SEP: ¡uff!, apenas el primer año
En octubre el Consejo Nacional de la ANUIES comunicó que urgía contar con una política de Estado para el financiamiento de la educación superior capaz de vertebrar presupuestos multianuales y otorgar seguridad a las universidades en el desarrollo de sus proyectos académicos. Mientras tanto, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán (subsecretario de Sedeso con Fox), cumplía casi un año de ofertar “propuestas” altamente continuistas. En febrero, la secretaria Josefina Vázquez Mota (titular de Sedeso con Fox) sostuvo que la currícula “ya no le está diciendo lo suficiente a los jóvenes” y pidió a los gobernadores “vigilar” a qué escuelas otorgan el registro de validez oficial de estudios (Revoes). En marzo aclaró que, para consolidar sus proyectos, las instituciones de educación superior (IES) deberían fomentar la búsqueda de fuentes complementarias de financiamiento, el incremento de ingresos propios y el “uso de fondos internacionales”.
Inmediatamente, Tuirán detalló que los “nuevos criterios” que regirían los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados preveían que el fondo de apoyo a las reformas estructurales –mil 200 millones de pesos– tendría el objetivo de reducir pasivos contingentes. Pero que para concursar por esos recursos, matizó, las IES deberían presentar proyectos que incidieran en el saneamiento financiero, así como generar ahorros superiores al monto de los recursos asignados. Días después agregó que para enfrentar el fenómeno de las llamadas universidades patito, más que incidir sobre “mecanismos” de control, debería fortalecerse la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudios. Porque, en la medida en que el “propio mercado influya”, las instituciones sin calidad o Revoe “van a ir desapareciendo por la presión y demanda de mayores niveles de calidad”.
Aunque no resulta tan claro que por sí mismo el “propio mercado influya”, porque ante un previsible incremento de la matrícula –cercano a 40 por ciento– ya se vislumbra el interés de fondos de inversión y colegios corporativos extranjeros para adquirir instituciones privadas que han capturado una significativa fracción del mercado. Ese es el caso de la Universidad del Valle de México, adquirida por Laureate Internacional Universities, y de la Universidad Latinoamericana, adquirida por Carlyle Group. Por su parte, la Universidad Insurgentes escucha ofertas. Y es que las transformaciones en el sector educativo han configurado una suerte de mercado global de IES con alto atractivo. Toda vez que los establecimientos privados controlan más de 30 por ciento de la matrícula y que la “vigilancia” de la SEP es laxa (Revoe) ¿cómo “influirá” el propio mercado sobre la calidad?
Entonces Tuirán optó por componer “grupos de trabajo” –integrados por legisladores, funcionarios, académicos y organizaciones civiles– para diseñar una “política de Estado” en educación superior. Nunca se constituyeron, aunque en materia de financiamiento estimó que “hace falta” una mayor inversión de los gobiernos estatales (y hasta municipales), así como que las jubilaciones y pensiones “se convierten” en una presión para cualquier presupuesto. Y volvió a señalar como formas alternas de financiamiento los “ingresos” por venta de servicios, intercambios y convenios.
Días después la secretaria Vázquez Mota ofreció instalar una mesa de análisis con la Conago y las universidades para “revisar” el modelo de distribución de los recursos. Pero antes de que esto sucediera, Tuirán condicionó –en junio–, la entrega de recursos adicionales a ocho universidades con presiones financieras (jubilaciones y pensiones) “únicamente si realizan reformas estructurales que garanticen que ya no los volverán a generar”. Luego arribó la OCDE, la que, primero, demandó que México edifique marcos normativos “estrictos y permanentes ante el “explosivo” crecimiento de instituciones de educación privadas y luego propaló la iniciativa de que las universidades “tendrían que empezar a ser más empresarias ampliando su portafolio de suministro de servicios”. Y después de recomendar “privatizar la educación”, así como “no aumentar el gasto hasta que se lo invierta eficientemente”, Blanca Heredia –su representante en México– sugirió que la SEP debería vincular el “desempeño del dinero invertido en salarios dentro de la carrera docente, desde el ingreso y la promoción hasta la jubilación”, mientras Tuirán reiteraba que las universidades deben “darse a la tarea” de incrementar sus recursos propios y recibir subsidios de los gobiernos locales. Finalmente, invocando una fantástica “democratización financiera” para el ingreso a la educación superior, Tuirán anunció –septiembre– que la SEP lanzaría por primera vez un sistema de créditos administrados por las Sofoles y diseñado por Nafin, mediante el cual los estudiantes podrían adquirir una deuda para cursar sus estudios en universidades privadas y públicas y que deberán saldar al culminar la carrera. Su argumento “fuerte” fue: si realmente “queremos” ampliar la cobertura, se debe crear este sistema “con tasas de interés preferenciales y regulado por el mercado”.
El primer año de la continuidad calderonista cerró con otra perla. Tuirán delineó –también en septiembre– la “principal apuesta” sexenal para la educación superior: transformar la composición de las profesiones, para lo cual se ajustará la matrícula. Se requiere, enfatizó, un “nuevo arreglo institucional”. Pero en octubre trabajadores administrativos, jubilados y pensionados de la Universidad Autónoma de Zacatecas paraban labores para exigir que su rector cumpliera con el contrato colectivo de trabajo y una minuta que lo compromete a otorgar más de 2 millones de pesos para jubilaciones. Este paro cerraba un año de ajustes laborales en las universidades de Sinaloa, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Sonora, entre otras.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco