Wixaritari de Tuapurie se oponen a la carretera Amatitán-Huejuquilla El Alto, Jalisco

Las razones de la comunidad

El 10 de noviembre de 2007, quinientos comuneros wixaritari (huicholes) de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán en Jalisco, se reunieron en asamblea y decidieron “analizar a fondo el proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla El Alto, tema que ya se había platicado en una reunión extraordinaria de cultura en el que estuvieron presentes personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sedur-Jalisco, la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de Jalisco y Colima, la presidencia municipal de Huejuquilla El Alto, autoridades de esta comunidad y una minoría de comuneros”.

En dicha reunión, efectuada en Keuruwit+a-Las Latas, se acordó tentativamente que “no se podía aceptar la construcción de la carretera porque no había quórum y el proyecto se tenía que discutir a fondo”. Entonces, el 10 de noviembre en asamblea ordinaria, los comuneros arribaron a doce razones para negarse al proyecto carretero.

Las razones son las siguientes: no se ha realizado un estudio de impacto ambiental, “requisito indispensable para un proyecto de esta magnitud; una carretera propiciará el “saqueo, la explotación y el tráfico de flora y fauna; habrá “afectación de los mantos acuíferos”, “contaminación ambiental por la introducción y proliferación de basura inorgánica”, por ejemplo gran cantidad de plásticos; será un factor que atente contra “la autosuficiencia y la autonomía de nuestro pueblo, por las facilidades que va a dar a los comerciantes externos, a los programas de gobierno y a los proyectos de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a saquear los recursos naturales y explotar a la gente”; se intensificará el “alcoholismo y los accidentes automovilísticos”; “divide al territorio comunal en dos partes”, lo cual ya de por sí es grave, pero además “a los comuneros que viven y tienen sus animales de sustento básico se les dificultará cruzar la carretera”, y también “un camino así dará pie al abigeato”. Algo que molesta mucho en la comunidad es que sienten que la carretera “atenta gravemente a la cultura por la presencia de elementos de seguridad que desconocen nuestros usos y costumbres de los centros ceremoniales”. Después de un análisis detallado de los problemas que les va a acarrear, los comuneros se quejan de que “lejos de mejorar nuestras condiciones de vida”, el proyecto implica también el autoritarismo de las dependencias pues “no hubo consulta ni la información necesaria de las autoridades competentes para planear y ejecutar este proyecto carretero”. No hubo tampoco una solicitud de parte de la comunidad, sino que se les impuso de manera arbitraria, por lo que los comuneros afirman en su acta de asamblea: “Que las autoridades que impulsan la pavimentación nos muestren los documentos que prueban la solicitud por parte de la comunidad, de una carretera pavimentada. La comunidad tienen otras prioridades como la rehabilitación permanente de las carreteras que ya existen en pésimas condiciones y que sabemos que se han hecho peticiones al respecto y no se ha tenido respuesta”. Más bien en su documento insisten en demandas que tenían de tiempo atrás como aquélla de “que se construyan los caminos de terracerías que ya están proyectados que beneficiarían directamente a las localidades y comunidades como la de Pueblo Nuevo a La Laguna y la de Santa Catarina a San Sebastián, puentes colgantes para cruzar los ríos y otros”.

Por último, la asamblea, representada por el pleno de sus autoridades tradicionales y agrarias (gobernador tradicional, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, segundo gobernador, secretario del Comisariado, juez auxiliar, tesorero de Bienes Comunales, capitán, Consejo de Vigilancia, Consejo de ancianos, Consejo agrario, y alguacil) hacen hincapié en que “se violaron los Acuerdos de San Andrés que es la ley máxima de nuestro pueblo y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes como también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, documentos que garantizan el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos”.

Lo grave es que pese a esta determinación propia, el gobierno mexicano avance, en su ceguera, sin tomar en consideración la palabra de las comunidades. En el fondo, los pueblos y comunidades cada vez están menos propensos a obedecer y a dejarse engañar, sabedores de todos los males que sobrevendrán de la pavimentación general de la Sierra Huichola.

Ojarasca