Declaración del Llaló

La semilla de una civilización
alternativa para la humanidad

Durante el mes de octubre organizaciones indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil participaron en el  Encuentro del Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica  y demandaron de sus respectivos gobiernos y de la sociedad en general, el pleno reconocimiento de las leyes indígenas basadas en la cosmovisión de cada pueblo.

Reunidos los días 23 y 24 de octubre de 2007 en la ciudad de Quito (Ecuador) considerando que los pueblos indígenas hemos vivido en estas tierras desde tiempos inmemorables, antes del establecimiento de los Estados modernos. Que de manera ancestral nos hemos regido de acuerdo a nuestras leyes propias, que los pueblos y nacionalidades llamamos: Derecho Mayor, Derecho Natural, Derecho Propio, ley de origen o ley natural. Leyes que hemos aplicado de acuerdo con nuestros usos y costumbres, basados en la cosmovisión de cada pueblo y nacionalidad. Que desde hace mas de quinientos años nuestros territorios han sido invadidos y nuestros recursos han sido aprovechados y utilizados sin tener en cuenta nuestros derechos territoriales, ambientales, sociales y culturales.

Declaramos

Que las organizaciones indígenas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil participantes de este encuentro internacional sobre el Derecho Mayor, demandamos a los gobiernos de nuestros países y a la sociedad el pleno reconocimiento de nuestro Derecho Mayor y su aplicabilidad en todas las esferas de nuestra vida.

Reclamamos de nuestros gobiernos además, el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la legislación nacional e internacional, que se los reglamente, los determinen y se penalice a quienes infringen estas normas.

Respaldamos la propuesta de Constitución elaborada por la Conaie.

Nos solidarizamos con el gobierno del hermano indígena Evo Morales, presidente de Bolivia, y rechazamos los intentos de los grupos hegemónicos de Bolivia que quieren boicotear la Asamblea Nacional Constituyente de ese país.

Repudiamos que la política de desarrollo se encamine sólo a la generación de ganancias económicas, poniendo en grave peligro los territorios indígenas a través de proyectos de explotación de recursos naturales incluyendo actividades petroleras, mineras, represas hidroeléctricas, las concesiones forestales, venta de servicios ambientales, turismo y la venta de nuestros territorios, que afectan no sólo a los pueblos indígenas sino de manera general a toda la sociedad.

Nos oponemos a la presencia de grupos armados y la militarización dentro de los territorios indígenas, así como a la criminalización de las organizaciones indígenas, que pretenden tachar a la lucha democrática de los pueblos indígenas como parte del terrorismo. De manera particular demandamos la desmilitarización de los actores armados en todos los territorios indígenas de Colombia.

Instamos a los gobiernos que están promoviendo la liberación comercial el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y el reconocimiento que nuestros territorios y nuestros recursos naturales que no están en venta ni son sujeto de comercialización.

Demandamos que se cumplan los procesos de consentimiento fundamentado previo a través de la consulta previa informada a cualquier proceso que pueda afectar nuestra identidad social, cultural, ambiental y económica.

Inculcamos a que primen nuestros derechos sobre los contratos y concesiones que puedan afectarnos, y que la conservación de la biodiversidad sea una prioridad frente a los proyectos de desarrollo.

Denunciamos la presencia de organizaciones conservacionistas en áreas protegidas, que son a la vez territorios indígenas, que a nombre de la conservación deciden sobre el futuro de nuestros recursos, poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural y cultural.

Continuamos exigiendo el respeto a todas las formas de vida y rechazamos cualquier intento de privatizarla. Rechazamos los intentos de privatizar el agua y los procesos de deforestación que se viven en nuestros territorios.

Propendemos por el respeto del territorio y los derechos humanos de los pueblos libres, que se les ha denominado como pueblos en aislamiento voluntario, los mismos que no pueden ser amenazados por ninguna actividad que ponga en riesgo supervivencia.

Urgimos a los gobiernos a tomar medidas de recuperación de los ecosistemas degradados en nuestros territorios por actividades ajenas a nuestra cultura.

Demandamos que se tomen medidas para parar las amenazas que viven las zonas indígenas costeras, donde se han instalado fábricas de pescado, piscinas camaroneras, poniendo en riesgo los recursos piscícolas de los que viven nuestros pueblos.

Exigimos que los pueblos indígenas participen en el proceso de elaboración de la currícula educativa, que refleje una educación que recoja la sabiduría de nuestros pueblos y desde el abordaje intercultural.

Inculcamos por el respeto de los conocimientos y la sabiduría ancestral de nuestros yachaj, shamanes y otros nombres que se les da a los sabios que precautelan por la espiritualidad de nuestros pueblos.

Repudiamos y rechazamos el patentamiento y otras formas de privatización de nuestra medicina y saberes ancestrales, de nuestras plantas medicinales y de todos nuestros saberes.

Demandamos al gobierno de Colombia por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y por la suscripción de la Declaración de Pueblos Indígenas.

Condenamos el programa de seguridad democrática llevado a cabo por el gobierno de Colombia, que tiene como objetivo el control militar de los territorios indígenas, así como los programas de erradicación de cultivos ilícitos a través fumigaciones aéreas, las mismas que atentan contra nuestra salud y nuestros recursos.

Exigimos al gobierno de Colombia, negar cualquier licencia ambiental que atente contra los recursos naturales, el ambiente y los territorios indígenas colombianos.

Repudiamos la entrega de la Licencia Ambiental otorgada por el gobierno del Ecuador a la empresa Petrobrás en el Bloque 31, pues esta licencia significa proseguir el genocidio contra los pueblos. Exigimos la caducidad del contrato de la empresa Petrobrás en el Bloque 18.

Apoyamos el proceso de recuperación del territorio de las comunidades Tupirikí Guaraní que estuvo en manos de la empresa Aracruz Celulosa, e instamos al gobierno de Brasil que tome las medidas para la restauración integral de su territorio.

Afirmamos que en las naciones y pueblos indígenas de América Latina germina la semilla de una civilización alternativa para la humanidad.