Emite documento a Ulises Ruiz y a la PGR, entre otros
Recomendación de la CNDH por agresión a sacerdote y migrantes
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por que se investigue la agresión y detención del sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, representante de la pastoral de la Movilidad Humana de la diócesis de Tehuatepec, Oaxaca, así como de 18 migrantes centroamericanos, realizada por policías municipales el pasado 10 de enero.
El ombudsman nacional envió la recomendación 65/2007 al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz; al ayuntamiento municipal de Ciudad Ixtepec; al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Bulmaro Rito Salinas, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
En un comunicado de prensa, recordó que el religioso fue golpeado y aprehendido por uniformados que usaron gases lacrimógenos y toletes y desenfundaron sus armas cuando el presbítero trataba de rescatar –junto con varios migrantes de diferentes nacionalidades– a 12 indocumentados, entre los que se encontraban niños y jóvenes que, al parecer, habían sido “indebidamente retenidos” y secuestrados por ocho sujetos armados.
El organismo determinó que las autoridades estatales y federales “cometieron violaciones a los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad, la seguridad personal y el acceso a la justicia, así como al trato digno” en perjuicio de los involucrados, y que los centroamericanos fueron privados “ilegalmente de su libertad en la modalidad de secuestro”.
Lo anterior, después de que los presuntos plagiarios de los migrantes retenidos “se movilizaban en una camioneta con placas del estado de Tamaulipas y aparentemente estaban coludidos con integrantes de la policía municipal de Ciudad Ixtepec para realizar diversas conductas ilícitas”.
Recordó que tras recibir la queja de Juan de Dios García Davish sobre los acontecimientos descritos, la CNDH solicitó medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de los quejosos.
Apuntó que visitadores adjuntos acudieron a Ciudad Ixtepec y Juchitán para recabar testimonios, declaraciones y certificaciones médicas de los indocumentados involucrados en los hechos de violencia.
“Se comprobó que a pesar de que el sacerdote y los migrantes que lo acompañaban habían sido detenidos por cometer presuntas alteraciones al orden público, no se les puso a disposición de la síndico municipal, sino que fueron encerrados hasta por siete horas en la cárcel municipal”, citó el organismo.
Cuestionó que después de nueve meses de haber iniciado la averiguación previa, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca no logró acreditar el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad de ninguno de los inculpados, pues al 5 de octubre pasado, la indagatoria estaba integrada por 10 declaraciones ministeriales rendidas desde el 11 de enero por los agraviados, “lo cual es una clara evidencia de la insuficiente investigación ministerial y de la impunidad que rodea el caso”.
Además, comprobó que agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, no actuaron con la “debida diligencia que el ejercicio de su función les impone” para determinar el acta circunstanciada PGR/SIEDO/USITMIO/09/2007, iniciada tras recibir una denuncia anónima, como tampoco lo hicieron con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/266/2007.
La CNDH recomendó a las autoridades de Oaxaca y a Medina Mora investigar a los servidores públicos que incurrieron en las irregularidades, así como impartir cursos de capacitación para que no se repitan “actos arbitrarios”.