Dirigentes obreros denuncian precarias condiciones laborales en la sonda de Campeche

“Semiesclavos”, los trabajadores de firmas contratistas de Pemex

Empleados “son afiliados a la fuerza a sindicatos blancos y carecen de prestaciones”, denuncian

Señalan “complicidad” de la paraestatal

Los dueños de las compañías, personajes como Juan Camilo Mouriño y el diputado Jorge Nordhausen, afirman; “por eso prevalece el silencio”

Lorenzo Chim (Corresponsal)

Ciudad del Carmen, Camp., 17 de noviembre. Entre ser un trabajador “de compañía” y uno de Petróleos Mexicanos (Pemex) hay todo un océano. Y las diferencias pueden ser de vida o muerte.

Los primeros son unos 14 mil obreros provenientes de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas, entre otras entidades, los cuales trabajan en unas 200 empresas que tienen contratos con la paraestatal. Además de percibir salarios raquíticos y laborar extenuantes jornadas, carecen de equipos de seguridad, son obligados a firmar en blanco para eximir a los patrones de responsabilidades en caso de accidentes y carecen de seguros de vida.

“Sobreviven en la semiesclavitud”, afirma Víctor Martínez Rodríguez, presidente del Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), que defiende a empleados de empresas contratistas de Pemex en la sonda de Campeche, donde el pasado 23 de octubre ocurrió un accidente que costó la vida a 22 personas.

A su vez, Rodolfo Marín Hernández, dirigente del Movimiento Petrolero Independiente, asevera que durante este año han ocurrido otros percances y “ya son 34 los fallecidos, pero parece que no ha pasado nada porque nadie investiga, y nadie sanciona”. Asegura que no se hará nada por los intereses económicos y políticos que hay de por medio.

Abunda: “el diputado federal panista campechano Jorge Nordhausen González es contratista de Pemex; el ex candidato panista a la gubernatura Juan Carlos del Río González es proveedor de las plataformas, y los contratos de ambos son cotizados en millones de dólares”.

Agrega que “el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo, le presta servicios a Pemex a través de su empresa Ivan Car, con decenas de pipas para el transporte de combustible. Por eso en la sonda de Campeche prevalece el silencio”.

Visita de comisión legislativa

Un documento presentado por el FUMM al Congreso de la Unión indica que unos 14 mil empleados “son registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un sueldo 10 veces menor al que realmente devengan; firman por anticipado su renuncia voluntaria y no tienen copias de sus respectivos contratos individuales de trabajo.

“Son afiliados a fuerza a sindicatos blancos; carecen de todo tipo de prestaciones; no gozan de vacaciones de ley; les retrasan sus salarios hasta por cuatro meses; trabajan jornadas de 12 horas sin descanso y son despedidos injustificadamente para negarles el pago de aguinaldos.”

Las quejas al respecto motivaron que una comisión de legisladores federales visitara algunas de esas empresas para verificar las denuncias.

Encabezados por el panista Sebastián Calderón Centeno, presidente de la Comisión de Marina del Senado, los enviados dialogaron el 15 de octubre con trabajadores y dirigentes sindicales de las compañías, quienes confirmaron las denuncias.

Una semana después se hundió el barco Oficina Porvenir, con saldo de un desaparecido, y al día siguiente ocurrió el choque entre las plataformas Usumacinta y Kab 101, lo cual causó una fuga de gas y petróleo que hasta la fecha continúa fuera de control.

En ese accidente perdieron la vida 22 trabajadores, algunos porque no sabían nadar y otros debido a que no les funcionaron los equipos de seguridad ni los botes salvavidas (mandarinas).

Francisco Montes Granillo, dirigente del Sindicato de Marinos y Obreros de la Marina Mercante, sostuvo que fue “un asesinato de obreros con todas las agravantes”. La causa “es que Pemex otorga contratos a empresas que no cumplen con las normas internacionales de seguridad”.

“¿Cómo puede permitir la capitanía de puerto que se embarque un trabajador que carece de la capacitación mínima que es saber nadar?”, cuestiona, y asegura que en Ciudad del Carmen y en la mayoría de los puertos importantes del país hay escuelas náuticas patito, a las que sólo les interesa cobrar por los documentos que expiden y no les importa la vida de la gente.

Trámite de un solo día

A la capitanía de puerto de Ciudad del Carmen acuden todos los días entre 20 y 30 personas a tramitar la expedición, revalidación o renovación de la “libreta de mar”, indispensable para poderse embarcar con cualesquiera de las compañías contratistas.

Para obtenerlo, es necesario acreditar los cursos de capacitación y cumplir con una cuota de entre 200 y 500 pesos. No obstante, se sabe que en un solo día es posible conseguir un documento mediante el pago de entre mil 500 y 3 mil pesos.

Francisco del Jesús Riveros García, director general adjunto de la Dirección General de Marina Mercante, confirmó: “existen personas dedicadas a la elaboración apócrifa de ese documento, pues la misma capitanía de puerto ha hecho la denuncia de esta realidad en reiteradas veces”.

Expuso que la capitanía emite las certificaciones para poder trabajar en el mar, luego de corroborar que el interesado cuenta con el conocimiento necesario para reaccionar en situaciones de emergencia y tiene un estado de salud adecuado, certificado por una institución reconocida.

La capacitación es mediante un curso en el Centro de Educación Náutica, dependiente del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), o por conducto de instituciones autorizadas por la Dirección General de Marina Mercante. Con base en eso, la capitanía de puerto emite unas 800 libretas de mar cada mes.

La comisión investigadora de la SCT, a través de la Dirección General de Marina Mercante, con apoyo de personal de Inspección Naval y de la Dirección de Capacitación de Personal Embarcado, investiga si los portadores del documento recibieron capacitación adecuada y si los centros que lo expidieron cumplen con los requisitos para funcionar, de acuerdo con el Convenio Internacional de Seguridad.

“No es que la ley pida como requisito que el trabajador que va a laborar en mar abierto sepa nadar, sino que sepa cómo reaccionar en medio de una evacuación.”

Mientras, Honorio Galván Aguilar, inspector de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, recuerda que el 19 de febrero de 2004 una comisión de la Contraloría Interna de Pemex realizó una inspección en la sonda de Campeche para conocer las condiciones en que trabajaban unos 14 mil obreros de las compañías.

Estuvieron en Perforadora Central y El Rivero, pero los trabajadores que denunciaron anomalías, entre ellos Antonio González Bocanegra, Leopoldo Bernabé Pintado, Francisco Castillo Rivera y Andrés López López, fueron despedidos sin justificación ni indemnización, dijo.

“Por eso prevalece el silencio. El silencio de los muertos, el silencio del miedo a ser despedidos, y el silencio de la complicidad de Pemex y las grandes contratistas.”