Urge la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Complicidades con el poder colocan a PRI y CNC contra la legislación
• Abatir la desnutrición, tarea prioritaria; 44 por ciento de los indígenas sufren hambre

Víctor Suárez C.

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC y Mónica Rodríguez Maldonado

De cara a enero de 2008 –cuando se liberalizará totalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)−, y a los desajustes de la oferta/demanda de materias primas agrícolas, que están a la vista ya y que mantendrán convulsionados los mercados agroalimentarios mundiales durante por lo menos cinco años, es urgente que el Senado de la República vote y dé luz verde a la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (LPSSAN).

Esta legislación, aprobada por la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, representa una red mínima de seguridad para los productores, los consumidores y para el país en general, pues mandata la creación de reservas alimentarias y de mecanismos de anticipación a riesgos climáticos y geopolíticos, y sobre todo establece una política de Estado que frenaría la discrecionalidad y los poderes metaconstitucionales del Ejecutivo en la aplicación de presupuestos públicos y garantizaría, con políticas multianuales y de largo plazo, la consecución de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, lo cual no es cosa menor.

El dictamen de la ley ya lo menciona: en 2006 la dependencia de alimentos del extranjero fue de 40 por ciento. Entre 1994 y 2005 importamos 110 mil millones de dólares en alimentos, a la vez que exportamos 2 millones de trabajadores rurales. Las importaciones de los pasados cinco años equivalieron a 54 por ciento de las divisas obtenidas por la exportación de petróleo, y representaron también 75 por ciento de las remesas recibidas.

Un reto fundamental es abatir la desnutrición, que afecta a 31.6 por ciento de la población rural, a 41 por ciento en los estados del sur de la República y a 44 por ciento las zonas indígenas. De seguir con la inercia actual, tardaría 121 años erradicar la desnutrición entre la población indígena.

El problema es que el Senado no reacciona. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, un grupo significativo de organizaciones, incluidos el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario y la Confederación Nacional Campesina (CNC), publicamos el Llamado urgente al Senado de la República para que apruebe la LPSSAN, y no hemos tenido respuesta.

El panorama, pues, es oscuro. Dada la composición en el Senado, los priístas son claves para cualquier iniciativa y votación. Su mancuerna con PRI o PRD es definitiva.

Aquí vemos conflictos de liderazgo interno de la CNC, pues al parecer Heladio Ramírez se contrapone a Cruz López, presidente actual de la confederación y quien encabezó la Comisión de Agricultura de la LIX Legislatura e impulsó la LPSSAN.

Pero vemos algo más de fondo, la CNC, nacida en 1938 para controlar y aglutinar a los campesinos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ha tenido históricamente una misión: “servir al poder”, y el poder –que hasta hace pocos años fue siempre hegemónico del PRI y sus gobiernos– hoy día está en el Ejecutivo panista aliado con los oligopolios alimentarios, para quienes el tema de planeación es antagónico con el credo neoliberal y podría entorpecer el libertinaje comercial del que gozan las industrias del sector.

Certidumbre. La LPSSAN, además de establecer un rumbo de largo plazo al Ejecutivo, otorga certidumbre y pautas fijas para los programas del campo. Por ejemplo, para el Procampo determina una vigencia al 2012; una recomposición de sus apoyos, de tal forma que se destine más a los productores más pobres; además, impone a los beneficiarios compromisos de tipo organizativo, ecológico y productivo.

La LPSSAN pretende también una visión intersecretarial, intersectorial, pues incide sobre políticas agropecuarias, sociales, de salud y de seguridad nacional (en manos de las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Gobernación, respectivamente).

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC y Mónica Rodríguez Maldonado

Hoy la incertidumbre es la única certidumbre en el agro. Han transcurrido 10 meses de 2007 y no se sabe cuándo ni cómo la Secretaría de Agricultura va a ejercer un programa de apoyos a maíz y frijol. Asimismo, no sabemos qué destino van a tener el Procampo y el programa de Ingresos Objetivo. Se desconoce cómo se van a ordenar los excedentes de maíz en épocas de cosechas al tiempo que esté libre la entrada de grano de Estados Unidos.

La política que hoy tenemos para el campo es absolutamente variable, discrecional, inconsistente, incongruente. Cada gobierno sexenal y cada secretario de Estado opera los presupuestos de acuerdo con estilos personales o con sus intereses ideológicos, de grupo o camarilla.

El Ejecutivo actúa sin sujeción a leyes y sin contrapeso. No hay poder constitucional en este país que haga que el Ejecutivo cumpla tal o cual mandato. Los presupuestos rurales crecen y sin embargo la producción, el empleo, el ingreso campesino y el bienestar de las comunidades rurales se deteriora cada vez más.

El tema de fondo es éste entonces. La política económica de México exige una nueva institucionalidad, que tiene que ver con acotar los poderes extraordinarios y anticonstitucionales o metaconstitucionales del Ejecutivo y darle más poder al Legislativo, a la sociedad rural y a las autoridades locales.

Y no estamos inventando nada. Estados Unidos y la Unión Europea tienen en su Farm Bill y Política Agrícola Común, respectivamente, un ejemplo de leyes de planeación agroalimentaria de carácter multianual.

Director de la ANEC
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Compromisos en suspenso

El Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003, establece que la política agroalimentaria tendrá como eje rector a la soberanía y la seguridad alimentarias, concebidas éstas como “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población”. (AB)