REPORTAJE /A diez años de Acteal

“No fue un choque armado; fue, llanamente, una ejecución”

La investigación zapatista: Zedillo financió la agresión

El 22 de diciembre de 1997 Ruiz Ferro recibió dos llamadas de alerta de la Conai, pero respondió que “todo estaba bajo control”

“Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN”, fue el mensaje del entonces mandatario a la Comandancia General rebelde

Hermann Bellinghausen /XX

Entre el 23 de diciembre de 1997 y los primeros días de 1998, el EZLN emite varios comunicados que revelan el resultado de sus propias investigaciones sobre la matanza. De entrada, la comandancia rebelde responsabiliza a miembros del PRI “patrocinados por los gobiernos federal y estatal”. De acuerdo con transmisiones radiales del gobierno chiapaneco interceptadas por el EZLN, “en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de Seguridad Pública respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza” (24 de diciembre).

“El señor Julio Cesar Ruiz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del operativo, por lo menos desde las 12 horas del 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora. Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el 21 de diciembre en una reunión de paramilitares de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic”, continúa el primero de cuatro comunicados zapatistas.

“La responsabilidad directa de los hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, que desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentado por el Ejército federal. Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento y dar entrenamiento militar, que fue dirigido por oficiales del Ejército federal a indígenas reclutados por el PRI. Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el gobierno mexicano diseñó una estrategia paralela de diálogo simulado, sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar. El gobierno de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes.”

Como muestra de su “voluntad de paz”, por diversos canales “el señor Ernesto Zedillo mandó amenazas a la Comandancia General del EZLN con el siguiente mensaje: ‘Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN’. Esta palabra sí la cumplió. Zedillo ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos la sangre de Acteal”.

Ningún refugiado tenía armas

En un segundo comunicado (27 de diciembre), el EZLN informa del avance de sus investigaciones. “Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego”, destaca. En cambio, todos los atacantes las tenían y algunos, además, poseían armas blancas. La mayoría de las armas largas eran AK-47 calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.

“Antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaran a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo.

“El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al gobierno del estado. A las 12 horas del 22 de diciembre, el gobierno del estado recibió la denuncia. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo que todo estaba bajo control.

“El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores, se obtuvieron con dinero proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminado el ataque, agentes de Seguridad Pública se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y en el fondo de un barranco”.

La comandancia zapatista expuso algunas conclusiones. No se trató de un conflicto religioso, ni étnico. “No se trató de un enfrentamiento, como lo quieren presentar los gobiernos federal y estatal; los muertos estaban desarmados. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución”.

El objetivo era “acabar con todos”, que no quedaran testigos y limpiar las evidencias: “El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla. Ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen”.

Para el EZLN, “es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar ‘de comando especial’. Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente.

“Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. El propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Conai (cuya existencia combate con toda decisión el gobierno federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional molesta tanto a los gobernantes).

“En una televisora se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas”. El secretario de Go-bernación “protestó por el ‘tono parcial y tremendista’ de la información televisada y vetó su repartición”, dice el EZLN.

“Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con antelación, con plena conciencia, bajo la dirección de autoridades estatales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal, entre las que destacan Gobernación, Desarrollo Social y Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacional y estatales del PRI.

“La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del primero de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de acabar con los rebeldes”.

Análisis de balística

A principios de 1998, el EZLN añade (5 de enero): “De acuerdo con las heridas que presentan algunos sobrevivientes, al análisis de los impactos en las construcciones de Acteal, según estudios de la balística de efecto, los paramilitares también usaron armas calibre 5.56 milímetros, con balas de punta blanda”, de efecto parecido a la bala expansiva. Entre las armas que usan el calibre 5.56 MM está el fusil automático M-16 (R-15 en su versión semiautomática), que actualmente portan los elementos de Seguridad Pública de Chiapas”.

Según comunicaciones radiotelefónicas interceptadas por el EZLN, “la Secretaría de Gobierno está dando órdenes a sus sicarios en los Altos para que se escondan. Se les dice que entierren las armas y esperen ‘a que pase el problema’. ‘Hay que dejar que se cansen y se calmen las protestas’, dijo la voz (mestiza) que dio las indicaciones al cabildo priísta de Chenalhó. La comunicación interceptada proviene del teléfono 8-48-33. Se dice que pertenece a la delegación en San Cristóbal del gobierno de Chiapas”.

La presencia masiva del Ejército “ha envalentonado a los paramilitares, que ahora amenazan con atacar a otros grupos de desplazados. Esto ha provocado que miles de indígenas se refugien en Polhó”, donde se han concentrado 4 mil 273 refugiados. “Hay cuando menos otros 2 mil 440 en condiciones de aislamiento, vulnerables a un nuevo ataque”, asevera el EZLN.

En los primeros días de enero de 1998, el Ejército ocupa Aldama, Morelia, Yaltchiptic, San Caralampio, 10 de Abril y otras comunidades zapatistas en la selva Lacandona y los Altos, y sitia durante 17 horas La Realidad. La guerra no ha terminado.