Denuncia trabas en ocho revisiones de la Cuenta Pública de 2006 y el avance de 2007
Obstaculizan Ejecutivo y Judicial labor fiscalizadora de la ASF
Energía se opone a investigar el “proceso para el otorgamiento de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos”
Gobernación impugna la revisión de gastos en imagen de Fox
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció “actitudes de oposición y cuestionamiento tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo para el desarrollo de sus revisiones, lo que ha dificultado sus trabajos y muestra cierta tendencia a inhibir la fiscalización superior.”
Al referirse a ocho revisiones impugnadas, tanto de la revisión de la Cuenta Pública 2006 como del Informe de Avance de Gestión Financiera 2007, la ASF apuntó que si bien desde 2001 se habían presentado diversas controversias constitucionales por el resultado de las auditorías realizadas, o por actos derivados de las mismas, nunca se habían cuestionado las funciones de la fiscalización durante el desarrollo de las revisiones “como
La ASF asegura que su actuación “se ha apegado en todo momento a las disposiciones constitucionales” y refuta las impugnaciones del Poder Ejecutivo a auditorías que se encuentran en proceso, entre ellas la revisión del “proceso para el otorgamiento de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos”, y la auditoría marcada con el número 405: “Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal”, correspondiente a la Cuenta Pública 2006, es decir del último año de gobierno de Vicente Fox Quesada.
“Por los últimos resultados que ha presentado la ASF, y la consolidación que ha logrado en espacios públicos en cuanto a credibilidad, pareciera que existe una estrategia para que a través de mecanismos jurídicos, con argumentos legaloides, se cuestionen sus logros y se obstruya su trabajo”, alerta la entidad de fiscalización superior de la Federación.
Apunta: “Tenemos conocimiento que más acciones del Poder Ejecutivo Federal están en proceso para impedir la rendición de cuentas y la fiscalización superior de los recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos.”
Por lo pronto, de las 8 auditorías en proceso que han sido impugnadas, una corresponde al Poder Judicial y 7 al Ejecutivo federal.
Por parte del Ejecutivo, la Secretaría de Energía ha interpuesto dos incidentes de nulidad para la realización de 2 investigaciones relacionadas con el Informe de Avance de Gestión Financiera 2007. Una de ellas corresponde a la “Evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, y la otra se refiere a la “Evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de estaciones de carburación de gas L.P.”
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también se inconformó con la revisión que la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo como “Evaluación del proceso utilizado para el otorgamiento de permisos de certificados fitosanitarios”.
En estos tres casos, señala la ASF, fueron presentados incidentes de nulidad que “no están previstos en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación”. Pero, además, “contienen los mismo agravios a pesar de que se refieren a distintas auditorías e involucran a 2 secretarías de Estado diferentes”.
Los 4 principales agravios que el Poder Ejecutivo Federal reclama son: que la orden de auditoría “no cumple con los requisitos de los actos administrativos”; que el objetivo de la revisión “no se encuentra vinculado con la gestión financiera, por lo que no se rige por las normas que regulan la Revisión de la Cuenta Pública, sino que queda dentro del ámbito de atribuciones de la Administración Pública Federal.”
Además, el Ejecutivo afirma que “entre las atribuciones de la ASF no se encuentra la de evaluar la legalidad de los procesos”, y asegura que ésta “sólo puede auditar procesos concluidos”, de tal manera que los “rubros a revisar se incluyeron en los reportes ‘Avance de Metas Presupuestarias’ y ‘Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable’, indicándose los porcentajes de avance en su cumplimiento.”
Frente a esos planteamientos informó que basó las revisiones de auditoría “en las relaciones de procesos concluidos que las propias Secretarías de Energía y (la de) Medio Ambiente y Recursos Naturales le enviaron, toda vez que dichos procesos concluidos guardan relación con la gestión con la gestión financiera al ejercer recursos públicos federales.”
Por otra parte, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se ha opuesto a la realización de otras tres auditorías, por lo cual presentó controversia constitucional “contra actos de la Cámara de Diputados y la ASF” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación a las que se opone el Ejecutivo Federal son: “Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal” (Cuenta Pública 2006, auditoría número 405); “Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Modificaciones a los Permisos para la Operación de Casas de Juego” (Informe de Avance de Gestión Financiera 2007, auditoría número 8), y “Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Sorteos” (Informe de Avance de Gestión Financiera 2007, auditoría número 7).