Hubo irregularidades menores; insuficientes para considerar complot: Ortiz Mayagoitia

Sepulta la Corte agravios contra Lydia Cacho; Marín, exonerado

Sí está probado el quebrantamiento de derechos, sostuvo el ministro ponente Silva Meza

Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos se sumaron a la posición mayoritaria

Jesús Aranda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer (por seis votos contra cuatro) que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra.

Los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron el ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Se pronunciaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, así como las dos mujeres que forman parte de ese órgano: Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.

Para el ministro Ortiz Mayagoitia la periodista fue objeto de “irregularidades menores” en el proceso penal en su contra, pero “la suma de datos menores” no es suficiente para considerar la existencia de un concierto de autoridades para afectarla.

Un “sí” con convicción

Visiblemente molesto, el ministro ponente, Juan N. Silva Meza, al emitir su voto aseveró que sí está probada la violación grave de las garantías individuales de Cacho.

“Un sí monosilábico, pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno, y que nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado en cada uno de mis informes. Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.

Después de la votación, Ortiz Mayagoitia propuso a Silva Meza que “engrosara” el documento final, a lo que éste se rehusó.

En cambio, aceptó con gusto elaborar el documento Aguirre Anguiano, quien había desacreditado la ponencia de Silva Meza al afirmar que se basaba en información de Internet, y en la sesión de ayer aseveró que Cacho mintió.

“Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca; reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca; reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que pasó.”

Aguirre dijo que cuando Cacho llegó a Puebla (después de 20 horas de viaje en un vehículo acompañada sólo por agentes varones), personal de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, “y consta que dijo que no”. Agregó: “yo no creo en las torturas durante la captura”, y tan se defendió, que “ya fue exculpada de las acusaciones de que fue objeto”.

Ortiz Mayagoitia indicó que si bien la comisión investigadora acreditó “actos indebidos” en el arresto y traslado de la periodista, “éstos constituyendo violaciones a sus garantías individuales no adquieren el calificativo de graves”.

De nada valieron los argumentos de Cossío y Góngora, quienes sostuvieron que se demostró la concertación en “todo el flujo de irregularidades” que rodearon el proceso penal, desde que Kamel Nacif presentó la demanda contra Lydia Cacho por calumnia y difamación, hasta su detención ilegal y traslado a la capital poblana.

Agregaron que las llamadas telefónicas entre colaboradores de Marín y funcionarios de la procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad en momentos clave, hablan también de la confabulación.

Si bien el pleno ratificó en votación previa que la conversación entre Marín Torres y Kamel Nacif (en la que el mandatario poblano señaló que le había dado un “pinche coscorrón” a “esa vieja cabrona” para que entendiera “que en Puebla se respeta la ley y que no hay impunidad”) era sólo una hipótesis y no una prueba, los ministros dijeron que ni Nacif ni Marín desmintieron ante la comisión investigadora la veracidad ni el contenido de la grabación.

Góngora agregó que una teoría jurídica sostiene la responsabilidad por el mando, conforme a la cual los superiores son los arquitectos del sistema, es decir, “son los autores intelectuales de las acciones de sus inferiores”.

Y los principios jurídicos universalmente aceptados le dan gran peso a las llamadas que salieron de la oficina del secretario particular del gobernador. “¿Qué secretario particular actúa motu proprio en un caso tan grave?, ¿qué autoridades superiores de un estado deciden, en un momento determinado, ¡vamos a hacer esto!, sin avisarle al gobernador?”

De los 10 ministros que dictaminaron el caso –Fernando Franco está fuera del país en comisión, según información oficial–, sólo tres aceptaron en su totalidad el informe que responsabilizaba al gobernador poblano: Silva Meza, Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.

Cossío se refirió a la violación grave de garantías individuales y a la concertación de funcionarios, pero por la forma en que se desarrolló la votación no emitió postura sobre quiénes eran responsables.

Sánchez Cordero dijo que Lydia Cacho fue objeto de tortura sicológica durante el trayecto de Cancún a Puebla, pero eso no implicaba violación grave de sus garantías individuales, porque podía defenderse con los mecanismos jurídicos existentes, e hizo un llamado para que las autoridades de Quintana Roo que investigan las redes de pederastia asuman un compromiso “social y político” para que investiguen esos hechos “reprobables”, hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior, después de que un día antes la Corte dejó fuera de la discusión del informe lo relativo a explotación sexual infantil.

Luna Ramos y Aguirre Anguiano mantuvieron la postura de que el informe de Silva Meza no podía ser tomado en cuenta porque estaba viciado de origen, al considerar que la conversación de Marín y Kamel fue grabada ilegalmente.

Azuela y Valls admitieron que la conversación debía tomarse en cuenta como base para la indagatoria, pero consideraron que no había elemento alguno que acreditara la violación grave de garantías, postura que en términos generales compartió Ortiz Mayagoitia.

Esta vez, ni Lydia Cacho ni su defensa legal asistieron a la sesión. Sí lo hicieron los abogados de Marín: Alonso Aguilar Zinser y Fabián Aguinaco, y el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velásquez Cruz. Quizá éstos ya conocían el desenlace.