El PRD sigue dividido ante el desalojo de normalistas

La represión de la era priísta persiste en Guerrero, acusan

Alma Muñoz, Roberto Garduño y Sergio Ocampo (Reporteros y corresponsal)

Un grupo de consejeros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantiene un diferendo con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Leonel Cota Montaño, en torno al violento desalojo que el miércoles pasado efectuó la policía contra estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, quienes ocupaban el Congreso de Guerrero, estado gobernado por el perredista Zeferino Torreblanca.

Cota trató de evadir el tema con el argumento de que al PRD no le convendría emitir una condena a la intervención de las fuerzas policiales. Por el contrario, dentro del CEN se consideró necesario reprobar el uso de los agentes estatales contra el movimiento estudiantil.

Fue la secretaria de Derechos Humanos del CEN, Marcela Nolasco Pastoriza, quien propuso ante el pleno de consejeros rechazar los excesos de violencia cometidos por las fuerzas policiacas contra los egresados y estudiantes normalistas:

“Solicitamos al Consejo Nacional que se pronuncie contra la represión (efectuada) por órdenes del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y contra la detención de dirigentes sociales en ese estado. Que este pronunciamiento se haga llegar al gobernador por conducto de una comisión nombrada por este Consejo Nacional.”

Expuso que si bien se esperaba que con la llegada en 2005 de un gobierno democrático se terminara con el clima de represión, “(el desalojo) y el encarcelamiento de dirigentes sociales en otras regiones del estado nos muestra que la política del gobierno que se está llevando a cabo en Guerrero es la misma de los gobiernos priístas”.

Antes de someterse a votación la propuesta, Cota expresó en tribuna: “vamos a llegar a acuerdos para que se restituya el diálogo que se ha perdido en el estado entre el gobierno estatal, la instancia legislativa y la parte del movimiento estudiantil que efectivamente ha protestado; en el PRD no vamos a calificar o a descalificar causas ni acciones, pero creo que el partido con el gobierno de Guerrero debe buscar salidas adecuadas, donde efectivamente no podemos avalar excesos de ninguna de las partes. Entendiendo que el exceso de poder no se puede permitir en la vida de un país.

“Pediría a ustedes votar el nombramiento de una comisión especial del Consejo Nacional, que permita tener comunicación con el gobierno del estado; plan-tear ahí de manera directa con el partido, no como pronunciamiento público, sino de partido en el poder (del estado), para buscar (...) una solución de fondo.”

Los consejeros nacionales aprobaron la constitución de la comisión, de la cual formarán parte Rosario Ibarra, Javier González Garza, Héctor Bautista, Agustín Guerrero, Iván García Solís y Tonatiuh Bravo.

Ocupan caseta de la Autopista del Sol

En Chilpancingo, estudiantes y egresados de la normal de Ayotzinapa ocuparon durante dos horas y media la caseta Paso Morelos de la autopista del Sol México-Cuernavaca, casi en los límites con Morelos, para permitir el paso gratuito hacia Acapulco a cientos de automovilistas.

En la ciudad de Iguala, otro contingente marchó en demanda de la renuncia del secretario de Educación, José Luis González de la Vega, a quien imputan “falta de sensibilidad” para resolver sus demandas: otorgamiento de 75 plazas y que no desaparezca el internado y la licenciatura en educación primaria, entre otras.

Santiago Villegas Lavín, vocero de los estudiantes, comentó: “efectivos del Ejército que resguardan la zona de casetas nos reclamaron por qué traíamos pasamontañas o paliacates. Les comentamos que esa es una forma de proteger nuestra identidad y les platicamos nuestras demandas”.

Atrincherados en Ayotzinapa

Padres de familia provenientes de distintas regiones de la entidad llegaron a la normal rural para apoyar a sus hijos. Desde el día del desalojo del Congreso, los alumnos se encuentran atrincherados en el plantel, donde mantienen una pipa y decenas de cilindros de gas, bombas molotov, petardos y piedras, que, advierten, utilizarán en caso de un ataque de las fuerzas policiacas. Además se encuentran en su poder 17 vehículos del gobierno estatal y de empresas privadas.