Editorial
Nada que celebrar
Con el festejo, previsto para hoy, en Palacio Nacional, por el primer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, concluye una semana de análisis acerca de los logros y deficiencias de la presente administración, con un balance que, en lo general, dista de ser favorable.
Durante la campaña electoral y, posteriormente, al inicio de su mandato, Calderón se comprometió a fortalecer la economía mexicana con la finalidad de hacerla competitiva y creadora de empleos. Sin embargo, durante estos 12 meses la actual administración ha deambulado sin demostrar un rumbo claro y coherente en materia económica. Eso se ha visto reflejado en la puesta en marcha de medidas que constituyen un agravio sostenido contra los bolsillos de la mayoría de la población, como el llamado gasolinazo, un auténtico revés a la economía popular si se toma en cuenta el alza que su solo anuncio causó en los precios. No obstante, su aplicación ha sido postergada por el propio titular del Ejecutivo federal para principios del año entrante.
En materia laboral, las cifras que maneja el gobierno federal –850 mil empleos formales creados– resultan por demás inverosímiles a la luz del crecimiento económico alcanzado y de las cifras acerca de la desocupación que ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Lo que sí se percibe es un aumento exponencial de empleos informales y un incremento sostenido en el número de connacionales que emigran a Estados Unidos. Por tanto, no hay elemento de juicio que permita pensar que el país pueda salir adelante por sí solo; por el contrario, la economía mexicana continúa exhibiendo una fuerte dependencia de la estadunidense, como señaló ayer el escritor y analista político Tariq Ali, al grado de que la recesión que ésta padece ha repercutido de manera desfavorable en el crecimiento de nuestro país y persiste el riesgo –reconocido por el Banco de México, aunque desestimado por el propio Calderón– de que esta situación se mantenga.
Respecto del programa estelar del actual gobierno en materia de seguridad pública, la llamada “guerra contra el narcotráfico” –que consistió en el despliegue del Ejército en las calles del país–, cabe decir que éste no ha arrojado los resultados esperados y que, antes bien, ha contribuido a sembrar zozobra entre la población y a exponer a las fuerzas armadas al encono popular debido a los atropellos que algunos de sus integrantes han cometido contra la gente.
Felipe Calderón ha desatendido el llamado del Poder Legislativo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que demandan devolver el Ejército a los cuarteles. Por lo demás, el número de ejecuciones relacionadas con el narco no disminuyó, y las cifras sobre decomisos, erradicación de plantíos y detenciones de presuntos delincuentes confirman que el trasiego ilegal de estupefacientes sigue operando con normalidad.
A estos desalentadores datos habrá que añadir la firma del acuerdo binacional de asistencia en materia de combate al crimen organizado, nombrado oficialmente Iniciativa Mérida, pero conocido popularmente como Plan México por sus similitudes con el Plan Colombia. Este acuerdo no garantiza una disminución en la actividad de los grupos delictivos, pero sí prevé una mayor dependencia tecnológica y operativa de Estados Unidos por parte de las instancias de seguridad pública. Su suscripción, por cierto, ha sido rechazada por amplios sectores de la opinión pública, e inclusive por algunos círculos castrenses.
En suma, el saldo del primer año de gobierno de Felipe Calderón no parece proporcionar elementos para celebrar: la fiesta anunciada para hoy en Palacio Nacional parece obedecer, en todo caso, a una intención de posicionar al jefe del Ejecutivo federal en los medios de comunicación, práctica por demás común durante estos 365 días, acaso para paliar la crisis de legitimidad que la actual administración padece de origen.