Se volverá a usar la fuerza, advierte el secretario de Gobierno
Exigen juicio político al gobernador de Guerrero
Liberan a los 10 detenidos; uno de los heridos continúa hospitalizado
Senadores llaman a autoridades a evitar violencia contra normalistas
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Egresados de la normal rural de Ayotzinapa y alumnos de escuelas pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaron ayer una manifestación silenciosa fuera del Congreso de Guerrero, de donde el miércoles fueron desalojados por la policía estatal. El secretario de Gobierno de la entidad, Armando Chavarría, se responsabilizó del desalojo y advirtió que se responderá a las acciones “radicales”
Foto: Óscar Alvarado
Aproximadamente mil estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acompañados de padres de familia y catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero, marcharon hoy por las principales calles de Chilpancingo hasta el Congreso local para protestar por el desalojo que realizaron ayer cientos de policías.
Los manifestantes demandaron juicio político al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y la destitución de los secretarios de Educación, José Luis González de la Vega Otero, y de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, además del desafuero de Carlos Reyes Torres, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, quien solicitó la fuerza pública.
Por la mañana, los estudiantes exigieron espacios en las radioemisoras privadas Capital Máxima y ABC para repudiar el desalojo y reiterar sus demandas, entre otras, asignación de 75 plazas a egresados y conservar la licenciatura en educación primaria. Ahí encararon a Chavarría Barrera, quien al aire se responsabilizó del desalojo, por lo que al salir le gritaron “porro”, “represor” y “asesino”
Alexis Adame Bautista, uno de los lesionados, informó que los 10 detenidos ya fueron liberados y los que se encontraban desaparecidos “ya regresaron”. Dijo que se encuentran “seriamente lesionados” unos 12 jóvenes, entre ellos Lizmark Evaristo Avelino, hospitalizado en una clínica del ISSSTE de esta ciudad por fractura de cráneo.
Al mediodía los inconformes se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez y de ahí marcharon al Congreso local, donde lanzaron unas 20 bombas molotov. El personal de seguridad controló el fuego.
El centro de Chilpancingo amaneció fuertemente vigilado. Cientos de policías antimotines, en patrullas o a pie, resguardaron los palacios de gobierno y de Cultura, además del Congreso. La sesión se efectuó en la biblioteca del inmueble debido a que los policías causaron destrozos en el recinto durante el desalojo.
Armando Chavarría ofreció una conferencia de prensa en la que sostuvo que el desalojo fue necesario “para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de los diputados, y para mantener el orden en el Congreso. Si continúan con sus acciones radicales vamos a aplicar la ley nuevamente”, advirtió.
Chavarría estuvo acompañado del perredista Carlos Reyes Torres, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, quien anunció que se interpondrá denuncia penal contra quienes resulten responsables de los daños causados durante el desalojo, incluido su compañero legislador Ramiro Solorio Almazán, a quien acusó de haber dado a los estudiantes “la instrucción de linchamiento hacia los legisladores y puso en riesgo la integridad física de los estudiantes”.
Solorio Almazán rechazó esta acusación y presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del estado contra Zeferino Torreblanca, Armando Chavarría y Carlos Reyes Torres por los delitos de lesiones, abuso de autoridad, daños y lo que resulte.
Mientras, a propuesta de Lázaro Mazón, legislador del Partido de la Revolución Democrática, el Senado exhortó a las partes en conflicto, en especial al gobierno de Zeferino Torreblanca, “a renunciar al uso de la violencia y a buscar la conciliación de intereses por la vía del diálogo ”.
Mazón argumentó que durante meses los normalistas han solicitado una audiencia con el gobernador del estado o con el secretario de Educación pero, “con el argumento de que los maestros están vinculados con el Ejército Popular Revolucionario, su lucha social ha sido criminalizada”.
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseveró: “No apruebo lo que dicen que han hecho los estudiantes, pero hay una tozudez terrible del gobierno de Guerrero; no quiere hacer caso y eso a veces origina las insurgencias”.