Regresiva, lamentable, preocupante y triste, entre los calificativos dados a la resolución
Critican defensores de derechos el fallo de la Corte contra Lydia Cacho
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no sancionar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por las agresiones cometidas contra la periodista Lydia Cacho es regresiva, lamentable, preocupante y triste, señalaron defensores de derechos humanos. Insistieron en que la decisión de los ministros constituye “un golpe bajo” que impulsa la impunidad, ya que contaban con todos los elementos para declarar culpable a Marín.
Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que la decisión del pasado jueves es un “vergonzoso” acto de impunidad. “Es indignante porque no fortalece a la democracia del país, sino que es una burla a la justicia y genera aún más desconfianza de la ciudadanía con sus instituciones.”
La activista indicó que otro de los crímenes que los ministros permitirán es que los actos de pederastia denunciados por la periodista quedarán sin castigo. Por ello, indicó, la decisión de la Corte en el caso Lydia Cacho “es uno de los golpes más fuertes que ha resentido el país, y no han sido pocos”.
Ramírez agregó que el mensaje que Mario Plutarco Marín hizo público tras la resolución de la Corte, en el que afirma que acatará dicha decisión, “es una burla”, además de que usa recursos públicos para seguir limpiando su imagen.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que el fallo del máximo tribunal “alienta la persistencia de la impunidad e incrementa la vulnerabilidad de periodistas y defensores de los derechos humanos”.
La ONG subrayó que la SCJN dejó ir “la oportunidad de contribuir a la consolidación de una democracia tan débil como la nuestra”. Agregó que es aún más grave que la negativa de la Corte para sancionar a Marín no sea un acto aislado sino una cadena de diversas violaciones a las garantías individuales y persistencia de la impunidad e ineficiencia del sistema de justicia.
José Luis Caballero, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, indicó que con la resolución del pasado jueves los ministros mandaron el mensaje de que en México “continúa el déficit” en la materia.
El académico indicó que, debido a que el recurso de amparo en México “es cada vez más cerrado”, el artículo 97 constitucional que faculta a la Corte para investigar sobre violaciones a los derechos humanos debería garantizarse, pues no hay violaciones graves y no graves, por lo que consideró que la apreciación de los integrantes de la SCJN es inadmisible.
“(Los ministros) contaban con los elementos necesarios para señalar la culpabilidad de Marín.”
En tanto, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que la Suprema Corte “se limitó al máximo y dejó abierta la puerta a la impunidad. Los ministros pudieron empujar más a la justicia, sus argumentos resultaron escandalosos; señalan irregularidades del gobernador poblano, pero no pasará nada; eso refleja que el sistema de justicia es un desastre. No se puede afirmar que algunas violaciones a los derechos humanos no son graves, pues todas estas lo son”.
Las fuentes consultadas coincidieron en que el hecho de que la periodista tenga que acudir a instancias internacionales en busca de justicia “es lamentable y refleja la inequidad en la justicia de nuestro país”.