Responsabiliza a Calderón y a Torreblanca de lo que pueda pasarle

Dirigente de Ayotzinapa denuncia hostigamiento

Hernández Alavez asegura que él y su familia han sido perseguidos

Estudiante lesionado señala abusos de la policía durante el desalojo

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 9 de diciembre. Luis Hernández Alavez, miembro de la dirigencia de la Asociación de Egresados de Ayotzinapa Lucio Cabañas Barrientos, aseguró que lo persiguen de manera permanente y a su familia, que vive en la Costa Chica, también la hostigan.

Explicó que el acoso se inició luego que oficiales de alto rango de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) pretendieron vincular al movimiento de estudiantes y egresados de la Normal de Ayotzinapa con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), durante el interrogatorio a que lo sometieron la madrugada del primero de diciembre, después del desalojo en la caseta de cobro de La Venta, Acapulco, donde fueron detenidos 56 normalistas.

“Responsabilizo de lo que nos pase a mí y a mi familia al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; al secretario de Gobierno, Armando Chavarría; al secretario de Educación, José Luis González de la Vega; al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, Carlos Reyes Torres; a destacados militantes del Partido de la Revolución Democrática, y al presidente Felipe Calderón”, dijo Hernández Alavez, integrante del movimiento que busca plazas para egresados de Ayotzinapa y que no desaparezca la licenciatura en educación primaria.

El egresado recordó que desde el día en que fue liberado de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco, el 2 de diciembre, junto con otros nueve normalistas, “nos sigue un auto rojo y nos vigila gente extraña. Ya fueron a mi domicilio a preguntar si vivo ahí. Por eso decidí hacer público mi testimonio”.

Narró: “A las dos de la madrugada (del primero de diciembre) me interrogaron en las instalaciones de la PGR el delegado en Acapulco y el jefe de la AFI del sector Acapulco (no dio los nombres), acompañados por otros seis policías federales. Me dijeron que por andar de ‘cabroncito’ me iban a enseñar, para que dejara ‘el desmadre’. Cuando me llevaban a las oficinas me pusieron las armas en la espalda, me metieron a un cuarto donde había una mujer y me empezaron a preguntar sobre el movimiento”.

Dijo que le hicieron muchas preguntas personales sobre sus grados académicos, los libros que leía “y si mis padres eran campesinos o en qué trabajaban; cuándo empezó el movimiento, quién lo financiaba. Les dije que de las colectas que se hacían, pero luego me dijeron que no me hiciera tarugo, porque sabían que había una persona que nos estaba utilizando como títeres.

“Me preguntaron a qué grupo pertenecía (al EPR o al ERPI), o de qué grupo de choque era, y les respondí que a ninguno, que simplemente estábamos luchando por una plaza de maestro, que era desempleado, pero insistieron en que les dijera a qué grupo pertenecía y a qué personas mayores de 30 años conocía, a los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, o a los de organizaciones sociales, y sobre todo si teníamos relación con la APPO, y que si yo no tenía miedo que me pasara lo mismo que a (el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio) Sosa, pero insistían en que les dijera los nombres de los dirigentes del movimiento”.

Señaló que durante el interrogatorio “decían que ya estaba plenamente identificado, que tenía varias denuncias penales en mi contra, que en cualquier momento el gobierno me podía cortar el cuello, y me preguntaban por qué se bloqueaba la autopista.

“Me dijeron que tenía prohibido cambiarme de domicilio, porque me iban a visitar, y si no estaba tendría serios problemas con ellos. Desde entonces hay gente extraña que me sigue constantemente. Me preocupa que ya se estén metiendo con mi familia”, insistió.

Según Hernández Alavez, altos mandos de la PFP y de la AFI le advirtieron que el gobierno federal “no quería otro desmadre como el de Oaxaca”. También le aseguraron que la intervención de la policía federal había sido ordenada por el presidente Felipe Calderón a petición del gobernador Zeferino Torreblanca.

“Pido apoyo a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, y a la Comisión de Derechos Humanos (estatal), para que cese el hostigamiento en contra mía y de mi familia. No somos delincuentes ni vándalos, como nos dice el gobernador Zeferino Torreblanca; somos hijos de campesinos que estudiamos para maestros con muchos esfuerzos de nuestros padres, con la finalidad de que podamos salir de la miseria y el abandono en que vivimos en nuestras comunidades, producto de este injusto sistema”.

Óscar Cotino Molina, también egresado de Ayotzinapa, entrevistado en un hospital privado donde se recupera de lesiones en ambas piernas, recordó que el 30 de noviembre “nos apuntaron con las metralletas, y cuando yo iba corriendo me salieron al paso unos policías. Uno me dio un empujón con el escudo, y fui a caer debajo de uno de los autobuses que iban avanzando a velocidad moderada”.

Una de las llantas delanteras “venía justo hacia mi cabeza. Me agarré de un tubo de la suspensión del autobús, pero de todos modos ya me habían dañado las piernas. Aun así los policías me echaron polvo de extintor en la cara y me pateaban todo el cuerpo a pesar de que les gritaba que ya no sentía mis piernas. No dejaron de decirme que eso me pasaba por revoltoso. No permitieron que los paramédicos me atendieran”.

Cotino Molina ha sido sometido a tres cirugías en ambas piernas; este lunes entrará al quirófano nuevamente. Sus padres son campesinos del municipio de Tixtla, y gracias a la solidaridad de estudiantes y padres de familia ha cubierto parte de sus gastos de hospitalización.