Nadie oyó nada
El pasado 12 de noviembre el magistrado Homero Ruiz Velásquez, titular del primer tribunal unitario del vigésimo circuito, asentado en Tuxtla Gutiérrez, redujo de 26 a 25 años la pena de prisión dictada contra 18 implicados en los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en el paraje Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. Así inicia el boletín de prensa DGCS/ NI: 44/2007 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Y agrega más adelante que “se decidió absolver a los acusados del pago a la reparación del daño por los delitos de homicidio y lesiones calificadas”.
La resolución refleja el espíritu que ha privado, más allá de esta resolución en particular, en la administración de justicia de la matanza de Acteal y, sobre todo, en la procuración de justicia. Es decir, se ha hecho todo lo posible por minimizar los hechos, reducirlos, achicarlos y desvincular ligas con autores intelectuales. Las procuradurías local y federal nunca atendieron los reclamos jurídicos y públicos por abrir la línea de investigación hacia los autores intelectuales. Ello hubiera hecho hablar a los funcionarios que sabían del diseño de la guerra. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Estado de Chiapas y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados, creadas el primero de abril de 1998 y dependientes de la Procuraduría General de la República, desaparecieron sin dejar rastro: nunca hubo un informe de sus actividades, nunca encontraron las armas con que se consumó la masacre u otras de los homicidios previos en Chenalhó y, por supuesto, nunca consignaron a nadie. Tampoco se procesaron las más de 50 averiguaciones previas abiertas ante la Subprocuraduría de Justicia Indígena que antecedieron a la masacre. La impunidad ha sido siempre la moneda de cambio por los servicios oscuros prestados al gobierno para la guerra.
En juicios de nulidad interpuestos por funcionarios indiciados en procesos se dejó sin efecto la sanción impuesta en un inicio por la Contraloría General, la cual consistía en la inhabilitación por ocho años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal. Los funcionarios indiciados son el subsecretario general del Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez; el jefe de asesores de la Coordinación General de la Policía del Estado, Julio César Santiago Díaz; el secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, y el procurador general de Justicia del estado, Marco Antonio Besares Escobar.
Hay solamente dos funcionarios de buen nivel, por cierto prófugos, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión. Ellos son el militar retirado José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública del estado, y el general de brigada DEM retirado Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la Policía del Estado General. En este sentido, cabe señalar que en las investigaciones realizadas por visitadores de la CNDH en días posteriores a la matanza se reportó que los ahora prófugos se encontraban en las inmediaciones de Acteal el día y hora de los hechos. Y señalaron que ellos “no oyeron nada” ni se percataron de nada. El militar José Luis Rodríguez explicó a los visitadores que el 22 de noviembre se establecieron dos destacamentos de policía en las inmediaciones de Acteal: uno, en la comunidad de Chimix, donde había 31 elementos a cargo del segundo oficial de nombre Iturbide Rincón Luna, y el segundo en la comunidad de Majomut, donde había 40 elementos policiales a cargo del primer oficial comandante Antonio del Carmen López Nuricumbo. Un tercer grupo de policías estuvo por varias horas en la escuela primaria a la entrada de la comunidad de Acteal con varios elementos de la policía de Seguridad Pública, es decir, a unos 200 metros de donde se llevó a cabo la masacre. “Nadie oyó nada”, “nadie se percató de nada extraordinario”, fueron sus partes oficiales ese día. La policía no era la única que estaba en el lugar de los hechos. A menos de siete minutos por carretera se encontraba un vasto puesto militar que simultáneamente era retén y centro de “asistencia social”.
No oír, no ver, achicar, fue siempre la consigna. En cualquiera de los ámbitos de la guerra. Por ello es importante insistir en mantener la memoria. La verdad es un derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 que “toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a cometerse a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Se trata, como dicen quienes laboran en los procesos de memoria histórica, de revisar siempre el pasado para construir el futuro.
En todos los países que tratan de transitar del autoritarismo a la democracia se han hecho esfuerzos por “saber lo que pasó” y en lo posible reparar el daño. Estas comisiones de la verdad, en países democráticos se han enfrentado con grandes dificultades, con grandes obstáculos como los procesos judiciales truculentos y empobrecidos –achicados–, con las fiscalías de utilería, con las versiones oficiales y paraoficiales, con las resistencias de los vivos que defienden honores de guerras. Sin embargo, la verdad hace libre a la sociedad que la practica.
* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social