Oaxaca duele
Oaxaca duele. Los tumores que le brotaron hace dos años y nadie quiso extirpar siguen emanando una podredumbre conforme van creciendo. Las heridas provocadas en las personas y los pueblos que soñaron y sueñan, porque piensan que libertad, igualdad y justicia no son simples abstracciones, siguen sangrando. La impotencia y la desesperación cunden entre la gente de abajo en medio del sufrimiento, mientras arriba las mafias políticas se reacomodan para mantener en el poder al gobernante en turno, lo mismo que para preparar su relevo.
Los síntomas del malestar que causa ese dolor son muchos y muy añejos. Unos son consecuencia de las luchas de los pueblos y organizaciones porque el gobernador se vaya, ya que lo consideran una condición indispensable para abrir caminos que ayuden a recomponer el tejido social, tan maltratado por la política abiertamente represiva de la actual administración del estado. En ese grupo sobresalen las injustas sujeciones a proceso de Flavio Sosa Villavicencio, David Venegas Reyes y todos los detenidos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que después de más de un año continúan privados de su libertad sin que se les pruebe delito alguno. A ello hay que unir el linchamiento de líderes sociales a quienes se pretende ligar a grupos armados como forma de criminalizar su lucha social y pacífica.
Pero no son todos. Sabedores de que en los municipios los pueblos pelean por el control de los poderes locales, quienes usurpan el poder en Oaxaca montaron verdaderos operativos policiacos que les permitieran impedir que por la vía electoral éstos se hicieran de los ayuntamientos en las pasadas elecciones. Como secuelas de esa lucha, al mediodía del 30 de enero fue secuestrado con violencia Rosalino Díaz Barrera, originario de San Blas Atempa, y al día siguiente apareció muerto con signos de tortura, golpes y lesiones graves. Ese mismo día fue desaparecido el indígena Lauro Juárez, originario de la comunidad de La Arena, Santa María Temaxcaltepec, después de participar en una movilización donde las comunidades exigían se respetara su derecho a elegir autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres, reconocido en la legislación electoral del estado.
Otra fuente del sufrimiento que provoca Oaxaca y sus habitantes son los conflictos agrarios. La cantidad de disputas de este tipo en el estado sólo pueden entenderse si se pone atención en sus causas, que la mayoría de las veces son ajenas a las partes confrontadas y el gobierno utiliza como forma de control político. Si no fuera así no podría explicarse por qué esas disputas se polarizan en tiempos electorales, sobre todo en aquellas regiones donde el gobierno no las tiene todas consigo. Es el caso de las disputas entre Chalcatongo y Santo Domingo Ixcatlán, donde este último quemó, en plena fiesta navideña, 44 casas de sus adversarios; o el de Santa Catarina Yosonotú y Santa Lucía Monteverde, donde sus habitantes escucharon nuevamente el rugir de las armas en defensa de su territorio. Caso aparte es el de San Pedro Yosotatu, en la misma región mixteca, donde una torpe política gubernamental y la ambición de un pequeño grupo dividieron al pueblo, con un saldo de varios muertos, desaparecidos, detenidos y desplazados.
Por eso Oaxaca duele, con un dolor que se ensancha más al observar que el sufrimiento alcanza a víctimas inocentes, que ni la deben ni la temen, pero la indolencia gubernamental, por acción u omisión, no perdona. Así se ve en los casos que se conocen, aquellos donde los afectados han encontrado formas de hacerse visibles, que son los menos, porque la mayoría se pierden entre las montañas y barrancas donde las víctimas habitan. De todo esto y más podrá dar cuenta la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que en esta semana visita el estado. Eso puede ayudar a superar la situación, sin duda alguna. Pero más importante es que los involucrados tomen conciencia de que las soluciones deben buscarlas ellos, por vías pacíficas y negociadas. Lo otro es caer en un juego que no tiene salida.