El Plan México
La información sobre el Plan México comienza a fluir a cuentagotas; pero es más lo que se ignora que lo que se sabe, y existen aún muchas contradicciones. En principio, la iniciativa de la administración de Bush implica un paquete de asistencia de seguridad por un monto de mil 400 millones de dólares para el periodo 2008-2010. Los primeros 500 millones se destinarían al ejercicio fiscal 2008. De ese monto, las fuerzas armadas mexicanas recibirían 61 por ciento: 205.5 millones la Defensa Nacional (41.10 por ciento) y 100 millones la Marina (20 por ciento). La Procuraduría General de la República recibiría 72.45 millones (14 por ciento) y la Secretaría de Seguridad Pública 39.45 millones (7.8 por ciento). El resto se destinaría a Aduanas, Migración, Cisen y otras dependencias.
Aparte de ese monto –que está a debate para su aprobación en el Congreso de Estados Unidos–, existirían otras partidas por un total de 132.55 millones de dólares, fuera del control de los legisladores estadunidenses. Es decir, la “ayuda” prevista para el primer año de operación del Plan México sería por 632.55 millones de dólares. Y dado que los destinatarios principales de los recursos serán el Ejército y la Marina, queda claro el componente militar de la “asistencia”. Con un agregado: la misma está contemplada en el capítulo “Antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad fronteriza”. Ergo, se trata de ayuda militar en el contexto de la guerra antiterrorista de la administración de Bush.
Lo anterior viene a confirmar la idea de que la Iniciativa Mérida, rebautizada así por razones políticas, es el aterrizaje del componente militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), en la porción EU-México. Huelga decir que los recursos ya están “etiquetados” y no saldrán de Estados Unidos porque México deberá destinarlo a la compra de aviones, helicópteros de combate, barcos, equipo bélico, radares, software y sofisticados instrumentos para monitoreo aéreo e intervención de telecomunicaciones (espionaje), así como para sufragar cursos de entrenamiento y asesorías. Igual que ocurre con el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida será un negocio millonario en dólares para compañías militares y de inteligencia estadunidenses, y ofrecerá contratos de mantenimiento, entrenamiento y servicios relacionados a grandes corporaciones del complejo militar industrial.
Pero no se trata de un “simple” acuerdo de cooperación técnica, logística y de equipo. Implica, también, la instrumentación de reformas judiciales, penales y de procuración de justicia. A cambio de dinero, Estados Unidos se arroga el derecho de decidir cuáles reformas deben ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos. Además, comprende reforzar la administración de las prisiones, así como compartir información de inteligencia y migratoria en “tiempo real” (estándares de vigilancia y sistemas compartidos de entrada y salida; estándares biométricos equivalentes, así como pasaportes, visas, tarjetas de residencia permanentes, credenciales de transporte y otros documentos fronterizos). Y tal vez lo más grave: la “ayuda” abarca la reorganización de los cuerpos de inteligencia del Ejército, la Marina y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Estados Unidos. Es decir, la inteligencia de México quedará al servicio de los requerimientos de seguridad de Washington.
México ha sido integrado de facto al “perímetro de seguridad” de EU y su territorio quedó incluido en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. La Iniciativa Mérida se inscribe en el marco de la ASPAN (el TLC militarizado), cuyo objetivo principal es la lucha contra el terrorismo. En ese contexto, un punto oscuro de la relación bilateral tiene que ver con el tema “Transporte aéreo en América del Norte: Expandiendo nuestros horizontes”, contenido en el II Reporte a los Mandatarios (ASPAN, agosto de 2006). Según ese documento oficial, desde 2005 existen cinco “estaciones WAAS” en Canadá y México, y otras cuatro adicionales estaban previstas para 2006. Se supone que son estaciones terrenas de monitoreo del espacio aéreo que cuenta con tecnología sofisticada. Pero, ¿quién las controla? ¿Teléfonos de México, la Defensa Nacional, el Pentágono? Otro punto no aclarado suficientemente tiene que ver con la virtual equiparación –según la óptica estadunidense aceptada por México– de los términos terroristas, narcotraficantes e inmigrantes indocumentados.
Lo que parece quedar claro es que mediante la desnacionalización del sistema de seguridad interna, México se convertirá en “maquilador” de seguridad de Estados Unidos. Lo que conlleva, para el régimen de Felipe Calderón, una criminalización de sus propios connacionales, ya que parte de los recursos y de las nuevas tecnologías y leyes se voltearán contra el flujo migratorio de los mexicanos que expulsa el actual sistema de dominación clasista, y que quieran ingresar sin papeles a la meca del capitalismo.
En ese contexto, la principal amenaza para México es que el gobierno de Estados Unidos será codiseñador de la estrategia de “seguridad nacional”, lo que más allá de juegos semánticos significa una cesión de soberanía. De allí la insistencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, de que la Iniciativa Mérida “no contiene obligaciones regidas por el derecho internacional” ni es un tratado que “deba ser sometido a aprobación del Senado (mexicano) o un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley de Celebración de Tratados”.
Es decir, una iniciativa que fue definida por el embajador estadunidense Antonio Garza como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por la Casa Blanca en el Hemisferio Occidental, carece en México de control legislativo. En buen romance, se quiere pasar de contrabando el Plan México, sin que quede sujeto a supervisión alguna.