El inmueble fue donado a Nafin; se pedía una “rápida intervención” para restaurarlo

El INAH advirtió en 1994 que el predio de Regina 97 estaba en ruinas

El dueño del terreno obtiene un amparo definitivo; deberá ser indemnizado por las autoridades

Ángel Bolaños Sánchez

El Gobierno del Distrito Federal, conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), prepara un paquete de acciones respecto de los predios expropiados para la reubicación de vendedores ambulantes del perímetro “A”, del Centro Histórico, luego de las denuncias que presentó la dependencia federal por la demolición de al menos dos inmuebles que estaban catalogados como patrimonio histórico, los cuales, sin embargo, se encontraban en condiciones ruinosas. Dichas acciones se darán a conocer en breve.

Destaca el caso del predio ubicado en el número 97 de la calle Regina, actualmente ocupado por comerciantes, cuyo inmueble fue demolido por la Secretaría de Obras y Servicios (SOS) del Gobierno capitalino, sin la autorización correspondiente del instituto.

Sobre este predio pesa además una suspensión definitiva contra el decreto de expropiación concedida al propietario por un juez federal, por lo que el gobierno de la ciudad deberá devolver o en su caso pagar la indemnización correspondiente, situación que a decir de funcionarios del gobierno consultados, está también en vías de resolverse.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, emitió el decreto de expropiación del inmueble el 3 de julio de 2007 como parte de las acciones para desalojar al comercio informal de las calles del Centro Histórico; el propietario, Emiliano Reyes Martínez, se amparó contra el acto del Ejecutivo local y obtuvo una suspensión el 13 de noviembre.

Dicha propiedad colinda con la escuela secundaria número uno, César Ruiz, y con una plaza comercial privada, Plaza Regina, que hace esquina con la avenida José María Pino Suárez, y muy próxima está también la Plaza Comercial Mesones, especializada en artículos de papelería.

Vecinos refieren que el inmueble –una construcción del siglo XVIII, conocida como Casa de los Camilos o de Las Calderas–, se encontraba abandonado y en condiciones ruinosas; el techo se había venido abajo y se instalaron láminas de asbesto que tampoco estaban en buenas condiciones.

Ya desde 1994 el INAH había advertido al propietario del inmueble sobre las condiciones de riesgo en que se encontraba el edificio, por lo que pedía una rápida intervención, la cual, sin embargo, jamás se realizó hasta la fecha en que fue demolido, en octubre pasado.

En un oficio de la Dirección de Licencias, Inspecciones y Registros del INAH, de fecha 25 de noviembre de 2004, dirigido a Reyes Martínez, se reconoce el “estado de deterioro avanzado” del inmueble.

Tras la demolición, el INAH presentó la denuncia penal hasta el mes de enero, a partir de presiones del diputado de la Asamblea Legislativa Jorge Carlos Díaz Cuervo, del Partido Alternativa Socialdemócrata, quien fue secretario administrativo de la dirección general del instituto hace algunos años.

Considerado como de alto riesgo estructural, el inmueble había sido usado como bodegas de vendedores ambulantes e incluso fue invadido por dos familias, las cuales lo abandonaron luego de inscribirse como beneficiarias del Instituto de Vivienda. Según los datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, hasta el 5 de agosto de 1958 perteneció a Severino Martínez, quien lo vendió a Basilio Landa Calvillo y su sucesor, Manuel Landa, lo donó a la asociación civil Regina 97, la cual a su vez lo donó a Nacional Financiera en 1994, como fiduciaria del Fideicomiso Centro Histórico, hasta diciembre de 1996, fecha en que fue adquirido al fideicomiso por Reyes Martínez. Es decir, en 10 años no se hizo restauración alguna del inmueble.

Un dictamen elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil, en octubre, antes de la demolición, advertía que el inmueble se encontraba en estado ruinoso “debido a la falta de conservación, ausencia total de mantenimiento y al abandono.

“En lo que queda de azotea, el intemperismo, la falta de mantenimiento y el abandono total han afectado de tal manera que se han suscitado derrumbes de la cubierta y del sistema de entrepisos, detectándose grave deterioro del aplanado en muros y crecimiento de vegetación en los mismos. El sistema de entrepisos es inexistente en 90 por ciento, observándose algunas vigas de madera, apolilladas y en estado de putrefacción”, sigue el dictamen, en el que se concluye que hay secciones con un riesgo latente de derrumbe.