Comisión de magistrados otorga plazo de 30 días
Exige Corte a la APPO probar sus acusaciones
Programa reuniones con víctimas y excarcelados
Oaxaca, Oax., 29 de noviembre. La comisión investigadora que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para indagar las violaciones a derechos humanos cometidas por los gobiernos federal y estatal durante el conflicto político y social en la entidad se reunió durante más de tres horas con miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y dio un plazo de 30 días para que prueben sus acusaciones.
Al término del encuentro, el abogado Gilberto Hernández Santiago, miembro de la comisión jurídica del movimiento magisterial y popular, dijo que el grupo investigador –encabezado por los magistrados de circuito Manuel Baraimar Constantino y Roberto Lara Hernández– “estuvo atenta y receptiva” al informe sobre los antecedentes, causas y efectos del problema político social.
“Les dimos los argumentos básicos de lo que ha sucedido y nos escucharon con atención”, señaló el abogado en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de los voceros de la APPO Florentino López Martínez y Cástulo López Pacheco.
Explicó que la comisión indagará las violaciones a derechos humanos ocurridas del primero de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007, periodo en el que se registraron el desalojo del plantón del zócalo oaxaqueño, detenciones ilegales, tortura y asesinatos, así como agresiones de las policías estatales y Federal Preventiva.
También se indagarán los arrestos ilegales y la tortura infligida a integrantes de la APPO el 16 de julio pasado, durante la celebración de la Guelaguetza popular.
El abogado precisó que la comisión investigadora ha programado audiencias para escuchar de manera directa a las víctimas de la represión, entre excarcelados, torturados y familiares de asesinados, así como de otros agraviados. “De lo general se pasará a lo particular; (se analizará) caso por caso, porque existen cientos.”
La comisión de la Corte dio plazo de 30 días a la APPO para entregar pruebas de sus acusaciones contra autoridades federales y estatales, que pueden ser documentos, fotografías y/o videos. No obstante, mencionó que el periodo puede ser prorrogable si así se solicitará.
Por otra parte, Hernández Santiago descartó que la resolución del máximo tribunal sobre el caso Lydia Cacho “sea una mala señal” para Oaxaca, porque “las violaciones a los derechos humanos aquí son múltiples e innumerables”.