Falta de preparación e infraestructura, limitante para la aplicación de la reforma
Magistrados rechazan juicios orales; preferible capacitar personal, señalan
Jueces y magistrados federales en materia penal consideraron que el éxito de un sistema de justicia penal acusatorio no depende tanto de la aplicación de juicios orales o escritos en un país, sino de la capacitación de los policías, fiscales, abogados y jueces, así como del fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y de la concentración de las fiscalías en la recopilación de la evidencia.
Luego de una consulta que La Jornada hizo a 20 impartidores de justicia especializados en procesos penales federales y de apelaciones, los cuales encabezan algún órgano jurisdiccional en el Distrito Federal o en el estado de México, 12 se manifestaron totalmente en contra de los juicios orales, cinco dijeron que a corto plazo serían inviables y sólo tres consideraron que serían el remedio para agilizar los procesos y garantizar un mejor sistema de justicia.
Desde la perspectiva de la mayoría de los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) entrevistados, la principal limitante para la aplicación de un sistema oral adversarial –en lugar del inquisitivo que actualmente se aplica en el país– es la falta de infraestructura y de preparación de abogados, fiscales y jueces, quienes para ser capacitados necesitarían tiempo completo.
“El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no tiene actualmente dinero ni para poner baños o sillas en los juzgados en materia penal como un servicio para los litigantes, y ahora resulta que quieren salas de audiencias especiales para juicios orales”, dijo en tono irónico uno de los jueces.
Otro magistrado refirió que antes que pensar en introducir métodos de aplicación de justicia acusatorios, similares a los que se utilizan en Chile, “se debe abrir un periodo considerable, quizá cinco años, para que el Estado invierta en la capacitación de fiscales, abogados y jueces, y para que dote de la infraestructura necesaria para que sean viables los juicios orales a largo plazo”.
Hubo quien dijo que el sistema de oralidad, sin jurado, como plantea la reforma calderonista, es un grave error, pues se excluye a la sociedad de ser copartícipe del sistema judicial.
“El jurado da credibilidad a la aplicación de la justicia; un sistema oral sin jurado es como un automóvil sin ruedas”, indicó otro de los juzgadores.
Los impartidores de justicia accedieron a hablar con este diario con el compromiso de que no serían citados sus nombres por temor a represalias en el CJF, su órgano rector y disciplinario.
Según los jueces y magistrados consultados, no es mala la intención de las reformas calderonistas que buscan, mediante los juicios orales, de prontitud a las resoluciones judiciales, transparencia y confianza de la sociedad para que ésta considere que dispone de instancias judiciales efectivas; aunque señalaron que simplemente “es inviable por el momento”.
Agregaron que en países como Estados Unidos o Inglaterra, donde la oralidad en los juicios penales se aplica desde hace tiempo, el modelo adversarial sí es efectivo porque hay credibilidad y respeto en las corporaciones policiacas y en los fiscales de su país.
Los dos juzgadores que se manifestaron en favor de los juicios orales argumentaron que darían transparencia a la aplicación de la justicia, pues en México “sólo si los medios de comunicación se interesan en un caso lo hacen público y obligan a los fiscales y jueces a abrir un expediente”.
Para el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar, la aplicación de los juicios orales en el ámbito federal no es nueva, porque la medida desde hace tiempo está prevista en el Código Penal de Procedimientos Penales; sin embargo, reconoció que para la implementación plena de las reformas se requiere de recursos adicionales para ampliar juzgados y crear nuevos órganos jurisdiccionales.
Entrevistado en el contexto de la lectura de los informes que rindieron los titulares de la primera y segunda salas de la Suprema Corte, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, respectivamente, Aguilar apuntó que a la luz de la inminente reforma constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tendrá que poner énfasis en la cuestión de la oralidad y establecer cada vez más juzgados de distrito especializados en proceso penal.
Comentó que si bien el consejo tuvo “una mejoría” en su presupuesto para el año próximo, tampoco “nos dieron todo lo que solicitamos”, por lo que serán necesarios más recursos para que se esté a la altura de los cambios que implicará el sistema oral.