Hacia la parálisis nacional
Mucho se ha escrito sobre las tragedias ocurridas recientemente en Chiapas y Tabasco, con enormes pérdidas en vidas humanas y en el patrimonio de sus habitantes. En un buen número de escritos y entrevistas se han denunciado actitudes de irresponsabilidad y decisiones equivocadas de parte de autoridades federales y estatales, e incluso de comisiones legislativas incapaces de entender las dimensiones de los grandes desafíos nacionales.
Es probable que en ello haya algo de cierto, sin embargo creo que el principal problema está en otra parte, y que si estoy en lo correcto, vale la pena empezar a pensar en ello, porque sus efectos y consecuencias alcanzan a todo el gobierno federal, a los gobiernos estatales y a las administraciones municipales. Me refiero a la llamada “normatividad gubernamental”.
El concepto es interesante y está basado en suponer que los funcionarios son ineptos o corruptos por definición, y a veces las dos cosas, por lo que se les deben cuidar la manos, para evitar que hagan cosas impropias, en contubernio con empresarios voraces. Para instrumentar la normatividad y vigilar su cumplimiento, se han creado diversas contralorías y oficinas de la función pública, cuyo principal objetivo es justificar su propia existencia, generando trámites por demás ingeniosos y divertidos que sirven sólo para mostrar el nivel de imaginación y creatividad de quienes dirigen y operan esas oficinas.
Algunas historias que conozco y que pongo aquí a manera de ejemplos en torno a la normatividad podrían ser las siguientes:
Durante la construcción de la presa de Chicoasén en Chiapas, la CFE empleaba a unos 15 mil trabajadores, a los cuales se les debía pagar cada semana en función de lo que habían hecho la semana anterior, y su pago debía incluir los diversos descuentos del caso. Para realizar esta actividad, la CFE contaba con un grupo de contadores que trabajaban recolectando los formatos provenientes de cientos de cuadrillas de trabajo. Los formatos recolectados eran ordenados y enviados en un avión de la empresa a la ciudad de México, para su procesamiento en una gran computadora central, la cual era dedicada exclusivamente para hacer esa nómina, al menos dos días de cada semana. Durante el tiempo de proceso, el avión utilizado para transportar la nómina debía permanecer en espera. El costo que la empresa tenía que pagar por el proceso de esta nómina era absurdamente alto.
La solución evidente era comprar una computadora más pequeña e instalarla en las mismas oficinas que la CFE tenía en Tuxtla. Su costo completo se podía justificar en dos o tres semanas de uso, comparándolo con lo que costaban la operación, el avión y el uso de la gran computadora central; sin embargo, la computadora para la presa principal del Sistema Grijalva nunca se compró, por razones políticas encubiertas en la normatividad, incrementando sensiblemente su costo de construcción. La Dirección de Política Informática puso toda su imaginación para impedir la compra del equipo, y ya se podrían haber muerto trabajadores y pobladores de la región, las normas iban primero.
El Metro de la ciudad de México tiene permanentemente problemas de refacciones de todo tipo para garantizar el funcionamiento y la seguridad de sus trenes, porque existe una norma que dice que no se pueden comprar piezas, refacciones o materiales consumibles mientras no se hayan agotado sus existencias en el almacén de la organización, sólo que en el caso del Metro la entrega de algunas componentes por parte de los proveedores puede tomar varios meses. A esto se debe agregar que por sus dimensiones, el Metro no puede estar comprando las refacciones de una en una, como lo hacen los negocios pequeños, sino licitar enormes lotes de ellas.
Resolver este problema ha sido siempre una de las grandes dificultades del Metro. Las fallas que todos conocemos, y que afortunadamente hasta hoy no han generado una tragedia, tienen su origen en esta normatividad, que los directivos de la empresa tienen que resolver con base en mañas y con el riego de enfrentar responsabilidades administrativas y penales por su incumplimiento. También aquí las normas administrativas están por arriba de la seguridad de los pasajeros y de la integridad de los equipos operados.
Aunque no conozco el caso de la Comisión Federal de Electricidad, me atrevo a pensar que una buena parte de los problemas que la empresa enfrenta tienen su origen en la normatividad presupuestal, y que muchos de ellos seguramente resultan risibles.
Cerca del poblado de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, existe un puente cuya construcción podría haberse realizado en tres meses pero ha requerido más de un año y aún no se concluye; sin embargo, la empresa constructora ya movió sus equipos y trabajadores para iniciar otro puente en un punto cercano.
La curiosidad me llevó a indagar qué pasaba; la respuesta era simple, el dinero para el puente sin terminar se había agotado y había que esperar a la llegada del nuevo presupuesto para su conclusión, no obstante que el faltante se reducía a unos cuantos metros de encarpetamiento, y el segundo puente sí tenía un presupuesto por ejercer. La constructora había buscado en vano la forma de concluir el proyecto, pero fue imposible. El resultado neto de la normatividad es que las obras se puedan quedar inconclusas y no servir para nada, pero lo que sí no se puede es transferir recursos de una obra a otra sin que algún especialista o auditor de la función pública repruebe el ejercicio de los recursos faltantes, por pequeños que sean.
Lo que más me llama la atención es que no obstante las supuestas normas de transparencia y los candados que por todas partes aparecen para evitar el mal uso de los recursos públicos, se sigan dando casos como los del ex gobernador Montiel, del ex presidente Fox, o de Marta y sus hijitos. Ciertamente, en todos esos casos la normatividad ha servido para dos cosas. ¿No valdría la pena que el Congreso dedicara su atención a este tema, para determinar cómo hacer que la normatividad le sirva al país y no siga siendo el Frankenstein que ha sido hasta ahora?