Convocatoria simulada
La existencia de una convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros electorales por sí sola implica un avance monumental en relación con los procedimientos utilizados en procesos previos. Durante los tres ejercicios anteriores (1994, 1996 y 2003) los candidatos emergieron exclusivamente de las negociaciones entre partidos y gobierno federal. No hubo posibilidad alguna para proponer candidatos independientes. Ahora cualquier persona podrá presentarse a título personal o ser propuesta por grupos de ciudadanos. En términos formales la cancha está totalmente abierta y a nadie que cumpla con los requisitos se le podrá excluir.
Esta también es la primera ocasión en que se realizará un proceso de auscultación de los candidatos. En el pasado los nombres de los candidatos se barajaban en la mesa de negociaciones sin mediar ningún proceso público de entrevista o de revisión de las trayectorias de los postulantes. Los diputados ni siquiera se tomaban la molestia de elaborar dictámenes que hicieran constar que aquéllos cumplían con los requisitos de elegibilidad. Es por lo tanto encomiable que hoy los legisladores hayan cuidado estos aspectos para asegurar un proceso de elección más legítimo y abierto.
Sin embargo, todo indica que en los hechos el procedimiento que presenciaremos en los próximos días será una mera simulación. Entre el 4 y el 7 de diciembre todos seremos testigos de un circo de varias pistas en el que centenares de ciudadanos contarán con solamente unos cuantos minutos para comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación para presentar sus propuestas. Asimismo, para este propósito la comisión “se dividirá en tantos grupos de trabajo como se requiera”. Con este procedimiento, los integrantes de la comisión en su conjunto no podrán conocer a fondo las propuestas y las trayectorias de los diversos candidatos, y mucho menos los ciudadanos en general.
Después de estas apuradas comparecencias ante una fragmentada Comisión de Gobernación, será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política decidir los tres nombres de los nuevos consejeros y proponerlos al pleno. Mágicamente aparecerán los tres elegidos y la junta no presentará ternas o alternativas para cada vacante. Seguramente tampoco habrá un debate público en el pleno con respecto a trayectorias y propuestas de los candidatos finalistas. Es de esperarse que los diputados acaten la línea de sus respectivos coordinadores parlamentarios y se limiten a únicamente levantar sus dedos para avalar las propuestas de la junta.
El colofón de opacidad en todo este proceso es que la votación en el pleno se realizará por medio de “cédula” utilizando papeletas. Nunca sabremos con certeza cómo votó cada diputado. Tal mecanismo se podría prestar a arreglos en lo oscurito. Si bien los ciudadanos tenemos el derecho a una votación secreta y anónima, la regla de oro en la práctica parlamentaria tendría que ser justamente lo contrario. Nuestros representantes deben votar públicamente, para que los ciudadanos podamos controlarlos y llamarlos a cuentas.
Un proceso realmente transparente no solamente obligaría a los candidatos a exponer sus proyectos y trayectorias, sino que también abriría a la luz pública el proceso deliberativo de los legisladores. Habría que exigir, por ejemplo, que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. De esta manera, los ciudadanos podríamos llamar a cuentas a nuestros representantes populares y aseguraríamos la aplicación de criterios claros y objetivos para la selección de nuestros nuevos árbitros electorales. De lo contrario, los ciudadanos no sabremos nunca las razones que animaron a los diputados a escoger a los tres elegidos de entre los cientos de candidatos. Quedaría la sospecha de que la decisión se hubiera tomado únicamente con base en criterios políticos.
Es de celebrar que hoy contemos con una convocatoria pública y un procedimiento formal para la selección de nuestros consejeros electorales. Sin embargo, es de lamentar que éste se encuentre empañado de tanta opacidad, al grado de estar en riesgo de prestarse para arreglos políticos a espaldas de la ciudadanía.
* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, [email protected]