Cuidará que respeten los precios a los damnificados que recibieron vales de $10 mil
Ejercerá Profeco vigilancia sobre mueblerías de Tabasco en favor de los consumidores
Extenderá la medida para monitorear a cadenas y tiendas departamentales
Mueblerías y tiendas de autoservicio de Tabasco que reciben los vales de 10 mil pesos que las autoridades entregaron a los damnificados de las inundaciones están sujetas a visitas de verificación por parte de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar que eleven injustificadamente el precio de aparatos electrónicos y de línea blanca.
El titular de la dependencia, Antonio Morales Peña, realizó una gira por el estado para constatar los resultados del Programa Especial de Reacción Inmediata para la Atención de Desastres Naturales, puesto en marcha por Profeco.
Según el funcionario, Profeco mantiene contacto con las cámaras empresariales como la Nacional de Comercio o la de Desarrolladores de Vivienda, para ofrecer asesorías ante las quejas que pudieran presentar los consumidores.
Hasta el momento no ha sido sancionado ninguno de los negocios donde se canjean los vales de muebles, como sí ocurrió al principio del desastre con 75 negocios que comercializaban alimentos debido a que elevaron los precios, vendieron productos caducos o alteraron su peso.
Ahora las tareas de verificación de la Profeco se enfocan en farmacias, ferreterías, establecimientos donde venden materiales para construcción, muebles y línea blanca, y se extenderán a tiendas como Credilan, Elektra, Wal-Mart, Chedraui, Famsa y Promotora Tabasco, dado que en todos ellos se acordó recibir los vales que entregó la Secretaría de Desarrollo Social a los damnificados para el canje por aparatos electrodomésticos y de línea blanca.
Los productos más monitoreados son justamente estufas, lavadoras, planchas, televisores, licuadoras, entre otros, y el personal de Profeco ha verificado que las facturas que dichos negocios expidieron en octubre pasado coincidan con los precios de noviembre y diciembre.
Cabe recordar que las sanciones que puede imponer la procuraduría van desde los 300 pesos hasta más de 1.8 millones de pesos, dependiendo del perjuicio causado al consumidor o a la sociedad en general, el carácter intencional de la infracción, la reincidencia y la condición económica del infractor.