Usted está aquí: sábado 1 de diciembre de 2007 Política Temerario, que la Corte exonere a Marín de las vejaciones a Cacho: legisladores

México necesita urgentemente que la impunidad no sea avalada desde el poder: PAN

Temerario, que la Corte exonere a Marín de las vejaciones a Cacho: legisladores

Replantearán demanda de juicio político contra el góber precioso; los ministros, “cínicos”

G. Saldierna, A. Becerril y R. Garduño

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, la panista Judith Díaz, consideró un “precedente temerario” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de exonerar al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. En tanto, la dirigencia nacional del PAN informó que impulsará la apertura del juicio político en contra del mandatario estatal.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el también panista Diódoro Carrasco, anunció que la próxima semana se convocará a sesionar a la Subcomisión de Examen Previo para analizar la demanda de juicio político contra el llamado góber precioso.

“Vamos a replantear las cosas en el juicio político a Mario Marín, porque los ministros se volvieron ciegos, sordos, complacientes y, lo que es más grave: cínicos”, sostuvo a su vez Irma Piñeyro, diputada de Nueva Alianza.

Por su parte, los priístas trataron de evadir el tema; sólo el senador José Mejía González consideró que la resolución de la Corte “fue muy buena, aunque deben evitarse ese tipo de escándalos”.

Sin embargo, el PAN advirtió que va contra el mandatario local. Rogelio Carbajal, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, consideró que el fallo de la Corte no es adecuado, porque “los elementos que todos conocimos indican una clara confabulación entre dos poderes para coartar los derechos de la periodista”.

Resaltó que la resolución no es vinculatoria, por lo que quedan expeditas las vías judicial y política. Esta última, a partir del juicio político solicitado desde hace más de año y medio en la Cámara de Diputados contra el mandatario poblano, explicó.

Carbajal Tejada consideró “gravísimo” lo que sucedió con la periodista, e insistió en que se deben utilizar las vías expeditas, porque México necesita urgentemente que la impunidad “no sea avalada desde el poder”, cosa que podría suceder si no se da una serie de actuaciones, que pueden ir de lo judicial a lo político en la Cámara de Diputados, insistió.

Diódoro Carrasco dijo que convocarán a sesión a la Subcomisión de Examen Previo, porque la última quedó suspendida hace un mes, justo cuando se discutía el tema del Ejecutivo de Puebla. “Precisamente, la discusión se centró en si esperábamos las conclusiones de la Corte sobre el tema”.

Por su parte, la perredista Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, sugirió que no se dé carpetazo al caso Mario Marín y las redes de peredastia, porque –dijo–, independientemente de la resolución de los ministros, se tiene que investigar por el bien de la justicia.

La senadora Judith Díaz calificó de “temerario” el precedente que ha sentado la Corte al exonerar a un personaje como Mario Marín, quien tiene todo el repudio de la sociedad por haber ordenado que se encarcelara a Lydia Cacho y se le sometiera a vejaciones de todo tipo.

A los ministros que votaron en ese sentido, en especial a Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, la panista les pidió que le digan qué se necesita para que en México se aplique la justicia.

Igualmente, el senador perredista Ricardo Monreal consideró que el Poder Judicial “es una vergüenza”, ya que la resolución de la Corte ratificó un acuerdo político para impedir que se castigue a Marín.

“Ahora, cualquier gobernador podrá secuestrar y meter a la cárcel a periodistas que den a conocer ilegalidades, y a opositores, ya que al final algunos ministros los cubrirán con un manto de impunidad.

En tanto, con enojo, Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en San Lázaro, explicó que el fallo formó parte de una negociación de los poderes fácticos con los gobiernos federal y estatal.

La diputada perredista Valentina Batres Guadarrama también calificó la decisión judicial como una desgracia pero, advirtió, “no nos dormiremos en nuestros laureles; vamos a emprender una batalla legal en el país y allende las fronteras”.

“Increíble”, carcajada de Ortiz Mayagoitia

Irma Piñeyro, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, la emprendió con dureza contra los ministros. “Fue una decisión que impacta de manera brutal; los mexicanos quedamos desamparados”. Con enojo, la legisladora insistió en que la mayoría de los mexicanos se percató de lo inoportuno y cuestionable del fallo judicial.

“Parece increíble que en la sesión se escuchara al presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, lanzando una carcajada”.

Asimismo, la perredista Aliett Bautista cuestionó el sistema de justicia imperante en el país, y dijo que será necesario elaborar una reforma en la materia.

“La decisión de los ministros advierte el desdén hacia las mujeres en México; la Suprema Corte puso sobre la mesa una arma de represión y ultraje”.

Por su lado, el senador Alejandro González, miembro de la dirección colectiva del Partido del Trabajo, manifestó que el máximo tribunal del país dejó pasar la gran oportunidad de dar la vuelta de tuerca a la historia de México, lo que implicaba enfrentar y vencer la impunidad gubernamental.

Obviamente que esa decisión huele a azufre; se percibe la intervención política de gente interesada en que se tomara esa medida. El legislador quiso poner aparte a los ministros que votaron en favor de la ponencia de Juan Silva Meza, la cual establecía que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos de Cacho Ribeiro.

Hay que resaltar la dignidad de esos ministros –subrayó–, y lamentó que las dos mujeres que forman parte de la Corte hayan votado en contra del documento.

Asimismo, el senador y secretario de acción electoral del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, dijo que la resolución de la Corte es política y moralmente desafortunada, aunque parece que jurídicamente está bien sustentada. Pese a ello, no es este el mensaje que buscábamos en los ministros, puntualizó.

 
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