El Estado hueco
No queríamos quedarnos atorados con algo defectuoso. Eso fue lo que Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, dijo ante una comisión de la Cámara, el mes pasado. Se refería al “muro virtual” planeado para las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. Si todo el proyecto sale tan mal como el prototipo de 28 millas, podría resultar ser uno de los defectos más caros de la historia: se proyecta que su costo sea, de aquí a 2011, de 8 mil millones de dólares.
Esta semana, Boeing, la compañía que obtuvo el contrato –el más grande otorgado por el Departamento de Seguridad Interna–, anunció que finalmente, tras meses de retraso debido a problemas con las computadoras, va a probar el muro. Las fuertes lluvias confundieron sus cámaras de control remoto y sus radares, y los sensores no pueden distinguir entre gente que se mueve, vacas pastando o arbustos que ondean sus hojas. Pero esta debacle apunta a algo mayor que una defectuosa tecnología. Revela la defectuosa lógica de la visión de la administración de Bush, que favorece un gobierno ahuecado, administrado en todos los aspectos posibles por contratistas privados.
Según esa visión radical, los contratistas ven al Estado como cajero automático, del cual retiran contratos masivos para llevar a cabo funciones centrales, como asegurar las fronteras e interrogar a prisioneros, y hacen depósitos en la forma de contribuciones a las campañas. El ex director de presupuesto del presidente Bush, Mitch Daniels, lo dijo así: “la idea general –de que la tarea del gobierno no es proveer servicios, sino asegurarse de que se provean– me parece obvia”.
El otro lado de la moneda de la directiva de Daniels es que el sector público pierde, a pasos agigantados, la habilidad para llevar a cabo sus más básicas responsabilidades, sobre todo en el Departamento de Seguridad Interna, el cual, como creación de Bush, ha seguido el modelo del cajero automático desde su concepción.
Por ejemplo, cuando el controvertido proyecto fronterizo fue lanzado, el departamento admitió que no tenía ni idea de cómo asegurar las fronteras y además no creía que fuese su tarea averiguar cómo hacerlo. El subsecretario de Seguridad Interna dijo a un grupo de contratistas que “ésta era una inusual invitación… les pedimos que regresen y nos digan cómo hacer nuestra tarea”.
Las compañías privadas no sólo llevarían a cabo el trabajo, también identificarían qué trabajo necesitaba hacerse, escribirían sus propias órdenes de trabajo, las pondrían en práctica y las supervisarían. Todo lo que el departamento tenía que hacer era firmar cheques.
Y, como dijo un ex alto funcionario de Seguridad Interna, “si no proviene de la industria, no podremos lograrlo”.
En pocas palabras, si un trabajo no puede ser subcontratado, no puede ser realizado.
Esta filosofía, central en los años de Bush, explica estadísticas como ésta: en 2003, el gobierno estadunidense otorgó a las compañías 3 mil 512 contratos para llevar a cabo funciones de seguridad interna, desde la detección de bombas hasta la búsqueda de datos. En el periodo de 22 meses que finalizó en agosto de 2006, el Departamento de Seguridad Interna emitió más de 115 mil contratos relacionados con la seguridad.
Si el gobierno ahora es un cajero automático, quizá la guerra contra el terror se puede comprender mejor no como una guerra, sino como una nueva economía en expansión, basada en una continua inestabilidad y desastre. En esta economía, el equipo de Bush no administra la asociación empresarial; más bien juega el papel del capitalista de grandes bolsillos, siempre atento a las nuevas compañías de seguridad (una inmensa mayoría encabezadas por ex empleados del Pentágono y Seguridad Interna). Roger Novak, cuya empresa invierte en compañías de seguridad interna, lo explica así: “Todos los grupos inversionistas están atentos a qué tan grande es el pesebre (gubernamental) y se preguntan ‘¿cómo puedo obtener una parte de la acción?’”
El contrato fronterizo de Boeing es sólo una parte de esta acción. Otra, claro, es el auge de los contratistas de seguridad en Irak, actualmente estelarizado por Blackwater USA.
El mes pasado, cuando el gobierno iraquí acusó a guardias de Blackwater de masacrar civiles en Bagdad, quedó claro que la embajada estadunidense no tenía ninguna intención de cortar lazos con Blackwater porque no podría funcionar sin él.
Quizá por ello ese mismo buró se apresuró en responder a los alegatos del gobierno iraquí del tiroteo de septiembre con un informe propio: que los guardias de Blackwater fueron atacados y respondieron. Días más tarde salió a la luz pública que un contratista de la embajada escribió el informe, contratista que trabajaba para Blackwater. Entonces, la administración envió a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a investigar los tiroteos. Sin embargo, pronto se supo que sus investigadores podrían ser protegidos por Blackwater. La FBI anunció que, por esta ocasión, buscaría otros arreglos.
Y, ¿recuerdan el huracán Katrina, cuando los contratistas –incluyendo a Blackwater– llegaron a Nueva Orléans? Para ese entonces, la FEMA (la Agencia Federal en Manejo de Emergencias, integrada a Seguridad Interna. N. de la T.) ya estaba tan ahuecada que tuvo que contratar un contratista para que la ayudara a administrar a todos los contratistas. Y, a pesar de todas las controversias, el ejército recientemente decidió que necesitaba actualizar su manual sobre el trato con los contratistas. Le dio la tarea de realizar el borrador de una nueva política a uno de sus principales contratistas.
Todavía se parece a un gobierno: con impresionantes edificios, sesiones informativas sobre la presidencia a los medios, batallas sobre las políticas. Pero si corres la cortina, no hay nadie en casa.
El escándalo de Blackwater podría haber ofrecido una oportunidad para cuestionar la pertinencia de transformar la seguridad estatal en una actividad con fines de lucro, pero no en el Washington de hoy. En vez de remplazar sus contratistas cowboy con tropas, el Departamento de Estado dice que instalará cámaras de video en los vehículos que protegen.
La vigilancia a través de video es uno de los sectores más lucrativos de la economía de la guerra contra el terror. Hasta podría resultar ser una maravillosa noticia para los altos ejecutivos de Blackwater, que lanzaron una nueva compañía de inteligencia privada presentada como un “servicio integral capaz de satisfacer todas las necesidades de inteligencia, operativas y de seguridad”. Si el pasado nos enseña algo, no hay razón por la cual los hombres de Blackwater no podrían ser contratados para espiar a Blackwater. De hecho, sería la perfecta expresión del Estado hueco que Bush construyó.
© 2007 Naomi Klein.
* Autora del libro de reciente publicación The shock doctrine: the rise of disaster capitalism.
Traducción: Tania Molina