México SA
Machetazo a caballo de espadas
Los banqueros, que celebraron la legalización del anatocismo, apelan decisión de una corte
Allá por octubre de 1998 los banqueros mexicanos (todavía mayoritariamente de esa nacionalidad en ese entonces) se regodeaban porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al legalizar el anatocismo en el país, o lo que es lo mismo el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que la máxima autoridad judicial condenó a millones de mexicanos a ser deudores sempiternos.
Por aquel entonces las organizaciones cúpula del sector privado apoyaron a los banqueros en su celebración, y conminaron a los deudores a “enfrentar los pasivos y olvidarse de las protestas”, porque el citado fallo “no representa dar la razón a los banqueros, sino un avance en la consolidación del sistema financiero del país; nadie puede sostener (decían) que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”.
Después de ese fallo y las subsecuentes declaraciones, varias oportunidades se han presentado para poner a prueba lo dicho por los líderes empresariales (entre ellos el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual gobernador de Sonora, Eduardo Bours), pero a la fecha nadie ha podido confirmar que la legalización del anatocismo no fue para beneficiar a los banqueros y saquear, aún más, a los deudores.
Pues bien, un caso adicional de anatocismo surge por estos días, pero en sentido contrario, en una historia mezcla de reclamo legal de derechos, la participación activa de uno de los más sólidos cuan descarados grupos de tráfico de influencias en el país, el rechazo de los organismos cúpula del sector privado a la posibilidad de que los barones del dinero sean afectados por una decisión judicial y el horror de los banqueros (mayoritariamente extranjeros en la actualidad) ante la inminencia de que en esta ocasión ellos sean las víctimas de lo mismo que poco años atrás festejaban como una victoria gremial.
Resulta que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recientemente dictó sentencia condenatoria en contra de Banamex, en una demanda presentada por un cliente común y corriente, José Luis Saldívar Cano, quien en 1987 firmó un contrato de inversión con el otrora Banco Nacional de México (hoy perteneciente a Citigroup), para que su capital generara intereses. Lo hizo justo en el momento en el que el país reportaba un alto y creciente índice inflacionario, así como elevadas tasas de interés bancarias, y el gobierno de Miguel de la Madrid, que ya no sentía lo duro sino lo tupido, inauguraba la temporada de “pactos de estabilidad”, de los que la mayoría de mexicanos resultó afectada.
Con tal sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua condenó a Banamex (Citigroup) al pago de mil 462 millones de pesos (algo así como 133 millones de dólares) a Saldívar Cano, resultantes de la generación de intereses sobre intereses y su capitalización, a lo largo de dos décadas, de aquel contrato de inversión que ambas partes firmaron en 1987.
Ahora la famiglia feliz está nerviosa. Los banqueros ya no celebran ni se regodean. Menos comparten aquello de “enfrentar pasivos y olvidarse de protestas”. Por el contrario, en voz de su presidente, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se dicen “preocupados” por el caso y aseguran que “ya hubo un fallo constitucional en la Suprema Corte en el sentido de que eso no procede” (aunque en 1998 celebraron que sí procedía, y actuaron en consecuencia contra los deudores), mientras Banamex, que no está acostumbrado a perder ni a pagar impuestos, ha recurrido al amparo judicial y político, porque la justicia le ha otorgado su protección y el gobierno calderonista la suya, toda vez que el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, negocia con los abogados de Saldívar Cano (Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, entre otros capos del tráfico de influencias) para evitar el golpe a la institución financiera privada, representada por su director jurídico y ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Tampoco la máxima autoridad judicial del país parece tener la misma claridad y certeza que en 1998, cuando por 8 votos a favor y 3 en contra legalizó el anatocismo. En esta ocasión, “por su trascendencia e importancia para la vida del país”, la SCJN atrajo el caso (Saldívar Cano-Banamex.), “y el juicio servirá de base para aplicarse en al menos 150 procesos contra distintos bancos que el máximo tribunal ha ubicado en todo el país y en los que también están en juego sumas multimillonarias… los ministros de la Primera Sala consideraron necesario atraer el juicio de Banamex por las repercusiones que podría acarrear su resultado en el sector financiero (en el entendido) que la decisión que adopte podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebren…” (nota tomada de El Universal).
Antes sí, ahora no. En 1998 banqueros y cúpula del sector privado juraban que con su decisión “la SCJN lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”. Pues bien, llegó el momento de ser consecuentes, aunque eso es quimera entratándose de barones del dinero y líderes empresariales.
Las rebanadas del pastel
Quien en el pasado proceso electoral hizo del insulto, la agresión y la propaganda negra el eje de su campaña por la Presidencia de la República, hoy considera que “las descalificaciones o las posiciones maximalistas sólo exacerban los ánimos, provocan mayor crispación y reacciones instintivas en los actores de la vida nacional”. Pero el señalamiento del inquilino de Los Pinos no es en respuesta a la irritación de millones de mexicanos ofendidos por su accionar en 2006, sino al histérico reclamo de los barones de los medios electrónicos que financiaron esa misma campaña y que hoy hacen un llamado para “no permitir que las ambiciones políticas de unos cuantos echen al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”, la misma que ellos cotidianamente envilecen.