Responsabiliza a la legislación anterior y al TEPJF
Valdés elude culpas por el carpetazo sobre espots
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, adjudicó a las deficiencias de la legislación anterior el cierre de las investigaciones de los promocionales no reportados por los partidos. En entrevista, rechazó que haya habido carpetazo pues, según dijo, lo único que hizo el instituto fue acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que había declarado ilegales los procedimientos oficiosos que inició en su momento el IFE.
Interrogado sobre las posibilidades que daba el TEPJF para continuar las investigaciones a partir del cierre de la fiscalización y la propuesta de iniciar nuevos procedimientos oficiosos, Valdés dijo: “Esa es la interpretación del consejero Andrés Albo, pero no de la mayoría de los consejeros”. Insistió en que solamente aplicó la ley, y añadió que el IFE no puede ir más allá de lo que le marca la legislación.
Por otro lado, durante la sesión del Consejo General, el instituto sancionó con multas reducidas al PAN por el uso ilegal del padrón electoral, y a la alianza PRI-PVEM por el proselitismo electoral del entonces gobernador de Tabasco, Manuel Andrade, en favor del candidato presidencial Roberto Madrazo. Tras varias devoluciones de ambos expedientes, el IFE finalmente multó con 455 mil y con 184 mil pesos en cada caso.
Durante la sesión del consejo volvió a mostrarse la división que se comienza a consolidar en el seno del “nuevo IFE”, y al menos tres consejeros cuestionaron la propuesta del presidente, Leonardo Valdés, para designar a Ignacio Ruelas –actual vocal ejecutivo en el Distrito Federal– como nuevo director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral (SPE).
Los consejeros Andrés Albo, Arturo Sánchez y Teresa González Luna argumentaron que habría conflicto de intereses al designar como director del SPE a un miembro del mismo. En respuesta, los consejeros Lourdes López y Marco Antonio Gómez Alcántar señalaron que lejos de ser un “conflicto de intereses”, la designación favorecerá un mejor desempeño en el cargo de Ruelas.
Era apenas el segundo nombramiento realizado por el consejero presidente y de nueva cuenta resultó polémico entre los consejeros. Aunque votó en favor de la designación, Benito Nacif dejó entrever la falta de rumbo y claridad que ha existido en los nombramientos de Valdés: “Era de atender lo que urge, se está descuidando lo importante”.
Nacif añadió que no existe claridad sobre los problemas que se tienen que resolver, los cambios que se pretenden impulsar y posteriormente el perfil ideal de quienes deben ser designados. “El riesgo que estamos corriendo –reprochó– al saltarnos el primer paso, es que no está quedando claro qué esperamos de las personas nombradas, ¿qué cuentas les vamos a pedir?”
Por otro lado, trascendió que el nombramiento de Néstor Martínez como coordinador de comunicación social fue retirado finalmente a instancias del propio Martínez, ante las interpretaciones de un requisito de temporalidad en el título profesional. Sin embargo, la designación no ha sido descartada y podría concretarse posteriormente, una vez realizadas adecuaciones reglamentarias.
Critican procesamiento del acuerdo de publicidad
La prórroga en la aprobación de los criterios para regular la publicidad gubernamental y de legisladores continúa complicándose ante el procesamiento que le ha dado Valdés. Una tarjeta informativa remitida por su secretario particular provocó reacciones de molestia en los partidos: no es por la vía epistolar como se resuelve este asunto fundamental, le mandó decir el panista Roberto Gil; no es a través de su secretario particular como debe comunicarse con “los pares en el consejo”, le reprochó Miguel Angel Jiménez, de Nueva Alianza.
Valdés defendió su postura al considerar que si postergó la aprobación del documento promovido por cuatro consejeros, lo hizo en razón de valorar la necesidad de que todos los miembros del consejo –incluidos los representantes partidistas– fueran corresponsables de la definición de dichos criterios.
–¿No hay vacío legal?
–Si hubiere vacío legal a quien corresponde llenarlo es al Poder Legislativo. Es necesario tomar en cuenta que el IFE no es un órgano legislativo, no puede aprobar una ley secundaria sino que, en el ámbito de su competencia, conoce de quejas que se presentan y las debe resolver. El acuerdo que se va a aprobar nos dará los elementos para resolver estas quejas, pero nosotros no podemos legislar, es una responsabilidad exclusiva del Legislativo.
El consejero explicó que la “tarjeta informativa” les fue remitida por Carlos Mauricio Montes, su secretario particular, “producto de la imposibilidad –por la apretada agenda que tengo con los medios– de comunicarme personalmente con todos los representantes de los partidos y los consejeros del Legislativo”.