Acteal en la memoria histórica
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha seguido con atención las primeras dos partes del artículo “Regreso a Acteal” (escrito por Héctor Aguilar Camín y publicados en la revista Nexos, números 358 y 359). Hemos sido, además, pacientes observadores de la discusión suscitada en medios de comunicación, ámbitos sociales, civiles y gubernamentales sobre este tema.
A la luz de este debate entendemos que el escrito de Aguilar Camín tiene un sesgo interpretativo que responde a un concierto de intereses que buscan desvirtuar los hechos y la naturaleza misma del conflicto armado en Chiapas. Ese sesgo parte de imprecisiones y omisiones que se vuelven serias a la hora de querer dimensionar lo que ocurrió y lo que provocó la masacre de Acteal. Lo expondremos de la siguiente manera:
a) Sobre la existencia de grupos de autodefensa o grupos paramilitares. El texto de Aguilar Camín sigue la línea desarrollada por la PGR en el Libro blanco de Acteal. En los artículos se afirma que dada la violencia zapatista y las presuntas manos atadas de las fuerzas de seguridad, Ejército y policía, de manera espontánea y como defensa, diversos grupos se armaron, aunque después la defensa se volvió ataque (Capítulo 1, “Regreso a Acteal II: El camino de los muertos”, Nexos 359, pág. 65). Esta visión presupone un enfoque discriminatorio hacia los indígenas, al mostrarlos como bárbaros en la forma en que dirimen sus conflictos; la segunda implicación es que induce a pensar que el Estado, impotente, se encontraba en medio del diferendo.
Múltiples testimonios de las víctimas han señalado la vinculación estrecha entre esos grupos armados y la policía. Vinculación que no era sólo de complicidad sino de subordinación. Como Carlos Marín señala: existía un plan elaborado por el Ejército Mexicano, denominado Plan de Campaña Chiapas 94. “‘Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN, publicada el 3 de enero de 1998’, en la revista Proceso, que ‘parecía corresponder a una estrategia contrainsurgente precisa, diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de la Defensa Nacional’, en la que ‘los servicios de Inteligencia Militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones’, además de consignar que a principios de 1997, en Santa Martha y Pechiquil; en Yaxjemel, Los Chorros y Puebla –éstos en la región de Chenalhó– comenzaron a funcionar campos de entrenamiento de organizaciones paramilitares”, Milenio, 29 de octubre de 2007).
Basta comparar las afirmaciones del plan con los hechos suscitados entre 1995 y 1998 en la zona de conflicto para corroborar que la violencia paramilitar respondió a una estrategia gubernamental y no fue producto espontáneo de conflictos intercomunitarios. Levantando la mirada (cosa que no hizo la PGR en el Libro blanco de Acteal) resulta obvia la impresionante “coincidencia” que existe entre la constitución de los grupos paramilitares como Máscara Roja en Chenalhó y Paz y Justicia en la región norte, y la operación de la Fuerza de Tarea Arco Iris (1995-1998) bajo el mando del general Mario Renán Castillo (1995-1997).
Por testimonios de decenas de comunidades desplazadas se sabe que tanto Máscara Roja como Paz y Justicia tuvieron una estrecha relación con la policía; ambos grupos fueron entrenados por militares en retiro o en vacaciones; ambos expulsaron a los opositores de sus comunidades, incendiaron poblados enteros, impusieron tareas y cuotas a la población, encarcelaron, desaparecieron y asesinaron –ante los ojos complacientes de las fuerzas armadas– a sus opositores. Ambos perpetraron atentados en contra de miembros de la Cocopa, de los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz y de uno de los abogados de este centro, José Antonio Montero.
A los paramilitares se les encomendó “quitarle el agua al pez”, es decir, atacar a la población civil para aislar a los insurgentes, de acuerdo con la doctrina contrainsurgente del Plan de Campaña Chiapas 94. En todos los casos, los ataques se realizaron en contra de población civil, indefensa, no importando su filiación sino su autoadscripción negativa: no ser del PRI (aun así, este centro recibió denuncias de priístas que rechazaron la política violenta paramilitar y corrieron la misma suerte que sus opositores).
La más terrible afrenta que comete Aguilar Camín en su crónica no es la de afirmar cómo los indios se “mataron entre ellos”, sino la de pretender ocultar la existencia de un régimen capaz de ejecutar una política deliberada de ataques sistemáticos contra la población civil, es decir, de crímenes de lesa humanidad. El historiador busca desvanecer la responsabilidad de un régimen que hasta la fecha se mantiene cómplice de esos crímenes.
b) De lo que sucedió en el campamento de Los Naranjos o Acteal el día 22 de diciembre de 1997 y lo que lo provocó. El campamento de Los Naranjos no era un poblado, sino un campamento de desplazados de la Sociedad Civil Las Abejas. En su calidad de desplazados y aun sabiendo del ataque inminente, sus integrantes decidieron no moverse y permanecer en el lugar orando. Esa decisión no sólo tuvo motivaciones religiosas, que en un ambiente de zozobra es quizá lo único que queda. El terreno escabroso en el que se encuentra el campamento y el movimiento envolvente de los atacantes no dejaba más salida que la que llevaba al destacamento a caer en manos de la policía que se encontraba a 200 metros del lugar. En el argot militar a este operativo se le denomina la estrategia del yunque y el martillo: los paramilitares hacen la vez de martillo mientras la policía hace la de yunque, para lograr que suceda lo que finalmente ocurrió: cortar el paso a un posible escape.
Hay que recordar que desde las 12 horas del mismo 22, el padre Gonzalo Ituarte, vicario de paz y justicia de la diócesis, enterado de los disparos, habló a las oficinas del gobernador, para avisar de los hechos. Ese mismo día, la antena de comunicación de la Cruz Roja en la región extrañamente se descompuso. El ataque duró, de acuerdo con los testimonios de sobrevivientes y testigos, alrededor de siete horas, y sin embargo el gobierno no actuó para impedir o detener la masacre. Ese era su papel, no actuar, dejar que pasara lo que pasó.
* Directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas