Triunfalismo, balance de un año de gobierno
La semana pasada los principales funcionarios federales, con el licenciado Calderón a la cabeza, ocuparon parte de su tiempo en ilustrar a la población sobre los avances logrados en el primer año de la actual administración. Remataron su optimismo con un magno desayuno en Palacio Nacional. Lo nunca visto: inversiones millonarias en obra pública, mayor presupuesto para educación, ciencia, tecnología, ecología y cultura, apoyo al campo, combate sin cuartel al narcotráfico y la inseguridad (con decomisos jamás vistos, pero también muertes violentas), disminución de tarifas en el consumo eléctrico a los industriales (la prometida a los hogares no urge), atención a los marginados, lucha contra la violencia de género, contra el machismo, reforma fiscal. El mayor presupuesto de la historia…
En fin, el país marcha tan bien que está sólidamente sellado contra los avatares de la economía mundial. Por primera vez, si en Estados Unidos hay recesión, aquí tendremos crecimiento firme. No tan elevado como el que prometió el señor Fox (de 7 por ciento), pero sí alcanzaremos 5 por ciento al final del sexenio.
Sin embargo, en estos mismos días diversos reportes de las agencias internacionales relacionadas con el medio ambiente, la economía y el desarrollo social mostraron que no estamos en jauja y nos agobian los problemas. Por ejemplo, el análisis más reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos coloca en el lugar 52 en desarrollo humano, por debajo de Cuba (51), Uruguay (46), Chile (40) y Argentina (38). Nuestro vecino del norte ocupa el sitio 12.
En el mismo informe se advierte que los países de menor desarrollo humano serán los que más sufrirán los efectos del cambio climático, aunque no son los principales causantes. Es el caso de México, de gran vulnerabilidad, y que enfrentará más sequías en el norte y más inundaciones y huracanes en el sureste y sur, sin que hasta el momento se tenga la estrategia para mitigar esos fenómenos, proteger a la población, la obra pública y ciertas actividades claves, como la producción de maíz, entre otros alimentos básicos, la industria petrolera y petroquímica, la generación de energía eléctrica, el turismo de sol y playa, los asentamientos humanos y la economía de la franja costera.
Otra agencia dedicada a la cooperación y el desarrollo, OCDE, afirma que en las pasadas cuatro décadas el desempeño de México en educación sigue sin variar. Ocupamos el lugar 29 de 30 naciones. Tenemos mayor rezago respecto a otros países del continente, como Chile. En educación superior bajamos cuatro sitios de nivel. Pero además, entre 30 estados que conforman la OCDE ocupamos el último sitio en aprovechamiento en ciencias. El desempeño educativo no es sino muestra, reflejo exacto de la pobreza en que vive la mitad de la población nacional.
El reporte de la OCDE sostiene que el problema no se resolverá simplemente con aumentar el gasto educativo, bienvenido siempre y cuando se aplique correctamente. Pero lo fundamental es reducir la desigualdad, la concentración ofensiva del ingreso en unas cuantas manos. Precisamente todos los indicadores económicos muestran que cada vez es mayor la distancia entre los extremos de la sociedad, como también la consolidación de los monopolios a la sombra del poder público.
El balance optimista de los actuales funcionarios ilustra el fracaso del gobierno del cambio, el del señor Fox, y los alcances de la corrupción que permitió no solamente en Pemex, sino también en un área tan delicada como la del medio ambiente.
Criticada la corrupción que ejerció el PRI por décadas, un ex gobernador, el señor Patrón Laviada, de Yucatán, patrocina fraude millonario a ejidatarios a favor de tres de sus amigos panistas. Pero además, este gobierno repite la voluminosa oferta de promesas que el locuaz Fox hizo al inicio de su gobierno. Ahora se les llama “programas sectoriales”, carentes de instancias evaluadoras, al fin que prometer no empobrece.
En medio del triunfalismo, la decisión de la Suprema Corte, que ampara la impunidad de los altos funcionarios, abre el camino a que delitos graves, como la pederastia, queden sin castigo.