REPORTAJE /A diez años de Acteal
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
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Durante la celebración del Día de Muertos de 2003, indígenas de Acteal recuerdan a las 45 personas asesinadas en 1997
Foto: Víctor Camacho
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.