesgo la vida de los compañeros, principalmente Zacario Hernández, que ha cumplido 33 días de huelga, y está obligado a esperar 60 días”. Mencionan el riesgo de muerte o daños irreversibles para todos.

“Hemos sido testigos de que en los juzgados se pueden acordar sentencias absolutorias en menos de dos semanas cuando los jueces reciben cantidad sorprendente de dinero. Lo mismo con el tribunal de apelaciones contra autos, o bien la sentencia”. Y agregan: “Con dinero baila el perro”.

Acusan al gobierno de querer “alargar” los procedimientos, como si la huelga de hambre pudiera esperar. Revelan que al menos uno de ellos es preso político del actual gobierno: detenido, arraigado, torturado y obligado a declararse culpable en julio de 2007. Llaman a la sociedad civil y al Congreso de la Unión a exigir a autoridades estatales que den respuesta a sus demandas.