Petición a los gobiernos federal y de Chiapas, así como a organismos internacionales
Llamado de Vía Campesina a proteger pueblos amenazados de Olga Isabel
Tensa situación en el municipio de Bolom Ajaw por el hostigamiento de paramilitares
Agua Azul, Chis., 29 de noviembre. Las organizaciones Vía Campesina y FIAN Internacional llamaron a realizar una acción global urgente para proteger a las comunidades amenazadas en el municipio autónomo Olga Isabel. Para ello han apelado a los gobiernos federal y estatal, así como a instancias de Naciones Unidas.
En tanto, sigue tensa la situación aquí, donde colindan las regiones autónomas San José y La Montaña, del municipio autónomo Olga Isabel (también en el límite entre los municipios oficiales Tumbalá y Chilón), debido a sucesivas agresiones a la comunidad zapatista Bolom Ajaw, en las inmediaciones del río Agua Azul.
Todavía la noche del martes 27, priístas armados realizaron disparos al aire para amedrentar a los pobladores. Miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) se mantienen apostados alrededor de Bolom Ajaw, adonde ingresaron violentamente el día 24. Son tres grupos armados (procedentes de la comunidad Agua Azul, donde se localizan las cascadas y el conocido centro turístico). El día 28 se instaló un campamento civil de observación en la comunidad amenazada.
Vía Campesina señala que en el ejido Mukulum-Bachajón, también en Olga Isabel, unas 271 familias indígenas fueron despojadas de sus tierras por la vía legal, en beneficio de la Opddic, señalada reiteradamente como organización paramilitar. “Por lo menos 70 familias se encuentran amenazadas con el desalojo de sus tierras. Debido a irregularidades en los procesos agrarios promovidos por la Opddic en connivencia con autoridades locales, estatales y federales, se desconocieron los derechos legales y legítimos de estas familias”.
Éstas enfrentan actualmente un juicio de desalojo. “El despojo legal y el posible desalojo constituyen amenazas graves a la seguridad de la tenencia de la tierra de estas familias y ponen en serio peligro sus derechos a la alimentación y a la vivienda”. La acción convocada por Vía Campesina y FIAN Internacional ha desatado el envío de cartas al magistrado Rafael García Simerman, titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) tres, de Tuxtla Gutiérrez, al que solicitan se suspenda definitivamente el desalojo.
Copias de cada carta han sido remitidas al presidente Felipe Calderón, al gobernador Juan Sabines Guerrero y al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto. Además, la acción fue reportada a los relatores de Naciones Unidas Jean Ziegler (relator del derecho a la alimentacion), Miloon Kothari (del derecho a la vivienda) y Rodolfo Stavenhagen (de pueblos indígenas).
Origen de la ocupación
Para documentar el transfondo del problema, Vía Campesina recuerda que en el levantamiento indígena de 1994, campesinos zapatistas y otros grupos ocuparon más de mil 300 fincas privadas en un área de más de 250 mil hectáreas. “Para bajar la tensión del conflicto, el gobierno mexicano procedió a comprar las tierras ocupadas a los terratenientes afectados y reconoció los derechos de familias ocupantes utilizando un fideicomiso agrario. De esta manera, se realizó en Chiapas una significativa reforma agraria que ha redistribuido más de 200 mil hectáreas”.
En Chilón, diversos grupos ocuparon 3 mil hectáreas ese año y conformaron el municipio autónomo Olga Isabel. “En diciembre de 1996, la SRA creó el fideicomiso Bachajón San Sebastián I, que cubría mil 680 hectáreas y reconocía como beneficiarias a 547 familias. En marzo de 1998 se creó el fideicomiso Bachajón San Sebastián II para un área de mil 320 hectáreas, en apoyo a 451 familias. En 2002, un grupo de familias beneficiarias de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, que luego pasó a ser parte de la Opddic, constituyó las tierras del primer fideicomiso en el ejido Muk’ulum Bachajón. Debido a manipulaciones del padrón avaladas por la Procuraduría Agraria, se excluyó a 271 familias zapatistas que eran parte del primer fideicomiso”.
La Procuraduría Agraria y un notario público avalaron el rasuramiento del padrón cuando había menos de 50 por ciento de asambleístas. “Estas familias ahora enfrentan el juicio de desalojo por ser consideradas ‘invasoras’; además, han sufrido amenazas, hostigamientos y destrucción de cultivos. En agosto, Leonardo Navarro Jiménez y su hijo Juan Navarro Jiménez fueron heridos de gravedad por miembros de la Opddic”. Esta organización “ha sido denunciada por numerosos crímenes y ser parte de una estrategia de contrainsurgencia paramilitar”.
La situación de las familias de Olga Isabel no constituye un caso aislado, añade Vía Campesina. “Más de 20 poblados han reportado amenazas de despojos y desalojos, así como detenciones arbitrarias, daños en propiedad ajena, lesiones con armas prohibidas, robos, abusos de autoridad. Las comunidades zapatistas enfrentan el peligro de perder sus tierras ante procesos agrarios y judiciales basados en acusaciones falsas”.
La tensión creció este año. “La fuerte militarización del estado, aunada a la ola de despojos y desalojos recientes, da pie para temer una agudización del conflicto que podría desatar violencia generalizada”.