Exigen se sume la ciudadanía al debate en el Senado
Incompleta, iniciativa de Creel sobre derechos, advierten ONG
La iniciativa presentada por el senador Santiago Creel en materia de derechos humanos –y avalada por las fracciones de PRI, PRD, PVEM y Convergencia– contiene elementos mínimos en la defensa de dichas garantías, señalaron integrantes de diversas organizaciones sociales y de la academia.
En conferencia de prensa, respondieron de inmediato a la propuesta de ley formulada durante la sesión del pasado 28 de noviembre en el Senado. Exigieron a los legisladores sumar a la ciudadanía en el debate de dicha reforma, ya que debe ser “incluyente, plural, consensuada e integral, y responder a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país”.
Activistas y académicos demandaron además que la iniciativa contemple elevar a nivel constitucional todos los tratados internacionales que México ha ratificado en la materia, pues consideraron que la propuesta de Creel no considera dicho aspecto.
“En el proceso de reforma del Estado que se debate en el Congreso de la Unión se debe garantizar una modificación constitucional en materia de derechos humanos que refuerce los mecanismos y garantías para su protección, incorpore la perspectiva de género de manera transversal, retome la universalidad de los derechos y ubique la Carta Magna a la altura de otras constituciones que han logrado incorporar esas garantías”, aseveraron.
Fernanda Díaz, representante de GIRE, señaló que si bien la propuesta del Senado no es mala, “en derechos humanos no podemos aceptar mínimos”, por lo que recordó que un grupo de organizaciones y académicos entregó hace varias semanas una iniciativa en la materia surgida desde la sociedad civil, en la que, “sobre todo, se exige elevar a nivel constitucional los acuerdos internacionales firmados por México.
“Nuestra propuesta introduce plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución, incorporando derechos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en ella, además de que refuerza las garantías y mecanismos de protección de éstos”, aseguraron los activistas.
En su turno, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que la propuesta de Creel no refleja el sentir ciudadano, además de que las autoridades manejan un discurso de apertura y escucha a la sociedad, “pero en la toma de decisiones eso no se refleja”.
Luis Caballero, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que los legisladores “deben rescatar la participación ciudadana en ese debate, pues en los grandes cambios legislativos recientes (ley de transparencia y la que ataca la discriminación) los ciudadanos han sido partícipes”.
Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos de la Uia y Cencos, entre otros, manifestaron que es indispensable que el debate parlamentario “se centre en lograr una reforma constitucional incluyente, plural e integral, para sentar las bases de un Estado democrático, cuyo objetivo fundamental sea el respecto a las garantías de quienes habitan en el país”.