Ojarasca 127 noviembre 2007
Apartir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) sobre la ley de radio y televisión, se han desencadenado una serie de eventos que apuntan hacia una nueva legislación que pudiera reconocer los derechos a la información y la comunicación de los pueblos indígenas.
El pasado mes de octubre SCJN determinó que el legislativo incurrió en “omisión legislativa”, al no legislar sobre el derecho a que las comunidades indígenas adquieran, operen y administren medios de comunicación. La acción de inconstitucionalidad de la SCJN también dejaba sin sustento la llamada Ley Televisa al echar por tierra sus artículos medulares. Los ministros declararon contrario al artículo 28 constitucional, que prohibe los monopolios, el que las concesiones para operar medios de comunicación fueran sometidas a subasta.
Meses antes de la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, más de cuarenta municipios indígenas habían promovido sendas controversias constitucionales para echar abajo una ley que consideraban lesiva a los intereses de los pueblos. Esta acción tenía el antecedente de las controversias que 322 municipios habían interpuesto en el año de 2002 en contra del recién aprobado artículo segundo constitucional que no reconocía los derechos indígenas consignados en la iniciativa de la Cocopa, surgida de los Acuerdos de San Andrés. Finalmente las controversias recientes sobre medios indígenas fueron desechadas por la SCJN, pero este rechazo dejaba en firme la acción de anticonstitucionalidad. La Ley Televisa, ya estaba herida de muerte.
Luego vino una reforma electoral que, a pesar de que dejó intacto el monopolio de los partidos en la representación de los intereses de los mexicanos, representó un golpe a los medios de información masiva. La nueva redacción del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales restringió uno de los más grandes negocios de la mediocracia: embolsarse una parte importante de las prerrogativas económicas que los partidos políticos recibían del Instituto Federal Electoral.
Precisamente en los días en que los grandes consorcios de información realizaban una campaña contra los poderes legislativos y que estado por estado las legislaturas locales ratificaban la nueva ley electoral, se dio cita, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI).
Quinientos setenta comunicadores relacionados con las poblaciones indígenas se dieron cita para proponer qué preceptos deberían llenar el hueco que había dejado el cadáver de la Ley Televisa. No fueron 570 comunicadores indígenas, muchos de los presentes eran empleados y funcionarios del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Algunas intervenciones en las mesas de trabajo del Congreso eran más aptas para una asamblea sindical de los trabajadores de las radios del CDI, que para un congreso de comunicadores indios. Sin embargo, como sucedió años antes, en la mesa destinada a comunicación dentro de los Diálogos de San Andrés, hubo una convergencia entre los trabajadores de las radios indigenistas y los comunicadores indígenas que dio por resultado una declaración que contenía demandas como:
Que la dirección y operación de los medios indigenistas debe quedar en manos de las comunidades indígenas, con su respectivo presupuesto.
A pesar de que gran parte de la dinámica del CNCI se centró en la comunicación de y para los indígenas, hubo la preocupación de incidir en una dinámica mayor. Los primeros puntos de acuerdo que se exigen al Congreso de la Unión son:
1. La creación de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones y no la reforma a las leyes existentes. Esta nueva ley debe enlistar criterios sociales y comunitarios necesarios para la adjudicación y renovación de las concesiones. El incumplimiento de estos criterios será suficiente para revocar las concesiones otorgadas.
2. Se retomen de los Acuerdos de San Andrés los planteamientos sobre los derechos de información y comunicación indígena.
5. Se exige respeto al funcionamiento de las radios y televisión comunitarias que laboran sin el permiso correspondiente...
Ante el reto de acceder y vigilar el proceso legislativo, el CNCI nombró una Comisión de Seguimiento y estableció el compromiso de formar instancias estatales, que se sumarían a la Comisión. Estas instancias estatales han tenido desarrollos muy diversos: desde el iniciar enlaces entre los medios de comunicación comunitarios y fortalecer redes de colaboración e intercambio, hasta el plantearse acciones de movilización conjunta, como la que realizaron los miembros oaxaqueños de CNCI que cerró las oficinas de la CDI el pasado 15 de noviembre, demandando que no se desviara el presupuesto destinado a la comunicación indígena.
¿Está segura una legislación favorable al derecho a la comunicación? ¿la creación de una figura jurídica que ampare medios comunitarios e indígenas? Sería aventurado responder con un sí. Muchas experiencias hemos vivido los ciudadanos y las comunidades indígenas de lo impenetrable que puede ser esa caja negra que llamamos poder legislativo. Lo único que podemos decir es que una nueva legislación sobre radio y televisión manifiestamente promonopólica impondría un nuevo récord de cinismo y conllevaría altos costos políticos.
La fuerza que han tomado las radios comunitarias en los últimos dos años, por su número (hay quien afirma que son más de 250 radios que operan sin permiso en el país) y por su carácter social y educativo han generado una corriente en la opinión pública que quedó patente en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se manifiesta en la cautela de declaraciones de funcionarios abiertamente privatizadores como Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes.
No sin negociación de por medio, se ha incluido entre los actores que ha convocado el Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República al Congreso Nacional de Comunicadores Indígenas. El pasado 24 de octubre habló frente a los senadores una muestra de medios de comunicación indígenas: las autoridades de Tlahuitoltepec Mixe y representantes de su radio comunitaria, miembros de Radio Chapul Pom, auspiciada por la organización tsotsil de Las Abejas y Tv Tamix, entre otros, presentaron los beneficios que ha significado para sus comunidades sus proyectos de comunicación.
El documento que presentó el CNCI ante los senadores insiste en lo que es quizá el acuerdo más puntual en materia de comunicación de San Andrés:
La dirección y operación de los medios indigenistas (radios y centros de video), actualmente manejados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), deben quedar en manos de las comunidades indígenas, con su respectivo presupuesto.
La Comisión de Seguimiento del CNCI presentó 17 puntos ante el Senado. Puntos estimados como mínimos necesarios para considerar que la nueva legislación respeta el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Nada garantiza que estos sean tomados en cuenta, ni siquiera el creciente activismo comunicacional de los pueblos indígenas.
El riesgo es que una serie de declaraciones gradilocuentes que no garanticen derechos efectivos queden como articulado de una nueva ley de medios: y sean declaraciones que más adelante se podrán traducir a reglamentaciones restrictivas.
La moneda estará en el aire hasta principios del año que entra.