Critican fallo de la Corte en el tema de Lydia Cacho y el mandatario de Puebla
Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia
Instan a legisladores a modificar las leyes para superar fallas que evidenció el caso
Periodistas de diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.
En el escrito, que hasta ahora cuenta con la adhesión de más de 600 comunicadores, se critica la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –el pasado 29 de noviembre– de que no hubo violación “grave” de las garantías de la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y se advierte que el fallo del máximo tribunal no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.
Hasta ayer habían signado el documento periodistas de 28 estados y de nueve países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Entre los firmantes están Cristina Pacheco y adherentes, como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoky y Carmen Jiménez Cacho, así como Sergio Fernández, profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007.
El documento destaca que “desde el máximo tribunal del país se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y, al mismo tiempo, se ha dado aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.
Asimismo, precisa la “urgencia de que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció el caso”, y demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero contra Mario Marín”.
De igual forma, los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), por lo menos se señale a los funcionarios que participaron en lo que la Corte denomina ‘violaciones leves’, y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.
Asimismo, manifiestan: “consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, los poderes económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.
Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, horas después de que la SCJN determinó que no hubo violaciones “graves” a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro por el llamado góber precioso.
Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” de que no se firmara. No obstante, 109 periodistas de la entidad se adhirieron al documento. También lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.