Reserva de la Biosfera en la Sierra Gorda

Un decreto sin pies ni cabeza

Eliazar Velázquez Benavídez, Xichú, Guanajuato. Andaba junto a mi madre en la huerta que le heredó mi abuela Ángela en el ejido Misión de Santa Rosa, repasábamos viejas historias de aparecidos entre la nogalera y leyendas de tesoros que arden en unas paredes derruidas que datan de tiempos de la Cristiada. Cuando llegó el momento en que nuestras manos arrancaban el monte crecido, le pregunté qué pensaba desde su condición de ejidataria sobre el decreto publicado el 2 de febrero mediante el cual “se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la zona conocida como Sierra Gorda de Guanajuato localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú”. En el decreto, Xichú tiene sitio primordial pues el 98 % del territorio es considerado reserva y ahí se localiza la “zona núcleo”, el área que supuestamente preservaría algunas de las más relevantes especies y riquezas naturales que el decreto aspira proteger.
–¡Aquí no sabemos nada…! —me contestó de inmediato esta mujer serrana que a sus 79 años aún trabaja el día entero.
La respuesta de otros amigos ejidatarios de la región fue semejante. En las comunidades y ejidos nadie sabía nada. Los promotores de la iniciativa ni siquiera se habían tomado la molestia de preguntar a la gente qué pensaba. Días más tarde escuché en boca de algunos funcionarios el falaz y ofensivo argumento de que se habían realizado consultas con los ayuntamientos y que el anteproyecto había estado disponible para todos los interesados, vía Internet, como si los habitantes de la sierra, sobre todo quienes viven en comunidades aisladas, acostumbraran dejar a un lado sus preocupaciones cotidianas y sus siembras por bajar a pueblos o ciudades en busca de un cibercafé.

En el jardín de Atarjea, sentado en una banca junto al kiosco y envuelto en humo de cigarrillo, un campesino que se amparó ante el decreto definió lo que se despertó en el corazón de muchos serranos: “Yo veo esto como una dictadura porque únicamente se nos están imponiendo las cosas, no se ha tomado en cuenta nuestro parecer. El decreto ya está y apenas nos van a decir lo que queremos o no queremos… A nuestros ejidos nadie fue a preguntarnos si queríamos, nomás llegó como quien dice el trancazo, hasta ahorita nunca llegó el aviso, no ha habido nada de preguntar nuestra opinión”.
Otros, con la indignación en sus rostros decían: “Ahora están hablando de reservas federales de la biosfera, pero lo que está en nuestros cerros es porque lo hemos cuidado nosotros, ¿quién nos ha venido a traer un programa para tener lo que tenemos?, en esto hay gente agazapada que quiere seguir comiendo en las oficinas y recibir miles de euros y a nosotros como siempre nomás nos quieren dar migajas. Desde nuestros antepasados ese cuidado lo hemos tenido, hasta la fecha hemos respetado la naturaleza y ahora por qué otro forastero viene a invadirnos. Es lo que dicemos, y lo peor sin algún acuerdo de nada. Porque la asamblea tiene poder jurídico, pero nos ignoraron. Nuestra inconformidad es porque deben tomarnos en cuenta para todo lo que pase en nuestra tierra, los tratos así son, cuando hay un acuerdo se hace y si no, no…”.
Los hombres y mujeres de más de setenta años que comenzaron su andar en tiempos de la Revolución o en los bordes de la Cristiada, son los forjadores de las familias actuales, los pilares de la existencia de los ejidos, los que han hecho del amor a la naturaleza un acto de vida cotidiano, los que sin mediar decreto alguno mantienen el patrimonio cultural y natural de la Sierra Gorda que hoy tantos oportunistas quieren convertir en moneda de cambio. Y resulta paradójico que mientras entre la población serrana se desconocía el tema o de plano había abierta oposición aun antes de que se publicara el decreto, en los municipios del noreste del estado se aseguraba que entre algunos consultores ambientales y personas ligadas a organismos “no gubernamentales”, se tejían redes y se enfrascaban en la disputa anticipada por la administración de la reserva, y por los potenciales y cuantiosos recursos que se pregona podrían atraerse a ésta que se suma a las “540 reservas de la biosfera existentes en 102 países, las cuales comprenden 10% de la superficie mundial” (La Jornada, 30 de julio, 2007).
Con la coartada del ecoturismo, del combate a la pobreza, de la promoción de los derechos de los niños, de la preservación de las cactáceas y otras especies de flora y fauna o de crear opciones de arraigo frente a la emigración, muchos de los que muestran un inusitado “interés”, hace tiempo que exploran caminos para medrar con el patrimonio de las comunidades serranas, y no son pocos los recursos que en los últimos 15 años se han llevado a los bolsillos.
(Muchas cosas revelaría el seguimiento de las propiedades, infraestructura y recursos de los miembros de agencias “no gubernamentales” que tienen más de una década operando en municipios del norte de Guanajuato y que con el discurso del rezago y de la pobreza gestionan miles de pesos con los tres niveles de gobierno y con organismos internacionales.) El afán de saqueo llega a tal grado, que un vival estadunidense, Philip E. Wolfson, patentó en 2002 en EUA y la Unión Europea los beneficios del chilcuague, planta muy singular con usos medicinales y culinarios, que los campesinos de la Sierra Gorda han preservado por generaciones.

Nadie en su sano juicio podría negar la urgencia de cuidar los recursos naturales de nuestro planeta y la relevancia de las iniciativas que contribuyan a ese fin, en ello está en juego el futuro de la humanidad; pero es una falta de juicio, ética y responsabilidad por parte de funcionarios públicos y supuestos ambientalistas ignorar la dimensión social. Donde ellos sólo ven agua, pájaros y árboles, también hay individuos y col ectividades con historia propia, alma y corazón. Es un atropello y una falta de respeto ignorar impunemente a las personas con el discurso de cuidar a la madre naturaleza como un fin en sí mismo.
El propio estudio que antecedió al decreto carece de rigor, pues hace aseveraciones del patrimonio natural de la sierra basado en “decires”. Sucede igual con la definición y el trazo de los polígonos. Se observan criterios muy endebles y aún hoy los funcionarios no tienen respuestas claras de por qué un 2% del territorio de Xichú no fue incluido si ahí se localiza una importante zona boscosa. En los otros municipios la delimitación tiene un carácter igual de improvisado.
La iniciativa de decreto nació enrarecida por su origen vertical y porque los investigadores y burócratas que encabezaron los trabajos actuaron irresponsablemente frente a la comunidad serrana.
Frente a las expresiones de organización ciudadana (como el surgimiento del Consejo Ciudadano en Xichú, o el amparo que han tramitado ejidatarios de Atarjea), y ante la exigencia generalizada de reencauzar el proceso, las instancias federales y estatales involucradas en el tema han sido titubeantes. Han recurrido a estilos clientelares y a mercadotecnias que a modo de vendimia mientan toda una lista de supuestos beneficios y acceso a recursos que tendrán los propietarios de las tierras. Y agentes encubiertos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal han recorrido los municipios buscando datos, sobre todo de quienes han manifestado abierta oposición.
Si los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Instituto Estatal de Ecología realmente desean recomponer esta iniciativa que hasta ahora no tiene pies ni cabeza, tendrán que mostrar humildad y talento para poner en el centro las opiniones, la palabra y las necesidades de los habitantes de las comunidades, ejidos y poblados de la serranía, que están desde mucho antes que se inventaran las reservas de la biosfera, y que persistirán cuando los funcionarios de hoy ya no estén en la nómina y la ecología haya dejado de ser moda del momento.