Impunidad al más alto nivel
El pasado viernes 16 de noviembre el Grupo Paz con Democracia alertó al país sobre un proceso de ocupación integral, a la vez abierto y silencioso, impuesto por los gobernantes con políticas y transformaciones legalizadas o fuera de la ley, con el fin de seguir refuncionalizando a México al proyecto “globalizador” y hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina una inmensa región del mundo, encabezado por el gobierno de Estados Unidos.
Llamó entonces a las fuerzas patriotas y nacionales a continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser pacífico, por la democracia, conscientes de que el anhelo histórico de México consiste en estructurar un país soberano y democrático, que permita a todos sus integrantes y comunidades pleno desarrollo, en su unidad y pluralidad.
Como uno de los efectos más perniciosos y sentidos de esta neocolonización de México, señaló con atingencia el vaciamiento del estado de derecho, que se expresa en las violaciones graves a los derechos humanos, la criminalización de la protesta social, el disimulo ante la impunidad, la aplicación arbitraria del derecho, e incluso su aparente recurrencia a él para actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes. Por un lado le piden al pueblo que actúe “conforme a derecho”, y por otro violan sistemáticamente las leyes y la propia Constitución, pretendiendo además legitimar y legalizar la arbitrariedad.
La repugnante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado jueves sobre el evidente caso de Lydia Cacho muestra con meridiana claridad la profundidad de la crisis ética y jurídica de las instituciones de administración de justicia en el país, y acredita en grado sumo la desconfianza de la ciudadanía hacia ellas. Al tribunal supremo de la nación no le ha bastado descalificar en el pasado como sujetos interesados a organizaciones civiles de derechos humanos que han acudido a él en tiempo y forma para solicitar investigaciones imparciales sobre notorias y graves violaciones a los derechos humanos, como fueron los casos de Aguas Blancas y Acteal. En definitiva tampoco le ha parecido indecoroso que algunos de sus miembros hayan considerado recientemente como superfluo o inútil el artículo 97 de la Constitución, que los faculta a investigar alguna violación o violaciones graves a las garantías individuales, y reglamentar unilateralmente en el pleno su aplicación, antes de que se lleve a cabo la reforma democrática del Estado urgida por la ciudadanía.
No le ha bastado tampoco que sus resoluciones en esta materia tan fundamental no sean constitucionalmente vinculatorias, ni iniciar o reiniciar investigaciones que se van achicando durante el trayecto en sus alcances. Ahora resulta que se vuelve a sancionar la impunidad al más alto nivel, y se exonera de paso a los presuntos responsables de algunos de los delitos más graves, recientemente tipificados en el país.
Es realmente el colmo, porque ni siquiera se quiso escuchar la modesta exhortación de uno de los ministros, para que al menos otras instancias investigaran la presunta responsabilidad de las autoridades señaladas en la ponencia del ministro Juan N. Silva Meza. El pronunciamiento de la SCJN era el contenedor ético-jurídico en el que se llevaría a cabo el resto de las investigaciones, cuyo fin es ahora previsible.
En este contexto, la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada el 27 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, nace muerta. Su contenido, además de carente de técnica jurídica, poco podrá hacer con criterios como el que ha dado ahora el pleno de la SCJN. Así, la cobardía del máximo tribunal para respaldar moralmente la lucha jurídica contra la trata de personas contrasta con la valentía de la periodista Lydia Cacho, a cuya voz toca el turno de ser protegida por la sociedad civil organizada, de manera urgente, para detener un hecho abominable: el Poder Judicial de la Federación ampara y protege a los pederastas y a los encubridores de la trata de personas.
De la lectura del debate del jueves llegamos a la conclusión extrema de que la periodista debe ofrecer disculpas por hacer grande lo que sólo son ligeras irregularidades en el procedimiento de su detención. Incluso nos preguntamos ahora si acaso será procedente iniciar una indagatoria en su contra, por la actitud que le imputó el ministro Ortiz Mayagoitia. Una vez más el Estado mexicano cierra las puertas de la administración y procuración de justicia y de la investigación seria, documentada e imparcial de las graves violaciones a derechos humanos realizadas por altos personajes de la vida política nacional, como es el caso de los gobernadores de Puebla y Oaxaca, de quienes ya es previsible su exculpación, seguramente con el argumento de que no hay que exagerar las cosas.
En mayo pasado Lydia Cacho tuvo oportunidad de informar al relator especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, Juan Miguel Petit. El anuncio que ahora hace la periodista de acudir a diversas instancias internacionales de derechos humanos es una vía imprescindible ante la falta de entereza de nuestro sistema judicial.
Una pregunta postrera: ¿las ministras, en este lavatorio de pies de la impunidad, pensaron con perspectiva ya no de justicia, sino de solidaridad de género?