Ser mujer en el campo

“Abnegación”: palanca invisible de los programas sociales

Feminización de las responsabilidades

Gisela Espinosa Damián

Mujeres / Enrique Pérez S/ANEC

Porque es una conquista social, pero también por la pobreza del campesinado, el derecho a la salud rural es responsabilidad del Estado. Sin embargo éste no lo asume: los programas y presupuestos públicos para salud rural son con mucho inferiores a los destinados a derechohabientes y citadinos.

El precario ingreso familiar campesino y la marginalidad de la salud rural en el gasto público significan una reducción de los fondos familiares y fiscales destinados a ese fin hasta un nivel que pone en riesgo el bienestar y la propia vida. Las estrategias para recuperar la salud exigen gastos catastróficos y si no se realizan el riesgo es la muerte: cada año, 3 millones de no derechohabientes pierden 30 por ciento de su ingreso anual en urgencias médicas; 35 por ciento posterga su atención por carencia de recursos y 55 mil personas mueren por este motivo. Drama que se agudiza en el campo.

Como el bolsillo no aguanta y el Estado se escabulle, se amplían e intensifican las tareas femeninas, tanto en la casa como en la comunidad. Así, la elasticidad del trabajo reproductivo de las mujeres compensa la caída del gasto público y la irresponsabilidad del Estado.

En el hogar, las mujeres han sido siempre las garantes de la salud. El noventa y siete por ciento de ellas ocupa 66 horas semanales en trabajo doméstico y empalma, hasta donde puede, casi 20 horas destinadas al cuidado de la familia (INEGI, 2007).

Fuera de casa, programas que se apoyan en la participación comunitaria feminizan aún más la atención a la salud: en 2006, el IMSS-Oportunidades tenía 17 mil 204 comités rurales de salud, 13 mil 971 asistentes de salud, 156 mil 622 promotoras voluntarias y 5 mil 240 parteras (www.imss.gob.mx). Gracias a este ejército de mujeres, la salud rural no cae más bajo, y el IMSS-Oportunidades logra dar atención, básicamente preventiva, a 10.6 millones de habitantes. Con toda razón afirma que “el elemento humano es el activo más valioso del sistema”.

Sin embargo, la “participación comunitaria” en los programas de salud destinados al campo es más una estrategia de ahorro que una propuesta democratizadora, de diálogo intercultural o de reconocimiento a las mujeres. Tan sólo los 447 mil partos atendidos anualmente por parteras o enfermeras (INEGI, 2007) representan un ahorro de 200 millones de pesos (a tarifa baja de la Secretaría de Salud), mismos que pagan las familias rurales o que subsidian las parteras con su propio trabajo.

Para hacer realidad el derecho a la salud en el campo mexicano no sólo basta prevenir; también es necesaria una política de servicios y atención médica, que valore y remunere los saberes y la función social de las mujeres, en lugar de enmascarar la irresponsabilidad del Estado y el trabajo impagado, en el culto a la abnegación femenina y en el discurso de la participación comunitaria.

UAM-Xochimilco. [email protected],