Pide cautela para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel
Demanda Soberanes fechas para el retorno paulatino del Ejército a cuarteles
La situación de violencia se asemeja a lo que se vivió en Chicago en los años 20, dice
Se le está saliendo de las manos al gobierno, advierte el ombudsman ante la Permanente
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, demandó en la Comisión Permanente que el gobierno presente cuanto antes un calendario para que el Ejército Mexicano regrese a los cuarteles pero, precisó, ese retorno debe ser “de manera paulatina, prudente y cautelosa para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel”.
Luego, en entrevista, el ombudsman nacional destacó que ante los constantes homicidios, ajustes de cuentas entre bandas y la proliferación de grupos delictivos como Los Zetas, se tiene una situación verdaderamente complicada que “nos está llevando a un Estado policiaco; esto se parece a Chicago en los años 20. La situación se está saliendo de las manos”.
Al término de la entrega de su informe de actividades 2007, Soberanes insistió en entrevista: “Pienso que la situación se le está saliendo de control al gobierno por la cantidad de homicidios diarios que hay, los policías que mueren, los enfrentamientos, los ajustes de cuentas; hay un clima de violencia tal, que hace pensar que hay un fracaso gubernamental en el combate al crimen organizado”.
Abundó: “El problema se complica porque el crimen organizado se extiende, las funciones de seguridad pública las asume cada vez en forma más importante el Ejército, la policía se echa a un lado, el Ministerio Público, que debería ser fundamental, también lo vemos echado a un lado. No se está cumpliendo el esquema constitucional y ello propicia violaciones a derechos humanos”.
Esta situación –continuó– en un momento determinado va a tener que replantearse, porque cada vez hay más ejecuciones, más ajustes de cuentas, es una situación complicada. “No se trata sólo que los militares regresen a sus cuarteles, sino es todo un proceso inteligentemente planteado y sobre todo de fortalecimiento al Ministerio Público y a la policía, que debe estar adecuadamente capacitada, armada, bien pagada. Debería haber una policía de elite que pueda dar la batalla al crimen organizado”.
En el mensaje que Soberanes dirigió a los legisladores en la Comisión Permanente advirtió sobre la grave situación de los derechos humanos en el país: “La participación de militares en tareas policiacas los ha llevado a cometer violaciones graves de derechos humanos, incluso sexuales, asesinatos, detenciones ilegales, tortura; se sale de control la lucha contra el crimen organizado; la libertad de expresión está amenazada por los asesinatos de periodistas; los migrantes siguen siendo vejados, y en Oaxaca, para muchos el conflicto sigue latente y se ve distante una reconciliación”.
Soberanes Fernández advirtió sobre la falta de disposición de algunas autoridades para atender las violaciones de derechos humanos. Dijo que los gobernadores de Guerrero, Colima y Baja California rechazaron aceptar, cada uno, una recomendación. También casi una docena de ayuntamientos en Oaxaca, Veracruz, Morelos y Tlaxcala se negaron a recibir los exhortos. Destacó en tribuna que la participación de los militares en tareas de seguridad ha generado gravísimos atropellos a las garantías individuales. “Durante 2007 documentamos sobradamente casos de tortura, violación, homicidio. Las autoridades militares han aceptado las recomendaciones y la CNDH ve con beneplácito la creación de una dirección general para tratar estos asuntos”.
Manifestó que “la comisión no considera conveniente que el Ejército abandone de inmediato la lucha contra el narcotráfico, porque la ausencia de las fuerzas armadas condenaría a millones de mexicanos a la indefensión, sobre todo en zonas rurales. Sin el vigor del Ejército, el crimen organizado podría ver al Estado como un tigre de papel”. Sin embargo, dijo que es indispensable que se anuncie cuanto antes una ruta con un calendario claro, detallando qué acciones se concatenarán para regresar a los militares a los cuarteles.
Llamó la atención sobre un asunto de la mayor importancia: la libertad de expresión. “En la CNDH estamos convencidos de que un ataque a la libertad de prensa es un ataque a la democracia. Durante el año pasado abrimos 74 expedientes de queja por agravios a periodistas, cifra que está muy lejos de ser tranquilizadora”, dijo.
El titular de la CNDH expuso que en 2007 se recibieron 5 mil 244 quejas por diversas violaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió casi una quinta parte de esos recursos, con mil 15; Procuraduría General de la República (PGR), 571; Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 367; Instituto Nacional de Migración (INM), 335, y Secretaría de Educación Pública (SEP), 311. Asimismo, dio cuenta que el año pasado la CNDH emitió 70 recomendaciones; el INM tuvo ocho y le siguieron el estado de Guerrero, el IMSS y la Sedena con seis cada uno.
Consideró que el sistema penal debe evolucionar y ser más equitativo. “Es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas, de que la reparación del daño sea tan relevante como el correctivo y la indemnización tan trascendente como la rehabilitación social”.