La medida, para propiciar venta de tierras a pobres
Se gravarán en Ecuador los latifundios, dice Rafael Correa
Quito, 8 de diciembre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó que introducirá un impuesto para gravar las grandes posesiones de tierra “para propiciar su venta a sectores deprimidos”, en momentos que empresarios demandan respeto a la propiedad privada. Señaló que no permitirá sabotajes de la población contra la infraestructura petrolera, y dijo que renunciará si la justicia no procesa a líderes de manifestantes que exigen obras y dinero.
Aseveró que las protestas que han sacudido en los últimos años las zonas productoras de crudo, en el corazón de la región amazónica, no serán avaladas en su gestión, y que apelará a todas las vías legales y operativas para evitar impactos en la industria.
El mandatario afirmó que el impuesto que gravará los latifundios será parte de una reforma tributaria que enviará a la Asamblea Constituyente, en la que rige una mayoría oficialista que comulga con su propuesta, la cual incluye una combinación de medidas para facilitar el cobro de impuestos.
Correa, líder nacionalista que dice impulsar desde enero una revolución socialista, afirmó que el impuesto se aplicará a tenedores de latifundios, pero no precisó ni la tasa ni si correrá independientemente de si se encuentra productiva la tierra. “Hay impuesto a la tierra para evitar los latifundios (...) Eso es servicio social”, declaró en su programa radial semanal.
En alocuciones previas, el mandatario ha asegurado que el impuesto será un mecanismo legal y efectivo para evitar la concentración de tierras en pocas manos y para propiciar una transferencia hacia sectores poblacionales deprimidos.
Correa, amigo del presidente venezolano Hugo Chávez, ha afirmado que es partidario de que la propiedad cumpla una función social, por lo que igualmente su propuesta de reforma incluye un impuesto a las herencias, cuya tasa tampoco puntualizó.
El estatal Servicio de Rentas Internas no ha difundido el proyecto, pero el presidente aseguró que también se adicionarán al mapa tributario cargas a la transferencia de capitales al exterior, la educación privada de élite y se eliminarán otras que rigen los servicios de telecomunicaciones.
El anuncio impositivo se produjo mientras las cámaras empresariales demandan que la Asamblea Constituyente, de 130 miembros, no apruebe ningún cambio que deje en entredicho la vigencia de la propiedad privada o abra las puertas para desafiarla en las cortes.
El mandatario aseguró que dimitirá si los responsables de las movilizaciones en las zonas productoras de petróleo no son sancionados por la justicia, lo que implicaría penas superiores a 10 años, en un giro a la política de sus predecesores, que cedieron a la presión de los manifestantes.
“Me voy a mi casa, nombren a otro presidente (si no hay sanción contra los líderes de las manifestaciones)”, expresó.
La advertencia de que abandonaría su cargo se produjo en momentos que entes de derechos humanos demandan la liberación de decenas de detenidos durante protestas que estremecieron a finales de noviembre la provincia de Orellana, que alberga campos petroleros importantes.
Las protestas, algunas con brotes vandálicos, se han convertido en el mecanismo preferido por las poblaciones pobres de las provincias amazónicas para exigir a las petroleras que operan en esas jurisdicciones desde puestos de trabajo hasta obras viales.