¿Adónde va el presupuesto rural?

Crece el gasto con resultados decepcionantes

• México, prominente importador de alimentos; la producción interna, estancada
• Inercias limitan modificar la orientación del gasto; el dispendio, a la orden del día

Lourdes Edith Rudiño

Foto: La Jornada / José Carlo González

Incongruente e ineficiente son la palabras que mejor adjetivan al gasto público rural. Entre 2001 y 2007 el llamado Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) creció en 48 por ciento real, al pasar de 123 mil 900 millones de pesos a 183 mil millones, con pesos de 2008 sin embargo, el desempeño del agro en lo productivo, en la satisfacción alimentaria para la población y en la balanza comercial deja mucho qué desear.

“Entre 2000 y 2006 la tasa de crecimiento agrícola en México registró el lugar 17 entre 20 países latinoamericanos. Creció en ese periodo sólo un poco más que Haití, que de hecho se mantuvo estancado, y que Cuba y Colombia, éste último con los problemas en campo que todos sabemos”, comenta Luis Gómez Oliver, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

No hay más que mirar la estadística oficial. Neciamente contrarias al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas −quien está montado en una estrategia publicitaria que a diario difunde “un campo ganador” y que prepara promocionales musicales con “triunfadores” como Joan Sebastian y Lorena Ochoa−, las cifras del gobierno muestran un agro inmovilizado.

Estancamiento productivo. Los 10 cultivos básicos (granos y oleaginosas) han rondado la cifra de 30 millones de toneladas anuales desde los años 80, ¡hace casi tres décadas! Y los rendimiento por hectárea de estos cultivos se estancaron; pasaron de 2.66 a 2.8 toneladas por hectárea entre 1995 y 2005.

El especialista de la FAO remarca su planteamiento: “hay preocupaciones válidas, justificadas, respecto de las formas de asignación y ejecución del gasto público rural en México. La situación es muy desfavorable y necesita ser modificada”. México, subraya Gómez Oliver, es el tercer importador mundial de cereales, el cuarto en oleaginosas, el tercero en fibras, el quinto en carnes y el número uno en importaciones de leche. “La verdad es que la relación de productividad de la agricultura con el nivel de desarrollo relativo del país es la peor en el contexto de América Latina”.

La participación del gasto público rural dentro del gasto total en México, de 10.3 por ciento en 2007, es de las más altas en el subcontinente, sólo por debajo de los países centroamericanos, cuyas agriculturas pesan mucho en sus economías. Y el gasto rural en México respecto del PIB (51 por ciento del PIB agropecuario, forestal y pesquero, y 16.9 del PIB nacional) es el mayor en esta comparación, salvo Uruguay, que tiene una red de protección social muy fuerte para su población, incluida la rural, que es muy pequeña, dice Gómez Oliver.

Programas desconectados de la realidad. En octubre, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados presentó la investigación Metaevaluación de programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) dirigidos a productos agrícolas básicos, coordinada por Germán Vargas, investigador de la UAM Iztapalapa.

Allí, en congruencia con los resultados del libro, Miguel Ángel Phinder, funcionario de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y responsable de la evaluación del desempeño de la Sagarpa, puso el dedo en la llaga.

“El proceso de planeación de los programas rurales es deficiente; (éstos) no cuentan con un diagnóstico de la problemática por atender, por lo que su focalización suele no ser la adecuada, y su operación está determinada por la demanda del subsidio, lo cual implica dispersión de los recursos y un menor impacto de los programas”, dijo.

Además, los programas dirigidos al medio rural no establecen metas de mediano plazo, y en su diseño no se contempla cómo se superará la necesidad de los subsidios a pesar de que éstos son temporales.

Para Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, igual que en educación básica, se observa que en el medio rural el gasto público es sumamente ineficiente, “y creo que son varios los factores que influyen: dispendio y corrupción en algunos casos, prácticas irregulares, políticas ineficientes, improvisadas y descoordinadas, etcétera”.

Todo sigue igual. El problema es que hay inercias, inelasticidades en el aparato público para cambiar el estado de cosas, y peor aún, hay un marco legal que coloca en manos del Ejecutivo la responsabilidad de la evaluación interna y externa de los programas y al Poder Legislativo lo sitúa como simple espectador. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a la Secretaría de Hacienda la atribución de las evaluaciones y al Congreso de la Unión le brinda la oportunidad de opinar sobre éstas, pero nada más.

Entonces, aunque hay señales, resultados de las evaluaciones de la cuenta pública (hechas por la ASF) y percepciones de que el presupuesto rural debe transformarse radicalmente, no pasa nada.
Este año, como siempre, con plazos limitados para la discusión en el Congreso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los cabildeos sobre el PEC han estado a la orden del día. Gobernadores, organizaciones de campesinos, la representación empresarial de la agroindustria, la asociación de secretarios de Desarrollo Agropecuario, en fin, todos han desfilado presentando sus propuestas.

En su mayoría éstas son por más y más recursos.

FUENTE: CEDRSSA. *Los datos fueron defl actados con el INPC y luego actualizados con el defl actor implícito del PIB.

Esto, al tiempo que el Ejecutivo presentó una propuesta del PEC que redujo sustancialmente, de 136 a 61, el número de programas que ejercen, entre otros, las secretarías de Agricultura, Reforma Agraria, Economía, Salud, Educación, Medio Ambiente, del Trabajo y las instituciones financieras del medio rural.

Esa reducción, que convirtió en “componentes” programas que antes existían, incluidos los de apoyo al maíz, frijol, caña de azúcar y leche, ha generado inquietudes en el sentido de que el Ejecutivo busca mayor discrecionalidad en la aplicación de los recursos.

Pero varias agrupaciones, las que en 2002 crearon el movimiento El Campo no Aguanta Más, están llamando la atención en el sentido de que los recursos del PEC, en particular los de orientación productiva y de capitalización, se concentran en productores capitalizados y en el norte de la República, y entonces obtener más presupuestos significa ampliar las desigualdades e injusticias en el medio rural.

Por ello, un planteamiento que hacen es modificar la estructura institucional del Ejecutivo. Buscaron en la coyuntura de discusión del PEF 2008 inducir a la creación de la “secretaría de reforma agraria y desarrollo rural”, la cual tendría su enfoque en todos aquellos productores de pequeña y mediana escala que no son objeto de atención de parte del Ejecutivo hoy día, en particular de la Secretaría de Agricultura.