La pobreza limita el acceso a garantías, dice el Centro Fray Francisco de Vitoria
Detecta ONG vacíos legales para ejercer derechos básicos en el Distrito Federal
En el Distrito Federal, como en el resto del país, el respeto y la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) enfrentan grandes retos debido a las condiciones de pobreza, pero también a la ausencia de una legislación integral que garantice a la población el derecho a un trabajo digno, una alimentación equilibrada, servicios de salud y educativos de calidad, a vivir en un entorno ambiental sano, a tener una vivienda con acceso a los servicios básicos, así como actividades y espacios culturales.
En el primer informe sobre la situación de los DESCA 2007 en el Distrito Federal, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se destaca que, a pesar de contar con un marco normativo que reconoce tanto el derecho a la salud, educación, alimentación y a un ambiente sano para los capitalinos, esto no siempre se traduce en un ejercicio pleno de estos derechos.
En cuanto a la alimentación señala que, pese a ser reconocido como un derecho social, “la política pública en la materia está ausente”, debido a la carencia de una legislación particular y la falta de apoyo a las actividades agrícolas en la ciudad. Sin embargo, revela que la pobreza sigue siendo “uno de los obstáculos fundamentales para gozar plenamente del derecho a la alimentación en el Distrito Federal, pues, a pesar de que se cuenta con indicadores de desarrollo humano altos, existe marginación en amplios sectores de la población, así como desempleo y, por tanto, falta de ingresos”.
Servicios saturados
Respecto de la salud, reconoce que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) destinó a este sector 24 por ciento del total de recursos públicos en 2007, con una inversión de 7 mil 639 millones 267 mil pesos, de los cuales poco más de 7 mil 568 millones se destinaron a las actividades institucionales de los servicios de salud.
También señala que los servicios se encuentran saturados y no incluyen a toda la población residente en la capital del país como derechohabientes, aunque puntualiza que muchos de los pacientes provienen también del estado de México en busca de atención médica.
El derecho humano al agua y a un ambiente sano también son tareas pendientes no sólo para el GDF, también para las autoridades federales y estatales, pues el informe destaca que si bien existe un reconocimiento de la necesidad de impulsar un desarrollo económico sustentable y preservar el entorno natural, en los hechos se carece de “verdaderas acciones de coordinación entre el DF, el estado de México y el gobierno federal”.
A ello se suma que el derecho a un ambiente sano no está reconocido en la legislación nacional ni en la local, y los instrumentos jurídicos vigentes son “muy confusos, por lo que la aplicación de la normatividad ambiental suele ser deficiente, debido a los vacíos y poca claridad en las responsabilidades y obligaciones adjudicadas a cada sector”.
En cuanto a la educación, destaca que, a pesar de tener indicadores por encima de la media nacional, pues la capital de la República ocupa el primer lugar del país en cobertura, eficiencia terminal y años de escolaridad promedio, a escala delegacional subsisten rezagos y disparidades que afectan en particular a la población indígena y discapacitada.
Los derechos humanos laborales y a una vivienda digna también enfrentan rezagos importantes debido tanto a la crisis económica nacional como a la ausencia de políticas integrales. En el caso del empleo, destaca que el GDF “tampoco ha favorecido la generación de plazas laborales con sus programas y políticas públicas, a lo que se suma que gran parte de la población que se incorpora al mercado laboral lo hace en puestos de trabajo sin prestaciones de ley y en condiciones de vulnerabilidad”.
En cuanto a vivienda, señala que al igual que las políticas federales, en la capital del país se favorecen dos líneas prioritarias para dotar de espacios habitacionales, por un lado créditos para vivienda nueva a los sectores de clase media, mientras que para el sector de escasos recursos se alienta el mejoramiento de la vivienda.
Finalmente, en lo que respecta a los derechos culturales, el informe señala la necesidades de destinar mayores recursos para su ejercicio, pero también afirma que es “urgente descentralizar las actividades culturales y garantizar espacios en las 16 delegaciones de la capital, así como promover programas que impulsen el desarrollo cultural de los pueblos indígenas, originarios y migrantes, así como de los jóvenes y personas en situación de reclusión”.