La reforma laboral, otra vez
El gobierno federal ha retomado el tema de la reforma laboral. En esta ocasión la táctica es distinta, no se presentará una iniciativa de ley específica, sino que, previo acuerdo con algunos personeros del PAN y el PRI se impulsará una agenda que conforme se va conociendo parece responder esencialmente a preocupaciones empresariales, soslayándose los reclamos que han venido planteando el sindicalismo democrático, la academia, los especialistas laborales y la sociedad civil; se deja intocado el régimen de control gremial y de corrupción que agobia a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país.
En el sexenio anterior, la conocida propuesta Abascal, presentada el 12 de diciembre de 2002, se ostentó falsamente como la “iniciativa de los sectores”; sus objetivos fueron legalizar y ampliar las formas temporales de contratación individual por la vía de los contratos a prueba, capacitación inicial y por temporada, así como permitir jornadas de trabajo flexibles para evitar el pago de tiempo extra. En el plano colectivo, se propuso obstaculizar el derecho de huelga y cancelar la posibilidad de que los trabajadores quitaran al sindicato impuesto por el patrón. En este esquema, para que procediera cualquier trámite legal debían informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes y obtener su firma, para reprimirlos a tiempo, obviamente.
En esta ocasión se repite la ausencia de un diálogo abierto de cara a la sociedad y se omite el análisis público que aproveche la reflexión generada en los últimos 20 años, que incluye ricas experiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica, desarrolladas con éxito a partir de procesos de reforma institucional, sustentados en un diálogo social y productivo con actores representativos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene en su agenda la propuesta Abascal en materia de contratación individual temporal; atiende la petición empresarial de reducir el derecho al 10 por ciento de reparto de utilidades, sustituyéndolo con incrementos sustentados en la productividad, que en el actual esquema ausente de democracia gremial se convertirán en una simulación; sugiere derogar la cláusula de exclusión por separación, sin incluir garantías para la no intromisión patronal a fin de hacer efectiva la autonomía y la libertad de asociación; plantea simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo que afecten la seguridad de los trabajadores y actualizar los montos de las sanciones económicas, sin considerar un nuevo sistema de inspección y fiscalización del Estado con otra visión institucional; de igual forma, considera como información pública la relacionada con registros sindicales y contratos colectivos, tema positivo que convendría fortalecer con un registro público autónomo como ha sido propuesto por un importante sector de la sociedad.
Para transitar a una reforma laboral y productiva en beneficio del país y atendiendo a múltiples foros en la materia, se ha acreditado que los pilares para modernizar las relaciones laborales son cuatro: en primer lugar, contar con un sistema de justicia laboral a través de árbitros imparciales y profesionales que resuelvan con eficacia y prontitud no sólo los juicios individuales, sino también los procesos colectivos, hasta hoy sometidos al control gremial y patronal. La valiosa consulta llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de una reforma judicial integral demostró la necesidad de que los tribunales laborales dejen de pertenecer al ámbito del Poder Ejecutivo, para ubicarlos en un espacio autónomo propio, con jueces laborales especializados adscritos al Poder Judicial federal; actualmente no tienen autonomía alguna, son simples correas de transmisión de la voluntad del Ejecutivo federal o local y pieza clave del corporativismo, por lo cual no cuentan con la confianza ciudadana. La STPS se resiste a apoyar un cambio, alegando que el problema de la justicia laboral se reduce a aspectos administrativos y de carga de trabajo, con una visión centralista, ya que los problemas de la junta federal no son extensivos al ámbito local.
Un segundo aspecto tiene relación con la necesidad de preservar el principio de igualdad ante la ley. Por ello, es necesario suprimir los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos de base, los mal llamados trabajadores de confianza, y a todos aquellos sometidos a capítulos de carácter especial; nada se propone en esta materia. Un tercer apartado de esta agenda laboral está vinculado a la democratización gremial, necesidad evidente frente a un mundo agobiado por el control y la corrupción, cuyo dato más objetivo es el inmenso número de contratos de protección patronal existentes. En esta materia el llamado “impulso” del gobierno federal ignora las propuestas de voto secreto para la elección de dirigentes y aquellas medidas tendientes a garantizar la autonomía de los sindicatos para actuar democráticamente, como en el resto del mundo. Por último, también se omiten propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima, sustentada en un diálogo regional y de cadena productiva en el que se concilien responsablemente los intereses de trabajadores y patrones.
Urge un espacio público y plural de reflexión sobre la agenda laboral en el entorno de la reforma del Estado que responda al nuevo escenario del mercado del trabajo. Por lo pronto, debemos exhibir el papel cómplice de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el modelo de pobreza que sufre la mayor parte de nuestra población por la caída permanente del salario real. Un elemento adicional para el diagnóstico laboral es aclarar también los datos relacionados en materia de creación de empleos contradictorios entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.