Es la única forma de proteger a los alumnos: docentes
Negocian escuelas pactos con narcomenudistas
Critican visión y alcance del Programa Escuela Segura
Su objetivo es abrir la puerta a fuerzas federales, dicen
Frente a las acciones delincuenciales que se ciernen en las escuelas, las comunidades estudiantiles se han visto obligadas a negociar “pactos de no agresión” con narcomenudistas para salvaguardar la integridad de los alumnos, realidad que desconocen autoridades del Programa Escuela Segura (PES), del gobierno de Felipe Calderón, revelan maestros y directivos de los centros educativos.
De acuerdo con docentes, el PES tiene un “agenda oculta” que implica, sobre todo, aplicar procedimientos “persecutorios” de la comunidad escolar y dejar vía libre a la “virtual entrada de fuerzas federales”, “criminalizar” a los alumnos, además de “politizar” sus acciones, pues desconoce los proyectos que promueve el gobierno de la ciudad de México.
“¿Qué va a pasar cuando estas redes de delincuencia vean a los agentes de la Agencia Federal de Investigación en las escuelas? Se entenderá como una traición al pacto”, advierte el director de la secundaria 207, turno vespertino, Mario Alberto Leyva Galicia, quien alerta que el enfoque policiaco del PES puede devenir en un “conflicto social de grandes dimensiones”, al generar un enfrentamiento entre estudiantes, maestros y directivos con policías y bandas delictivas.
El profesor César Mendoza, de la secundaria 101 Ludwing van Beethoven, ratifica lo anterior: “Puede haber venganzas o matanzas porque los niños que venden droga en la escuela no están solos. Si denunciamos nos arriesgamos a enfrentarnos a organizaciones criminales. ¿Y con qué medios lo podemos hacer, cuando es la propia autoridad la que nos recomienda hacernos de la vista gorda para evitar problemas con las redes delincuenciales?”
El siguiente es uno de tantos ejemplos que recuerda Carlos Aguilar, director de la secundaria vespertina 238, de Iztapalapa: “En una ocasión un director encontró un paquete de droga en una escuela y levantó un acta informativa. Los delincuentes lo amenazaron con que si no lo dejaba en determinado lugar iba a sufrir las consecuencias. Pidió apoyo al departamento jurídico de la Dirección General de Servicios Educativos y le dijeron que no se metiera en problemas y entregara el paquete. Pidió apoyo al inspector y los dos fueron a dejarlo, con temor, donde se les habían dicho”.
Otros casos
Todas las escuelas tienen una experiencia de esta naturaleza. El profesor Leyva Galicia apunta que hace cuatro años, cuando trabajó en una primaria, confiscó a un alumno una caja de cerillos, que en realidad era droga. “Hubo molestia de los narcomenudistas, que dispararon dos veces contra el zaguán de la escuela”.
Ante esta realidad y en un contexto de alta criminalidad y violencia en torno a los planteles, Leyva Galicia revela que un alto porcentaje de las comunidades escolares han tenido que negociar “pactos de no agresión” con grafiteros y traficantes de drogas.
El PES ignora que muchas de las personas que se dedican a la venta de narcóticos tienen hijos en las escuelas y los mandan a vender ahí, por lo que los planteles tienen que entrar en una negociación para que los delincuentes no comercien dentro y evitar que los alumnos se introduzcan en el mundillo de las drogas.
Es un hecho que no se puede negar. Otro es que las autoridades educativas han optado en la práctica por poner oídos sordos y ojos ciegos ante la problemática. Es decir, le han dado la espalda al profesor: En una ocasión se recibió un reporte sobre un estudiante que tenía un arma. Se aplicó la operación mochila y, al final, el que salió perjudicado fue el maestro, cuenta Salvador García, profesor de red escolar en la secundaria 140.
PES versus Escuela Segura
Maestros y directivos coinciden en que el PES es un proyecto de gabinete que no da respuestas a su objetivo principal: la seguridad. Pero, además, corrigen la plana a los autores del programa.
Una escuela segura, precisa el directivo Carlos Aguilar, “es aquella que cuenta con instalaciones dignas, que no tiene varillas de fuera o techos a punto de derrumbarse; es la que tiene condiciones de higiene mínimas, la que cuenta con equipo médico, pedagógico, la que tiene material suficiente para dar una preparación académica digna”.
Sin embargo, nada de lo anterior se enfatiza en la serie de formatos que hace unos días la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal repartió a maestros para involucrarlos –mediante una carta compromiso– en el PES, paso previo para elaborar un plan de seguridad escolar en los planteles.
De acuerdo con el documento Programa Escuela Segura, Inducción-II Fase, de la SEP, el PES tendrá que aplicarse en junio de 2008 en 6 mil 90 primarias y mil 547 secundarias de 45 municipios, zonas donde hay escuelas “críticas”.
La llamada “generalización” del PES está programada para el periodo 2008-2012. Esto significa que de 98 mil 45 primarias que hay en el país, 19 mil 609 contarían con el PES, al igual que 6 mil 402 de las 32 mil 12 secundarias.
No obstante, los maestros denuncian que la carta compromiso –que debe firmarse por “obligación”– precisa que la “disposición de participar en las acciones” que se definan para la capital del país es tan vaga (no especifica qué tipo de estrategias) que representa una carta en blanco para la posible entrada de las fuerzas federales en los planteles.
El maestro Salvador García señala que “lo más delicado es que la mayoría de profesores desconocen el programa, la fecha de aplicación” y a quién se le deberán rendir cuentas, porque el proyecto contiene recursos para los planteles, que son de origen federal.
Los docentes señalan que no se les consultó para diseñar y aplicar el programa; no obstante, se dio una supuesta capacitación de 10 minutos, a la que asistieron unos cuantos, aunque esa inducción más bien consistió en la entrega de formatos y estudios de la puesta en marcha del programa en otros países.
Por otro lado, destacan la “intención política del PES” para desacreditar el programa Uno, dos, tres por mí y mi escuela, del gobierno capitalino, así como de crear un control “político” del docente. Como muestra de ello, el profesor José Manuel Zúñiga apunta que el actual coordinador sectorial de secundarias en la capital, Pedro Escalona Espejel, es “representante sindical” del grupo de Elba Esther Gordillo.
En síntesis, considera Carlos Aguilar, el programa es “fantasioso y desconoce lo que sucede en las escuelas”.
Habría que empezar por redefinir qué es una escuela segura: “En la mía ni siquiera hay botiquín, pero tampoco médico”, señala.