Pide a las autoridades actuar con eficacia en el abatimiento de la inseguridad

Llama la CNDH a respetar el orden jurídico que norma las atribuciones de las fuerzas armadas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insistió en su exigencia a las autoridades para que actúen con eficacia en el abatimiento de la impunidad, con la firmeza y la severidad que las leyes permiten; sin embargo, les recuerda que el orden jurídico nacional delimita claramente las funciones que compete asumir a las fuerzas armadas y las que deben ejecutar las corporaciones de seguridad pública, que son, dijo, muy distintas entre sí.

El orgasnismo subraya que a esas diferencias normativas corresponden también funciones, misión, doctrina, preparación, capacitación y procedimientos de operación diferentes y específicos para cada instancia.

Abatir la impunidad, tarea prioritaria

La CNDH reitera que una política de Estado en materia de seguridad pública debe pasar necesariamente por el abatimiento de la impunidad y comprender un conjunto de acciones y servicios que salvaguarden efectivamente la vida, la integridad física, la tranquilidad y los bienes patrimoniales de las personas, sin desnaturalizar o tergiversar las funciones que competen a cada una de las instituciones y corporaciones encargadas de la seguridad en sus diversos órdenes.

En un comunicado de prensa el organismo subraya que en lugar de estimular “los bajos instintos de la seudojusticia por propia mano, o el esquema egoísta del cada quien para su santo, que se advierte, entre otras señales, por la proliferación de servicios privados de escolta y de seguridad para quienes pueden pagarlos, es indispensable reafirmar y ampliar un compromiso general de carácter público para abatir la impunidad y para actuar desde la legalidad y la certeza jurídica”.

La CNDH asevera que hasta ahora han tenido exiguos resultados las políticas para enfrentar la inseguridad, para la construcción de corporaciones de seguridad pública eficientes, modernas, confiables para el ciudadano y eficaces, capaces de enfrentar con éxito los retos de la seguridad pública en todos sus frentes, y en particular el que se refiere al recrudecimiento de la violencia criminal.

Entre las más notorias y riesgosas insuficiencias que persisten en el funcionamiento actual de los sistemas de seguridad destaca “la alarmante desproporción entre el número de órdenes de aprehensión emitidas y las realmente ejecutadas, que es reflejo de la impunidad existente y de la escasa eficacia en la persecución del delito. Se estima que hay sólo una orden de aprehensión cumplida por cada 250 que se emiten”.

No existen estadísticas actualizadas, ni información clara o cifras oficiales bien integradas en el rubro de delitos del orden común y los del orden federal, advierte el organismo.

“A 10 años de su creación, la Policía Federal Preventiva no ha logrado consolidarse para desarrollar las funciones que le asignó el Legislativo.”

Aumentan los presupuestos y disminuyen los resultados

Otra de las insuficiencias señaladas por la CNDH es que “en el periodo comprendido entre 1994 y 2005, a casi 11 años los presupuestos federales en materia de seguridad pública aumentaron casi 50 veces, al pasar de 276 millones de pesos en 94, a 13 mil 451 millones para 2005; sin embargo, los resultados en la práctica no han crecido”.

Pese a que los planes y programas federales para enfrentar la inseguridad pública sobrepasan una docena en los últimos 15 años, cuando menos la mitad han sido elaborados para tratar de enmendar el abierto fracaso de los anteriores.

De 1996 a la fecha, se han efectuado 16 conferencias nacionales sobre procuración de justicia, pero no se dispone de una sola evaluación integral del cumplimiento de sus acuerdos, entre ellos el abatimiento del rezago acumulado en órdenes de aprehensión, la elaboración de mapas delictivos por localidad, entidad o región para potenciar la función de la inteligencia policial, el acopio sistemático de información criminal y la efectiva coordinación y colaboración policial entre las diferentes corporaciones policiacas.

Cuatro de cada diez mexicanos se sienten inseguros

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que “cuando menos cuatro de cada diez mexicanos se sienten inseguros o muy inseguros en el lugar en que viven, y la mitad de la población considera alta o muy alta la posibilidad de ser víctima de algún delito”.

Refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Imformática, entre 1980 y 2000 el número de presuntos delincuentes del fuero común se incrementó 123 por ciento, mientras la población sólo creció alrededor de 50 por ciento. Las lesiones personales producto de la violencia criminal siguen en línea ascendente. El número de presuntos delincuentes que provocan lesiones a sus víctimas ha aumentado a casi 70 por ciento en ese periodo.