La titular del INM justifica el “reordenamiento” de la frontera sur mexicana
Migrantes de CA afectan el tejido social de México: Cecilia Romero
El propósito no radica en poner muros, blindar la línea divisoria ni fichar a la gente, asegura
Aunque los centroamericanos entren aquí, Estados Unidos no los dejará pasar, prevé
Con fondos estadunidenses sería instalado mayor número de controles migratorios
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La comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, retratada el 19 de julio pasado en Acapulco, Guerrero
Foto: Notimex
“A mí, Cecilia Romero Castillo, me encantaría decirles (a los migrantes indocumentados) ‘pásenle (a México)’, pero el problema es que en la frontera norte se está formando una enorme nata, un tapón cada vez más fuerte, y allá no pasarán”.
Así se expresa la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM) para justificar los planes de “reordenamiento” de la frontera sur mexicana, franja de unos mil 100 kilómetros que atiende un grupo de apenas 300 agentes migratorios todólogos, que lo mismo trapean que hacen volantas en carretera, admite la funcionaria.
El gobierno federal busca reforzar el área colindante con Guatemala y Belice, con base en una ampliación presupuestal al INM (de por lo menos 600 millones de pesos adicionales, respecto de lo ejercido este año), y también con recursos provenientes de Estados Unidos, en el marco de la llamada Iniciativa Mérida.
Radio de 100 kilómetros
Ante la negativa o imposibilidad de ofrecer a los indocumentados que vienen del sur opciones como las que desde hace muchos años reclama México para los suyos en Estados Unidos, la administración calderonista pretende poner en marcha, el año entrante, nuevas formas migratorias para trabajadores fronterizos y visitantes locales para que puedan movilizarse en un radio de 100 kilómetros del territorio nacional, pero ello no significa amnistía o regularización, sino documentos exclusivamente para el paso temporal o de entrada por salida.
“Migración es el portero de México, el que abre la puerta. La puede abrir en par en par, puede abrirla y largarse, puede semiabrirla y volverla a cerrar o puede darle con la puerta en las narices a una persona, o sea, es nuestra responsabilidad (…).
“La razón legal es que no pueden pasar sin papeles. La razón social o política (de impedirles el paso en territorio mexicano) no es si los gringos me dicen si puedo o no puedo, olvidémonos de eso. Simplemente allá no los van a dejar pasar (…) y en cambio sí afectarán el desarrollo mismo de México, el tejido social en los estados fronterizos, lo cual se nos convierte en un gravísimo problema”, dijo la funcionaria.
De acuerdo con los cálculos iniciales del INM, serían incluidas en tales opciones más de 300 mil personas, principalmente ciudadanos guatemaltecos, que cotidianamente traspasan la frontera para trabajar o realizar compras. Este proyecto, en palabras de la titular del INM, serviría para “rescatar la vida transfronteriza”.
En entrevista con La Jornada, Romero Castillo informó que, al cierre de 2007, al menos medio millón de mexicanos habrán sido deportados de Estados Unidos (aunque organizaciones no gubernamentales hablan que la cifra sería de por lo menos el doble).
Del lado mexicano el nivel de las repatriaciones de indocumentados, fundamentalmente procedentes de países de Centroamérica, tendrá un ligero aumento respecto de los registros del año anterior.
En 2004 fueron repatriados 204 mil, al año siguiente la cifra bajó a 182 mil, pero a escala general –según los datos oficiales– sólo uno de cada seis indocumentados (mexicanos y centroamericanos) logra el llamado sueño americano, escabullirse de los policías mexicanos y estadunidenses.
La funcionaria, en cambio, se reserva los detalles de las conversaciones con el gobierno de Washington porque la vocería en esta materia corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sólo comentó que se trata de un plan de “colaboración” bilateral; parte de los recursos que pudiera entregar Estados Unidos (una primera partida de 500 millones de dólares, si así lo autorizan los legisladores de aquel país) serviría para ampliar el Sistema Integral de Operaciones Migratorias (SIOM), o sea, instalar más puntos de revisión a lo largo de la frontera sur.
El famoso SIOM es, como esboza la funcionaria, “algo de lo que todo mundo habla pero nadie ha visto”.
Y es que actualmente existen sólo 13 puntos de internación, es decir, áreas de revisión del INM. Por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, ubicado a la orilla del río Suchiate, los trámites se hacen en un “tejabán (…). Sí, así es la realidad”, señaló.
La comisionada del INM admite que este organismo es el principal responsable de atender el flujo de personas que transitan por México y, en relación con las denuncias de maltratos a centroamericanos, admite: “primero tenemos que ser congruentes con lo que estamos exigiendo arriba”.
Todas estas personas (centroamericanos) están sujetas a la discriminación por no tener documentos, pero –comenta– podrán acogerse a la Forma Migratoria de Trabajadores Fronterizos o Visitantes Locales, “que ya está en proceso de aprobación en esa larguísima carrera burocrática en nuestro país, la cual, por cierto, es terrible, constituye un problema casi mayor que la falta de presupuesto. Es el burocratismo, el papeleo”.
Identificación multianual en 2008
El objetivo, explica, es que en 2008 ya se cuente con una identificación multianual que les permita ir y venir; que sirva para que se identifiquen y, por consiguiente (los ahora indocumentados), sean cuantificables y defendibles.
El único programa de regularización que se diseña actualmente está centrado en un sector de guatemaltecos y sus familias que desde hace dos décadas permanecen en México en calidad de refugiados.
“El tema importante es la reordenación de la frontera sur, es decir, no poner muros, blindar la frontera ni fichar a la gente, como esas expresiones peyorativas que no vienen al caso”, apuntó.